Menú principal

Martes, 21 Noviembre 2017

Follow us

¿Tenemos que esperar un ciclón para cambiar?

Fecha: 25 de octubre del 2017

Autor: Miguel Collado Di Franco

 

En la primera semana de septiembre, el huracán Irma se desplazó por el Caribe; hasta el momento, el ciclón más fuerte registrado en el Océano Atlántico. En menos de 10 días se formó María, otro huracán de categoría cinco que impactó las islas del Caribe.  Los efectos sobre las Antillas Menores fueron devastadores. De igual forma, las consecuencias para Puerto Rico del último de los dos fenómenos, fueron desastrosas.  

 

A más de un mes del impacto de María sobre Puerto Rico solo el 18% de la población cuenta con electricidad, ya que el 80% de las líneas de transmisión colapsó, al igual que plantas de generación. De igual forma, continúan los trabajos para reponer los servicios de agua potable, los de telefonía y la rehabilitación de hospitales. Esto es en lo que concierne a la infraestructura. Con relación al abastecimiento de alimentos y combustibles, la situación es precaria. Es necesario ir a varios supermercados para poder encontrar alimentos, y si se acaba el combustible para los generadores eléctricos, estos cierran. A otros negocios se les dificulta conseguir combustible si no les llegan los clientes, ya que no tienen flujo de caja para adquirirlo. Es un circulo vicioso para poder recuperar la economía. Al mismo se le añaden los escombros en las calles y los problemas en el funcionamiento del sistema de semáforos hacen difícil la movilidad dentro de la isla.

 

¿En República Dominicana, cuáles fueron los efectos? Aunque La Hispaniola no fue impactada con la severidad de las demás islas, se registraron daños considerables sobre viviendas, infraestructura pública y plantaciones agrícolas. Las autoridades han informado que el impacto de los huracanes Irma y María, junto al de las lluvias de abril pasado, han tenido un impacto de RD$50,000 millones[1]. Al añadir las destrucciones causadas por las lluvias de noviembre y diciembre de 2016, que tuvieron un estimado oficial de RD$20,000 millones[2],  el efecto acumulado en menos de un año ha sido de RD$70,000 millones. Dicho monto equivale a 1,500 millones de dólares ó 2% del PIB.

 

Gráfica No. 1

 

¿Qué hubiese ocurrido si el territorio dominicano hubiera sido impactado directamente por un huracán como Irma o María? Los daños que se agregan a las finanzas del gobierno dominicano en menos de un año deben ser una voz de alerta. Es decir, no es necesario ver el efecto dejado por Irma y María en las islas del Caribe. Basta con considerar que los daños por US$1,500 son una cantidad ínfima en comparación con el efecto que tendría el paso directo de un huracán similar a los recientes, o a otros que en ocasiones anteriores han tocado la parte oriental de la isla Hispaniola.

 

República Dominicana no cuenta con la asistencia de Estados Unidos, como Puerto Rico; o de Francia u Holanda como es el caso de, por ejemplo, San Martín. La capacidad de restablecer la infraestructura dominicana tendría que provenir de ahorros y préstamos. De ahorros de los hogares y de las empresas. El Estado dominicano, a quien le correspondería una parte importante de la recuperación de la infraestructura, en adición de los auxilios que tradicionalmente prestan instituciones del gobierno a los damnificados, tendría que incrementar el monto de la deuda pública para sufragar el costo de un eventual desastre natural[3].

 

Si el sector eléctrico sufre un colapso; si lo mismo sucede con la infraestructura vial y de telecomunicaciones, la economía tardaría en poder recuperarse. Esta situación se agravaría por el impacto directo a industrias específicas, como es el caso de la agropecuaria y del turismo. Ante un decrecimiento en la actividad económica, las recaudaciones tributarias, como es de suponerse, disminuirían. Este ambiente no sería propicio para el endeudamiento ya que el perfil de riesgo del país demandaría mayores retornos de quienes estuvieran dispuestos a prestarnos. En un escenario de ese tipo, es importante tener en cuenta el importante peso que ya tiene el servicio de la deuda, que para 2018 equivaldrá al 46% de los ingresos tributarios, y el pago de intereses, a casi 25%.

 

La colocación interna de bonos, produciría un crowding out, es decir, el desplazamiento de recursos del sector privado para cubrir los requerimientos de las finanzas públicas, que agravaría la recuperación de la economía.

 

Dentro del análisis, es necesario tener en cuenta que en República Dominicana no ha sido una práctica regular asegurar la infraestructura pública del país, y los seguros suelen limitarse a las obras que cuentan con financiamiento internacional específico. De igual forma, es necesario recordar que los seguros están gravados con un 16% de impuesto selectivo. Ese costo adicional los encarece aún más y contribuye al infraseguro e, incluso, a no asegurar activos de la economía. Esta práctica es más notable en los hogares y en las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que es previsible que el sector privado necesitaría importantes recursos, aún aquellos que tengan contratadas pólizas de seguros.

