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Martes, 16 Enero 2018

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Balance económico del 2017: desaceleración del crecimiento con mayor endeudamiento

Autor: Miguel Collado Di Franco
Fecha: 14 de diciembre del 2017
 

Este artículo forma parte del documento de Participación Ciudadana El Balance del 2017

El 2017 termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, la continuación del incremento de la deuda pública, y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía por medio de mayores ingresos provenientes de empleos productivos formales.

 

La economía dominicana mostró evidentes signos de desaceleración de su ritmo de crecimiento, de acuerdo a las estimaciones oficiales sobre el producto interno bruto (PIB). La disminución del crecimiento refleja que los fundamentos de la economía requieren de reformas para que se produzca un incremento en la inversión y, en consecuencia, de la producción interna.

 

La deuda consolidada sobrepasa ya el 54% del PIB

El deterioro del clima institucional, unido a la baja productividad y a los altos costos internos que afectan a hogares y a empresas, son elementos que inciden de manera negativa sobre la economía. A estos elementos se une la incertidumbre en el orden jurídico y la creada por el manejo de las finanzas públicas. La deuda consolidada, que ya sobrepasa el 54% del PIB, considerando la  intergubernamental, presiona las finanzas públicas porque el pago de intereses se acerca al 25% de los ingresos tributarios, siendo el segundo renglón de gastos luego de educación y por encima de salud. El servicio de la deuda, es decir los intereses y la amortización de la misma, superará el 39% de los ingresos tributarios en 2017.

           

Malas perspectivas en evaluaciones internacionales

Las condiciones que inciden en el clima de negocios están reflejadas en el  reciente Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, y en el informe Doing Business 2018 del Banco Mundial. En el Índice de Competitividad Global, la República Dominicana perdió 12 posiciones respecto a las demás naciones incluidas en el estudio, pasando a ocupar el lugar 104 entre 137 países.

Dentro de los doce pilares que componen el Índice de Competitividad Global, la calidad de las instituciones es el indicador de peor puntuación para la República Dominicana. Con respecto a los factores identificados como más problemáticos para hacer negocios, la corrupción ocupó el primer lugar. La burocracia gubernamental ineficiente, las tasas de impuestos, fuerza de trabajo inadecuadamente educada, y crimen y robo, completan los primeros cinco factores percibidos como negativos para invertir en el país.

Con respecto al informe Doing Business 2018, la República Dominicana mejoró cuatro posiciones. Sin embargo, el reporte evidencia deterioro en siete de los diez indicadores que componen este instrumento que mide el clima de inversión en el mundo. Este resultado muestra que el país necesita avances en materia de mejoría de su ambiente de negocios para poder generar mayores oportunidades de ingresos para la ciudadanía y poder reducir la pobreza de forma sostenida en el tiempo.

           

Estímulo artificial del crédito

En sentido general, en este año no se apreciaron esfuerzos relevantes para incrementar la competitividad por medio de reformas que mejoren los fundamentos de la economía. La principal medida de política pública tendente a dinamizar la economía no ha sido dirigida a abordar temas de fundamentos, sino al estímulo artificial del crédito.

A finales de julio pasado, las autoridades monetarias emitieron una resolución para liberalizar alrededor de $20,423 millones del encaje legal para ser colocados a tasas de interés de 8% y 9%. Medidas de este tipo suelen tener como consecuencia el aumento del endeudamiento de los hogares, así como el inicio de proyectos de negocios que no serían rentables en ausencia de tasas de interés artificialmente bajas. Ambas consecuencias introducen riesgos y distorsiones dentro de la economía que deben ser ponderados y tenidos en cuenta por la sociedad.

Es preciso notar que, a pesar de estas disposiciones, los préstamos al sector privado mostraron una tasa de crecimiento hasta noviembre de solo 10.9%, la cual contrasta con el 14.5% en igual periodo de 2016 y el 16.8% de 2015, aún con tasas de interés mayores en esos dos años. Una evidencia de la menor actividad económica que ha caracterizado al año.

 

Pacto eléctrico a medias y el fiscal en el olvido

Con respecto a los pactos pendientes que están incluidos en la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, este año se logró un acuerdo para la culminación del Pacto Eléctrico. Sin embargo, a pesar de los tres años que tomaron las discusiones para el pacto, el documento final no contiene planteamientos profundos para cambiar la forma como hasta ahora han venido operando las empresas de distribución (las EDE). Sin cambios en ese segmento del sub-sector eléctrico que pierde el 33% de la energía distribuida, no es posible hablar de solución a un problema capital para los hogares y las empresas, así como para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Pacto Fiscal siguió siendo evadido por el gobierno, acumulando cinco años de incumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que lo dispone, incluyendo una Ley de Responsabilidad Fiscal, llamada a revertir la senda de insostenibilidad de las finanzas públicas. Con la promulgación de una legislación como el proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que se encuentra en el Congreso Nacional desde el 2013 sería posible crear un Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal para, entre otros destinos, ser empleado en caso de desastres naturales como los que impactaron al territorio dominicano en más de una ocasión durante este año. Estos fenómenos afectaron sensiblemente a viviendas, y a la infraestructura productiva y vial, entre otros efectos negativos sobre el stock de activos de los hogares, los emprendedores y el Estado dominicano.

 

La informalidad laboral alcanzó el 58.9 por ciento

Por último, preocupa el alto nivel de informalidad con que opera la economía dominicana, que este año registra un aceleramiento. De acuerdo a cifras oficiales, durante 2017 la informalidad laboral –una aproximación útil al nivel total de informalidad de la economía– llegó a situarse en 58.9% en el año. Dicha realidad indica que casi seis de cada diez dominicanos se encuentran ocupando empleos informales, un factor que, junto a los bajos ingresos generados por la poca competitividad de la economía, obstaculiza la movilidad socioeconómica de la ciudadanía, a la vez que dificulta la posibilidad de los trabajadores poder cotizar a la seguridad social para un retiro digno al final de sus vidas productivas.

Autores: 
Miguel Collado Di Franco
 
 

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