{"id":18375,"date":"2018-01-22T19:51:22","date_gmt":"2018-01-22T19:51:22","guid":{"rendered":"https:\/\/crees.org.do\/el-presupuesto-del-poder-judicial\/"},"modified":"2021-08-10T15:50:18","modified_gmt":"2021-08-10T15:50:18","slug":"el-presupuesto-del-poder-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crees.org.do\/?p=18375","title":{"rendered":"El presupuesto del Poder Judicial"},"content":{"rendered":"

Descargar estudio aqu\u00ed<\/a>.<\/span><\/span><\/h1>\n

 <\/p>\n

Fecha: 6 de octubre del 2016.<\/span><\/span><\/p>\n

1.\u00a0\u00a0 Introducci\u00f3n<\/strong><\/span><\/span><\/h1>\n

Contar con instituciones que protejan los derechos esenciales de los ciudadanos es una condici\u00f3n fundamental para el desarrollo socioecon\u00f3mico de un pa\u00eds. Las instituciones fuertes y cumplimiento de las reglas de juego por todos es esencial para un verdadero Estado de Derecho en cualquier sociedad. El Estado de Derecho es esencial, ya que crea una sociedad m\u00e1s justa basada en la igualdad ante la ley, cr\u00edtico para promover el desarrollo econ\u00f3mico.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Contener los actos de violencia y preservar la integridad de las personas son elementos fundamentales para mantener un orden social en el que los seres humanos puedan prosperar. Es decir, la preservaci\u00f3n de la vida es el primer pilar que cimenta el Estado de Derecho. En adici\u00f3n, el orden social precisa de la seguridad de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos como dos requisitos adicionales para la convivencia pac\u00edfica en sociedad.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Para poder contar con un Estado de Derecho que proteja los derechos esenciales de los ciudadanos, y mantenga el orden social necesario para la vida en sociedad, es preciso contar con un Poder Judicial que garantice un sistema de justicia que sea accesible, eficiente, imparcial e independiente.<\/span><\/span><\/p>\n

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En vista de que la independencia del Poder Judicial debe ser real y no un mero enunciado, el Poder Judicial debe contar con autonom\u00eda efectiva desde el punto de vista financiero. En consecuencia, en este estudio se analiza el presupuesto del Poder Judicial dominicano desde diferentes perspectivas. El an\u00e1lisis se nutre de las ponencias del foro \u201cEl Presupuesto del Poder Judicial\u201d, organizado por la Coalici\u00f3n Acci\u00f3n por la Justicia y la Seguridad.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Entre los temas abordados en este documento es importante se\u00f1alar: i) la normativa que rige la independencia presupuestaria del Poder Judicial y la elaboraci\u00f3n del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia; ii) el an\u00e1lisis hist\u00f3rico del presupuesto del Poder Judicial; iii) la necesidad de evaluar el desempe\u00f1o del Poder Judicial por medio de indicadores de eficiencia; iv) las necesidades actuales del Poder Judicial para cumplir con su plan estrat\u00e9gico; y, v) la necesidad de considerar la revisi\u00f3n de las leyes que consignan partidas presupuestarias.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

2.\u00a0\u00a0 Independencia Presupuestaria del Poder Judicial<\/strong><\/span><\/span><\/h1>\n

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La Constituci\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana establece que el pa\u00eds posee un gobierno civil, republicano, democr\u00e1tico y representativo, que se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Judicial. La misma Constituci\u00f3n establece la independencia de los tres poderes en el ejercicio de sus respectivas funciones.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

En el Art\u00edculo 149, la Constituci\u00f3n es espec\u00edfica en lo relativo a la independencia presupuestaria del Poder Judicial. En el P\u00e1rrafo I del Art\u00edculo 149, se establece que el \u201cPoder Judicial goza de autonom\u00eda funcional, administrativa y presupuestaria.\u201d Es decir, el Poder Judicial goza de la facultad de poder elaborar su presupuesto, as\u00ed como para administrar los recursos que recibe.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Entre los acuerdos que surgieron a partir del denominado \u201cPacto por la Democracia\u201d de 1994, se encontraban reformas al sistema electoral y al sistema de justicia. De ese proceso surge la Ley No. 46-97, promulgada el 18 de febrero de 1997, que busca reforzar la independencia financiera del Poder Judicial. Aunque la Constituci\u00f3n de 1994, vigente en ese momento, inclu\u00eda la autonom\u00eda administrativa y presupuestaria en su Art\u00edculo 63, esta ley fue promulgada como una forma de fortalecer dicha autonom\u00eda, como lo establece en su considerando primero.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Posteriormente, en 2004, se promulga la Ley 194-04 para establecer, entre otros temas, el monto presupuestario que debe ser asignado al Poder Judicial. Dicha ley establece que:<\/span><\/span><\/p>\n