 

 

Instrumentos para calamidades públicas

 

La Ley Orgánica de Presupuesto, Ley 423-06, en su artículo 33 establece: “El Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos consignará anualmente una apropiación destinada a cubrir imprevistos generados por calamidades públicas que será equivalente al uno por ciento (1%) de los Ingresos Corrientes estimados del Gobierno Central.”

 

A pesar de que la Ley Orgánica de Presupuesto indica lo señalado en el párrafo anterior, las leyes de Presupuesto General del Estado, desde el año 2012 han incluido el mismo monto, RD$594.8 millones. Una cifra inferior al 1% establecido en el Artículo 33. Este 1% forma parte de los diferentes compromisos contenidos en legislaciones que asignan una alícuota del presupuesto para fines específicos o determinadas instituciones. Distintas leyes incluyen provisiones de gasto público específico o pre-fijado, las cuales suman alrededor de 28 compromisos de este tipo.

 

Para el año 2018, la apropiación debiera ser equivalente a  RD$6,012.4 millones. Sin embargo el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional incluye el mismo monto incluido en las diferentes legislaciones de los últimos seis años.

 

Gráfica No. 2

 

El monto de RD$594.8 millones que ha sido incluido en los presupuestos de los últimos cinco años, y en el proyecto de 2018, únicamente contempla RD$178.4 millones para gasto de capital o inversión.

 

El Artículo 33 de la Ley Orgánica de Presupuesto contiene un único párrafo que establece: “El Poder Ejecutivo presentará en el Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas, un anexo con el informe detallado sobre el uso de esta apropiación.” Sin embargo, tomando como ejemplo el año 2016, tampoco se cumple en lo que respecta a la rendición de cuentas. Aunque en 2016 hubo una declaratoria de emergencia nacional para las provincias Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte y Samaná, el Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas del pasado año únicamente incluye como ejecución RD$3.6 millones de los RD$594.8 millones presupuestados[4].

 

El otro instrumento que provee la legislación dominicana para contingencia en casos de calamidades es el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastre creado mediante la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos. Dicha legislación no estableció la forma como debía financiarse el fondo, el cual debe permitir al gobierno central contar con recursos de disponibilidad inmediata luego de la ocurrencia de un desastre. Sobre las finanzas del fondo no hay información disponible en línea. Un estudio realizado por el Banco Mundial en 2015 indica que la primera asignación presupuestaria del fondo fue realizada en 2014 por el monto de RD$1 millón y correspondió a una contrapartida a una donación recibida de parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo[5].

 

 

Propuestas de políticas públicas

 

Desde el CREES hemos señalado la importancia de realizar las reformas fiscales que necesita el país. Por un lado, el establecimiento de reglas fiscales con una Ley de Responsabilidad Fiscal. De igual forma, una reforma integral al Código Tributario de la República Dominicana, que simplificaría el sistema tributario y reduciría los incentivos que en la actualidad existen para la evasión fiscal. La promulgación de ambas legislaciones, y su posterior aplicación, permitirían ordenar las finanzas públicas por medio de un incremento en las recaudaciones y el control en el crecimiento de la deuda pública.

 

El proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal elaborado por CREES junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia, que desde el año 2013 se encuentra en el Congreso Nacional, incluye la creación de un Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal (FESF). La legislación es clara en identificar las fuentes de ingresos para nutrir al FESF. También en identificar los usos del mismo, entre los cuales se incluye la reducción de la deuda pública, la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, la construcción de infraestructura básica y la estabilidad de las finanzas públicas en momentos en que se presenten hechos o sucesos imprevistos, incluyendo la atención a situaciones de calamidad pública.

 

Ante las recientes amenazas de huracanes de la máxima intensidad posible, y las destrucciones generadas en otras naciones del Caribe, como es el caso de Puerto Rico, es preciso pensar seriamente el riesgo que corre República Dominicana y el impacto que podría tener una calamidad nacional sobre las deterioradas finanzas públicas. Es preciso contar con la manera de poder fortalecer la posición fiscal del país y contar con mecanismos financieros que puedan ser empleados a partir de ahorro previo. No esperemos un ciclón para enderezar el timón de las finanzas públicas.

 


[1] Ver Dominga Ramírez. (2017). Huracanes dejan daños al país por RD$50 mil millones. El Día.

[2]  Ver Pedro Castro. (2016). Lluvias dejan pérdidas por más de $20 mil millones. El nacional.

[3] Otras alternativas para el financiamiento de los desastres son las donaciones internacionales y las reasignaciones presupuestarias, pero ninguna de esas opciones sería suficiente o viable.

[4] Ver DIGECOG. (2016). Estado de Recaudación en Inversión de las Rentas. 2017. Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. 

 

Autores: 
Miguel Collado Di Franco
 
 

Menú principal

© CREES 2015, Todos los derechos reservados. Av. Sarasota # 18 Edificio Pedro Rodríguez Villacañas, 3er Piso. Santo Domingo, República DominicanaDentsu Dominicana