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Martes, 21 Noviembre 2017

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No pensemos en más parches

Autor: Ernesto Selman

Fecha: 26 de octubre 2017

Durante los últimos años distintos actores políticos y económicos en la sociedad dominicana se han debatido sobre medidas específicas para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), dado que las políticas públicas actuales las penalizan. En este sentido, algunas propuestas han surgido en torno a políticas laborales y tributarias diferenciadas para estimular el establecimiento y reducir los costos de operaciones de las MIPYMES.  Más específicamente, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) ha propuesto eliminar los anticipos del impuesto sobre la renta para esas empresas. Mientras a primera vista parecería una iniciativa loable, debemos analizar los procesos de mercado que pueden surgir a partir de este tipo de medidas.

 

En las ciencias sociales se consideran los incentivos como señales que condicionan el comportamiento humano para asumir un curso de acción u otro. Los sistemas de castigos y recompensas, que no son más que incentivos negativos y positivos, respectivamente, se utilizan para inducir cierto patrón de conducta de una persona, un grupo de personas o una sociedad en su conjunto. En política económica se utilizan los incentivos a través de subsidios, exención o exoneración de impuestos, penalidades y otras medidas para que las actividades humanas de invertir, producir, trabajar, ahorrar y consumir estén condicionadas para alcanzar un comportamiento deseado.

 

Pero, las políticas públicas tienen consecuencias secundarias que no se verifican al momento de asumirlas, sino que se hacen evidentes en la medida que se ponen en funcionamiento. Como han señalado distintos autores en la historia de la humanidad, en política y en economía hay cosas que se ven y otras que no se ven, las cuales sólo se hacen evidentes con el paso del tiempo. Por lo general, las cosas que no se ven son mas importantes que las que se ven. Esto aplica tanto al momento de tomar las medidas como los efectos secundarios que generan las políticas públicas en el tiempo que se van afianzando y permeando en la sociedad.

 

Damos por descontado que los propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas desearían crecer su negocio para alcanzar mayores niveles de prosperidad para ellos y sus familiares. En la medida que esas empresas se hacen exitosas, sus propietarios aportan a la sociedad en la creación de más y mejores puestos de trabajo; esto genera mayor creación de riquezas en una sociedad, debido a que más personas tendrían nuevos ingresos que antes no disfrutaban.  Si esas empresas prosperan es porque están sirviendo a consumidores que valoran los bienes y servicios que reciben de ellas, lo que implica que se está agregando valor en la sociedad.

 

Empresas como Microsoft y Apple, por mencionar dos muy conocidas, iniciaron como microempresas en garajes de casas de familia y luego se convirtieron en grandes empresas que emplean cientos de miles de personas en todo el mundo, agregando valor a los consumidores e incrementando la productividad en el globo terráqueo. La única razón por lo cual se debate asumir políticas públicas específicas a las MIPYMES en la República Dominicana es porque existen diversas distorsiones en el sistema económico que penaliza la creación de empresas en la formalidad y altos costos en la estructura de producción interna que penaliza a todos por igual. En economías con instituciones y políticas públicas conducentes a la inversión y con bajos costos de producción y transaccionales, existen incentivos naturales para iniciar nuevos negocios y al crecimiento de las empresas pequeñas y medianas.

 

Políticas públicas específicas a las MIPYMES representarían parches y no soluciones definitivas al distorsionado sistema económico dominicano.  En adición, políticas específicas a las MIPYMES generarían incentivos perversos en la economía, dado que muchos pequeños y medianos empresarios no buscarían crecer sus empresas para mantener los privilegios o beneficios diferenciados que se crearían. En lugar de crecer sus empresas, habrían incentivos de crear nuevas empresas de menor envergadura para disfrutar de regímenes preferenciales. Mas aún, las grandes empresas buscarían dividir sus empresas para crear varias empresas pequeñas y medianas para gozar del tratamiento diferenciado. Esto sería parte de las consecuencias secundarias no deseadas y de las cosas que no se ven en economía.

 

La solución al sistema económico dominicano como un todo sería simplificar las leyes y regulaciones que afectan a la inversión y creación de empresas, al tiempo que se asumen políticas públicas que reduzcan los costos transaccionales, operacionales y de producción en la economía. Existen múltiples factores que penalizan la inversión y la producción, como procesos burocráticos complejos y que toman tiempo, corrupción, falta de un régimen de consecuencias, altos costos de la energía eléctrica para industrias y comercios, un sistema tributario complejo con altas tasas, altos costos de los combustibles y altos costos del transporte de carga, para mencionar sólo algunos. Todos estos elementos están presentes por políticas públicas que están penalizando vivir y hacer negocios en la República Dominicana. Reducir las barreras a la inversión y reducir la estructura de costos para todos sería la solución. No pensemos en mas parches.  

Autores: 
Ernesto Selman
 
 

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