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\u201cEl Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio P\u00fablico (Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica), ser\u00e1n por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos P\u00fablicos , y se distribuyen de la manera siguiente:<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

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Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponder\u00e1 a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponder\u00e1 al Ministerio P\u00fablico.\u201d<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

\n

De lo anterior se desprende que el porcentaje que la Ley 194-04 establece para el presupuesto destinado a la Suprema Corte de Justicia ser\u00e1 por lo menos el dos punto sesenta y seis por ciento (2.66%) de los ingresos internos de cada a\u00f1o. Para los fines de determinar el monto a ser destinado a la Suprema Corte de Justicia, este 2.66% es aplicado a los ingresos internos que integran el Fondo General; es decir, se excluyen aquellos fondos que tienen un destino espec\u00edfico.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/h1>\n

3.\u00a0\u00a0 El proceso del Presupuesto del Poder Judicial<\/strong><\/span><\/span><\/h1>\n

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El presupuesto del Poder Judicial se elabora a partir de la base legal que establecen la Constituci\u00f3n y la Ley 46-97, en lo que respecta a la autonom\u00eda, y la Ley 194-04, en lo relacionado con el monto que debe ser destinado al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

En adici\u00f3n a estas legislaciones, el proceso de la elaboraci\u00f3n del presupuesto est\u00e1 normado por otras leyes. La Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana del a\u00f1o 2010 cre\u00f3 el Consejo del Poder Judicial para que tuviera, entre otras funciones, la administraci\u00f3n financiera y presupuestaria del Poder Judicial. Posteriormente, la Ley No. 28-11 o Ley Org\u00e1nica del Consejo del Poder Judicial, estableci\u00f3 las atribuciones administrativas de dicho consejo. En su Art\u00edculo 8, esta legislaci\u00f3n establece que la primera funci\u00f3n del Poder Judicial debe ser:<\/span><\/span><\/p>\n

\n

\u201cElaborar y remitir al Poder Ejecutivo la propuesta del presupuesto anual del Poder Judicial, en base a las cargas fijas y programas presentados por sus distintas dependencias, conforme las normas legales y reglamentarias correspondientes, a fin de que sea incorporado en el Presupuesto General del Estado.\u201d<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

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En la Figura No. 1 se presenta el esquema del proceso de elaboraci\u00f3n del presupuesto.<\/span><\/span><\/p>\n

Una vez elaborado el presupuesto del Poder Judicial, el mismo debe ser incorporado al Anteproyecto del Presupuesto General del Estado para el a\u00f1o al que corresponda. As\u00ed lo establece la Ley 194-04 en su Art\u00edculo 6, el cual tambi\u00e9n indica que debe ser remitido al Congreso Nacional por la Direcci\u00f3n General de Presupuesto.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

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El mismo Art\u00edculo 6 de la Ley 194-04 indica la condici\u00f3n bajo la cual podr\u00eda ser modificado el porcentaje que debe ser destinado al presupuesto del Poder Judicial \u2013el 2.66% del Fondo General. Dicha asignaci\u00f3n solo puede ser modificada por el Poder Ejecutivo en el caso de que las estimaciones y situaci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds determinen una merma o disminuci\u00f3n de los ingresos. En la\u00a0Gr\u00e1fica No. 1\u00a0es posible apreciar que, desde la entrada en vigencia de la Ley 194-04 solo se ha producido una reducci\u00f3n en los ingresos del Fondo General en el a\u00f1o 2009. La reducci\u00f3n de ingresos de 2009 fue una consecuencia de la crisis financiera de 2008 que afect\u00f3 a la econom\u00eda mundial.<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 1<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5836″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”line-height: 1.5; height: 468px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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3.1. An\u00e1lisis hist\u00f3rico del presupuesto del Poder Judicial<\/strong><\/span><\/span><\/h2>\n

