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Sábado, 29 Abril 2017

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Evolución y sostenibilidad de la deuda pública

Autor: CREES

Fecha: 22 de marzo del 2017.

Durante la década de los 90, el Estado Dominicano manejó sus finanzas dentro de una política fiscal prudente, si se lo compara con períodos anteriores. Como resultado, se limitaron los déficits fiscales y la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) [1] disminuyó en un 28% entre 1990 y el 2000. A partir del año 2000, la relativa prudencia fiscal de la década anterior fue abandonada y las finanzas públicas se se han deteriorado, principalmente por el aumento de gasto público.

En efecto, el gasto público ha crecido en dos veces y media el crecimiento de la economía en su conjunto. Ello ha implicado que se hayan asumido déficit fiscales año tras año del año 2000 a la fecha, sólo con excepción del ejercicio fiscal del 2007, cuando se presentó un superávit[2].  A esto se suma la crisis financiera local de 2003-2004 que, debido al rescate de depositantes y subsecuente emisión de certificados para recoger esa liquidez, generó la aparición del déficit cuasi-fiscal del Banco Central de la República Dominicana (BCRD); dado que no se aplicó por completo la recapitalización del ente emisor, esa deuda sigue creciendo.

Los constantes déficits se han reflejado en la deuda del SPNF y en la del BCRD. Entre el 2000 y el 2016, la deuda del SPNF se incrementó en 724.9% y la deuda consolidada, que es la suma de la del SPNF y el BCRD, en 735.5%. A diciembre de 2016, la deuda consolidada representó el 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) dominicano, equivalente a unos US$37,300 millones[3].  

Muchos economistas, calificadoras de riesgo y organismos internacionales, entre otros, utilizan la deuda pública como proporción del PIB para estimar la sostenibilidad fiscal de un país. No obstante, el PIB es una estadística, una estimación de la producción de una economía durante un período determinado. Es importante comprender esto, ya que, primero, las deudas no se repagan con estadística y, segundo, el Estado dominicano sólo recauda una proporción del PIB, la cual está muy influenciada por altos niveles de informalidad en la economía dominicana[4].

Para verificar la incidencia de la deuda en las finanzas públicas y la capacidad de un gobierno para servir su deuda en el presente y el futuro, es preferible utilizar indicadores que reflejen la capacidad de repago de la deuda. Esto puede realizarse, expresando el pago de intereses y la amortización de la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios del gobierno, ya que estos últimos son la principal fuente de recursos de un Estado para cumplir con sus gastos[5].

Debido a que generalmente la porción del capital en el servicio de la deuda puede refinanciarse (roll over), lo más importante es estimar el peso del pago de intereses como proporción de los ingresos tributarios; el pago de intereses tiene una incidencia directa en el gasto corriente.  El pago de intereses de la deuda del Gobierno Central como porcentaje de sus ingresos tributarios se ha incrementado sensiblemente desde el año 2000 a la fecha, como resultado del incremento de la deuda pública. Mientras el pago de intereses fue 6.1% de los ingresos tributarios en el 2000, el indicador se incrementó a un 21.2% en 2016 y, según proyecciones de CREES, alcanzaría un 23.9% en 2017. Estos son niveles relativamente altos.

Actualmente, el Gobierno Central representa la mayor parte de todo el sector público. Sin embargo, también debemos tener en cuenta el pago de intereses del (BCRD), ya que debe formar parte del análisis de la política fiscal, en general. Visto de manera individual, el pago de intereses del BCRD promedió el 11.6% de los ingresos tributarios del Gobierno Central entre el 2001 y el 2015. Al sumarse el pago de intereses del BCRD y del Gobierno Central, estos promediaron el 25.4% de los ingresos tributarios entre el 2001 y el 2016. Según estimaciones de CREES, el cociente llegaría a 35.6% de los ingreso tributarios del Gobierno Central para el 2017.

La evolución de la economía internacional pondrá mayor presión para el financiamiento de las economías emergentes en la medida que se incrementan los tipos de interés en Estados Unidos de América (EEUU), se aprecia el dólar y se esperan reformas importantes en el sector financiero y el sistema tributario que promoverán un mayor atractivo para dirigir capitales e inversiones a EEUU. Para revertir esta situación, las autoridades de economías emergentes deben adoptar políticas públicas que contribuyan a incrementar la disciplina financiera en el sector público consolidado y a reducir los déficits fiscales y el consecuente endeudamiento público que estos generan. 

Sería importante que países con tienen requerimiento bruto de deuda permanente en los mercados internacionales, como República Dominicana, puedan asumir reformas profundas en la actualidad; debe tomarse en cuenta que el costo político sería menor si se adoptan antes que después.  Para estos fines CREES y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentaron a la sociedad dominicana un Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que se introdujo en la Cámara de Diputados en octubre, 2013 por primera vez.

Debido a que CREES ha determinado que el mayor riesgo de la economía dominicana viene por la parte fiscal, la institución ha impulsado una reforma fiscal integral.  Junto a la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, una reforma seria del Código Tributario para simplificarlo, ampliar las bases y reducir las tasas completaría la mutual para una fiscalidad de acuerdo a los tiempos actuales.  El entorno internacional seguirá presionando a las economías emergentes para acceder al crédito y las inversiones.  En adición a la reforma fiscal integral que se plantea, es importante que en la República Dominicana se inicie la aplicación de un conjunto de reformas estructurales para blindar la economía de las amenazas externas y ponerla en condiciones de generar mas riquezas y empleos formales.

Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3

Gráfica 4

Gráfica 5

Gráfica 6

 

 


[1] El Sector Público No Financiero comprende a las instituciones del Gobierno Central, los Gobiernos Locales y las Empresas Pública No Financieras.

[2] En el 2015 se registra un superávit fiscal del Gobierno Central. Sin embargo, el mismo es resultado de los ingresos por donaciones resultantes de las operaciones de compra de la deuda del gobierno con Venezuela (PETROCARIBE).

[3] El cálculo incluye los bonos del Tesoro emitidos según la ley 167-07 de Recapitalización del BCRD, dado que la inclusión de esos activos en el balance general del BCRD no vino acompañada de la reducción de los pasivos no-monetarios del ente emisor.

[4] A 2015 el Gobierno Central tuvo ingresos totales (sin donaciones) equivalentes al 14.4% del PIB, según estadísticas del BCRD.

[5] Al tomar un préstamo o financiarse, es decir, endeudarse, los gobiernos, del mismo modo que los hogares y las empresas, genera dos nuevos gastos: 1) Pago de intereses, el cual corresponde las comisiones que deben pagarse al acreedor, según los términos del préstamo; y, 2) Amortización de la deuda o la devolución del capital prestado. La suma de ambos es lo que se conoce como el servicio de la deuda.

 

Autores: 
CREES
 
 

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