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Domingo, 10 Diciembre 2017

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Pactos e incertidumbre en la economía dominicana

Autor: Miguel Collado Di Franco

Fecha: 15 de noviembre del 2017

 

¿Qué sucede cuando las reglas de juego toman tiempo en definirse, cuando sus cambios no solucionan problemas de fundamentos o cuando agravan problemas ya existentes? Las consecuencias sobre el clima de negocios y las inversiones son diversas. Los proyectos de inversión no crecen al ritmo que lo harían en otras circunstancias, los inversionistas tienden a buscar retornos mayores en el menor tiempo posible, así como reglas particulares para beneficio de sus industrias o empresas.

 

Es decir, la incertidumbre crea incentivos para inversiones de menor calidad, para la búsqueda de rentas, y hasta puede crear las condiciones para que los inversionistas participen en el mismo juego político que deteriora las instituciones.

 

Existen diferentes reglas de juego que han dilatado en definirse en República Dominicana, afectando el clima general de inversiones. Las hay de diferente índole dentro de los ámbitos económico, político y jurídico. En concreto, nos referiremos a los cambios institucionales o de reglas que afectan al sub-sector eléctrico y al sistema impositivo del país.

 

Muy a pesar de los tres años que tomaron las discusiones del Pacto Eléctrico,  la implementación del acuerdo alcanzado no sería la solución a los problemas de fundamentos del sector. En el documento final no hay planteamientos profundos para cambiar la forma de operar de las empresas de distribución. Sin cambios en el segmento del sub-sector que pierde un tercio de la energía distribuida, no es posible hablar de una solución a un problema que debió haber encontrado una salida viable a partir de las reformas que se iniciaron al final de la década de los años 90.

 

Actores relacionados al poder político continuarán siendo los responsables de comprar, comercializar y cobrar la energía que llega a los consumidores finales. El esquema será el mismo del status-quo que por años ha prevalecido. Los administradores y los miembros de los consejos no tendrán que responder con su patrimonio cuando las empresas distribuidoras pierdan dinero. Sin embargo, serán los responsables de tomar las decisiones sobre proveedores, contratación de personal y subcontratación de servicios. Cuando las personas responsables de la administración de los recursos de la economía no tienen que responder con su patrimonio, sino que pueden traspasar el costo de sus acciones a los contribuyentes, no hay garantía de eficiencia. Es posible verificar ese resultado en sentido general, no solo en el sub-sector eléctrico dominicano.

 

Con el Pacto Eléctrico, los inversionistas confirmarán, de forma muy lamentable, la incertidumbre vinculada a invertir en un país que demora tres años para no avanzar en elementos de reglas de juego claves. Por ejemplo, la tarifa técnica, un elemento incluido en la Ley General de Electricidad del año 2001, no podrá ser implementada sino a partir del año 2023, de acuerdo al contenido del documento del Pacto Eléctrico. En consecuencia, la racionalización efectiva del precio de la electricidad y de los subsidios destinados al sub-sector demorará más años. Pasaron tres años de discusiones y se necesitarán cinco más. Es decir, por lo menos ocho años para que, si las distribuidoras llegan a cumplir los planes que deberán trazarse a partir de la firma del pacto, este elemento pueda ser implementado. 

 

Por otro lado, se encuentra el Pacto Fiscal; un acuerdo al que debió haberse llegado en 2015, conforme a lo que expresa la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que lo creó. Por decisión de las autoridades del gobierno dominicano, este pacto fue pospuesto para cuando estuviera finalizado el eléctrico. Las más recientes señales de las mismas autoridades indican que el cumplimiento de la Ley 01-12 será postergado hasta después del año 2020.  Es decir, que hasta entonces no se prevé un espacio para la implementación de las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de República Dominicana.

 

En el caso del Pacto Fiscal la incertidumbre adquiere un peso importante por varios motivos. El principal es que el sistema tributario continúa sufriendo modificaciones de manera casi continua, y los agentes no pueden anticipar las mismas. Estos cambios al sistema tributario no se producen sobre la base de una reforma concreta, por lo que pueden resultar de normas emitidas por la administración tributaria, así como pueden provenir de la Ley General de Presupuesto aprobada cada año. Mientras la incertidumbre continúa en el ambiente de negocios del país, en EEUU se anuncia una reforma que podría llevar la tasa corporativa de impuesto sobre la renta a 20%. Esperar a discusiones para luego del año 2020 sigue poniendo en desventaja a la República Dominicana en el entorno internacional.

 

A la par de realizar cambios tributarios, las autoridades expresan que por medio del control del gasto no se puede mejorar la posición de las finanzas públicas de República Dominicana. Mientras por un lado se encarece el costo de vivir y hacer negocios en República Dominicana, no se percibe la voluntad de reducir este incremento con el uso de la misma política fiscal. En consecuencia, aumenta el sacrificio que realizan los ciudadanos pagando impuestos, pero no se producen cambios en la estructura del gobierno para reducir la carga a los contribuyentes; y la consecuente reducción de la incertidumbre a la cual nos hemos referido.

 

¿Cómo puede percibirse un país que mantiene en el limbo una de las reformas que más peso tienen en una economía? Las señales, en sentido general, no son positivas para quien desee realizar inversiones de largo plazo en el país sin tener que acogerse a algún régimen de exenciones fiscales o solicitando alguna concesión especial.

 

Aunque citamos los casos del pacto eléctrico y del fiscal, el problema institucional de República Dominicana tienen un camino importante que recorrer. El tema de la incertidumbre también se refleja con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y la Orgánica del Régimen Electoral, que no encuentran definición. El desarrollo no se alcanza extrayendo recursos de los ciudadanos en la forma de rentas o impuestos, ni mucho menos endeudando al Estado en nombre de estos. El progreso material de la humanidad tiene sus bases en el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de las personas por medio de un Estado de Derecho estable, confiable y no corrupto. La competitividad tiene un nombre: reglas de juego claras y funcionales; no demoremos más.

Autores: 
Miguel Collado Di Franco
 
 

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