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Sábado, 24 Junio 2017

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¡Victoria del Estado de Derecho y la libertad económica!

Autor: Ernesto Selman

Fecha: 21 de diciembre, 2016 

El 15 de diciembre del año en curso, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dictó un fallo histórico que implicará importantes cambios en el desenvolvimiento económico, jurídico e institucional de la República Dominicana.  El fallo resuelve un conflicto entre el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y los “sindicatos” del transporte por su posición monopólica en la provisión de servicios de transporte de pasajeros intra-urbano y de cargas.   En este sentido, el TSA determinó que se han afectado los derechos a la libre empresa, libertad de tránsito, libertad de precios y el derecho al trabajo libre, por lo que el Tribunal estableció que el Estado dominicano estaba inobservando leyes que prohíben establecimientos de monopolios a favor de particulares.  Por esta razón, el fallo del TSA ordena a distintas instancias del Estado dominicano a cumplir y hacer cumplir una serie de leyes y regulaciones que otorgan un mayor grado de libertad económica en la República Dominicana.

 

¿Precedente institucional?

Lo primero que llama la atención del fallo es que desde el Poder Judicial se ordena al Poder Ejecutivo a cumplir y hacer cumplir las leyes, lo que denota debilidad institucional en el cumplimiento de las reglas de juego en la República Dominicana. Como garantes de la Constitución y la ley, el TSA ordenó:

 

  1. Al Ministerio de Trabajo a evitar monopolios de trabajadores de carga y descarga en los puertos, así como en operaciones de transportes de mercancías, haciendo cumplir el Artículo 4 de la ley 578-65;
  2. Al Ministerio de Industria y Comercio a vigilar el cumplimiento de las normas que garanticen la libre competencia, haciendo cumplir el Artículo 2, literal b), apartado d) de la ley 290-66 sobre este tema;
  3. A la Oficina Técnica Transporte Terrestre (OTTT) a adoptar las normas y medidas necesarias para la organización y  control del transporte, en base a la ley 489-89, para eliminar cualquier práctica anti-competitiva e impedir a cualquier entidad que intervenga o domine la concertación de precios del servicio de transporte de pasajeros;
  4. Al Ministerio de Turismo a cumplir con el Art 2 literal g) de la ley 541-69 para evitar prácticas anti-competitivas en el transporte de turistas con el propósito de velar por la libre competencia en la provisión de este servicio;
  5. Al Ministerio de Defensa a cumplir con su deber para asegurar a las personas físicas y morales al retiro, depósito y transporte terrestre de mercancías desde las aduanas y puertos  haciendo uso de vehículos de su propiedad resguardando la seguridad de la propiedad privada;
  6. Al Ministerio de Interior y Policía a supervisar a los agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de las personas y empresas en el transporte de pasajeros y transporte terrestre de cargas de mercancías haciendo uso de vehículos de su propiedad y/o particulares.

Por cada día sin ejecutar la sentencia que dictó el TSA, cada institución debe pagar RD$5,000, fondos que irían a la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Con este fallo, se hace evidente una mayor independencia del Poder Judicial en su toma de decisiones y revela un mayor nivel de profesionalismo de los jueces en los tribunales dominicanos; la Escuela Nacional de la Magistratura ha sido clave en este proceso.  La defensa de los derechos fundamentales de libertad de empresa y el Estado de Derecho del Tribunal Superior Administrativo da una señal positiva para un mejor desempeño económico y mayor fortaleza institucional en el futuro.  Con instituciones débiles, el reto sería la aplicación de los mandatos del TSA por parte de cada uno de los estamentos gubernamentales.

 

Monopolio vs competencia

Los sindicatos de transporte de la República Dominicana tienen una posición de poder dominante en los mercados que operan, sin permitir la entrada de otros participantes, a menos que sea con su consentimiento.  Como otros monopolios, los servicios que reciben los usuarios son de mala calidad y las tarifas muy altas cuando se compara con otros países.  Por ejemplo, el costo de transporte de carga en la República Dominicana es dos veces y media el costo promedio que se asume en Centroamérica.  El asunto repercute negativamente en el costo de vivir y hacer negocios en la República Dominicana.

La posición dominante de estos grupos choferiles se ha impuesto con prácticas coercitivas, violando derechos fundamentales de los usuarios de los servicios, muchas veces a punta de pistola (y uzzis).  El problema, entonces, es que estos grupos se conformaron como pandillas sin ley ni autoridad que limitara el poder que ostentan.  Hasta ahora, siguen imponiendo servicios de pésima calidad a costos exorbitantemente elevados a los usuarios.  Es por esta razón que es tan pertinente el fallo del TSA ordenando a las distintos estamentos del Estado a eliminar los privilegios de estos grupos y la aplicación de la ley.  

En términos económicos, el fallo del TSA tendrá importantes repercusiones en la estructura de costos internos de la República Dominicana.  El transporte terrestre y de pasajeros es un servicio que sólo se produce y consume internamente, por lo que monopolios internos que imponen altas tarifas por servicios mediocres afectan la estructura de costos interna. Esto se traduce a mayores precios de bienes y servicios en la economía local, comparado a otras economías.  Mientras se piensa que los empresarios son los más perjudicados por el mantenimiento de los monopolios en el transporte terrestre, quienes salen más perjudicados son los 10.5 millones de dominicanos que deben pagar altos precios por los bienes y servicios que consumen. 

Uno de los puntos que se resaltan de la sentencia del TSA es que impone la libertad de precios establecidos entre suplidores y compradores en los mercados.  En su sentencia, el Tribunal Superior Administrativo se asegura que ningún grupo de personas ni organización particular puede establecer precios en el mercado unilateralmente, como lo vienen haciendo los grupos choferiles que ostentan los monopolios de servicios de transporte de personas y mercancías. En última instancia, la competencia representa el mejor mecanismo de regulación de precios en una economía y esto es, precisamente, lo que busca promover la sentencia.

Es importante señalar que los monopolios sólo se sostienen en el tiempo por acción o inacción del Estado.  En el caso que nos ocupa, los monopolios que ostentan los “sindicatos” de servicios de transporte terrestre de personas y mercancías se han sostenido, como ha indicado el TSA, por la inobservancia de las leyes o inacción de los estamentos gubernamentales. También, en distintos países se sostienen monopolios por la propia constitución, leyes, regulaciones y órdenes ejecutivas (decretos).  Por ejemplo, los monopolios regionales que ostentan las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) están sustentados en leyes y regulaciones. 

 

Conclusión

El Tribunal Superior Administrativo ha dictado una sentencia histórica para el futuro dominicano porque ordena a aplicar leyes que garantizan derechos fundamentales como la libertad de contratación, la libre empresa, la libertad de circulación y la libertad de precios en la República Dominicana.  Más aún, el fallo del TSA crea un precedente importante cuando el Poder Judicial ordena al Poder Ejecutivo a asumir su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes.  De esta forma, la sentencia de TSA representa un hito importante para que el Estado de Derecho y la libertad económica florezcan en la República Dominicana.  Bajo una débil institucionalidad, el reto más importante será la aplicación de la sentencia y la implementación de las distintas medidas que debe adoptar cada ministerio.

Autores: 
Ernesto Selman
 
 

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