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En esta secci\u00f3n damos una mirada a la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica del presupuesto del Poder Judicial, luego de haber visto la base legal que establece la autonom\u00eda presupuestaria del Poder Judicial, tanto en lo relativo a su elaboraci\u00f3n como a su administraci\u00f3n, as\u00ed como la asignaci\u00f3n presupuestaria establecida por ley.<\/span><\/span><\/p>\n

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En la Gr\u00e1fica No.\u00a0 2se muestra el gasto ejecutado por el Poder Judicial desde 1990 hasta el a\u00f1o 2015. En t\u00e9rminos nominales, se ha incrementado sensiblemente en los \u00faltimos 25 a\u00f1os, al pasar de RD$31.1 millones a RD$5,222.2 millones, en t\u00e9rminos nominales.<\/span><\/span><\/p>\n

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En los \u00faltimos 25 a\u00f1os, hay dos per\u00edodos en los cuales hubo un incremento notable del gasto ejecutado por el Poder Judicial, ambos relacionados con las legislaciones destinadas a fortalecer la autonom\u00eda de este poder y a otorgar un presupuesto espec\u00edfico. Entre los a\u00f1os 1996 y 1998 se produjo un incremento notable en el presupuesto ejecutado por el Poder Judicial. Fue en torno a ese periodo de tiempo en que se produjeron reformas importantes en dicho poder del Estado, entre ellas en la composici\u00f3n de la Suprema Corte de Justicia y la promulgaci\u00f3n de la misma Ley 46-97; a ra\u00edz de estos hechos, el gasto creci\u00f3 103.6% en el a\u00f1o 1997. Entre 1995 y 1998, el presupuesto del Poder Judicial creci\u00f3 388%. A\u00fan teniendo en cuenta la inflaci\u00f3n, el crecimiento fue de 301%.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

El otro momento en el cual aument\u00f3 el gasto ejecutado por la Suprema Corte de Justicia fue en los a\u00f1os 2005 y 2006, justo cuando inicia la implementaci\u00f3n de la Ley 194-04, promulgada en 2004. Entre 2004 y 2006 el gasto se duplic\u00f3 al crecer 107%.<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 2<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5846″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”line-height: 1.5; height: 462px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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En t\u00e9rminos reales se observa la misma tendencia al crecimiento del gasto nominal ejecutado por el Poder Judicial, con excepci\u00f3n de los a\u00f1os 2002 y 2003, y 2010 y 2011.<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 3<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5845″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 483px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

<\/h3>\n

3.1.1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Participaci\u00f3n del gasto del Poder Judicial dentro del gasto ejecutado por el Gobierno Central<\/strong><\/span><\/span><\/h3>\n

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\u00bfCu\u00e1l es la participaci\u00f3n del gasto ejecutado por el Poder Judicial en el gasto ejecutado por el Gobierno Central? En promedio, desde el a\u00f1o 1990 hasta el 2015, el gasto ejecutado por el Poder Judicial ha representado el 1.06% de lo ejecutado por el Gobierno Central. Desde el 1997 la participaci\u00f3n en el gasto del Gobierno Central del Poder Judicial se incrementa, alcanzando un pico en el a\u00f1o 2006 y descendiendo desde entonces, tal como se verifica en la\u00a0Gr\u00e1fica No. 4.<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 4<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5844″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 470px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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Lo que indica este comportamiento es que el presupuesto destinado al Poder Judicial ha ido disminuyendo dentro del total del gasto del Gobierno Central. Desde el a\u00f1o 2006 a 2015, el gasto total del Gobierno Central se increment\u00f3 en 158%, casi 2.6 veces, mientras el gasto ejecutado por la Suprema Corte creci\u00f3 en 66%. La pol\u00edtica p\u00fablica, reflejada a trav\u00e9s del presupuesto, ha mostrado que no ha sido una prioridad el incremento de las asignaciones al Poder Judicial para fomentar el fortalecimiento de la justicia y su independencia en el pa\u00eds.<\/span><\/span><\/p>\n

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3.2. Cumplimiento de la Ley 194-04<\/strong><\/span><\/span><\/h2>\n

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El mandato de la Ley 194-04 de asignar un 2.66% de los ingresos internos (del Fondo General) a la Suprema Corte de Justicia no ha sido cumplido, por lo que el Poder Judicial no ha administrado un presupuesto de acuerdo a lo establecido por ley. En la\u00a0Gr\u00e1fica No. 5\u00a0se aprecia el comportamiento del presupuesto que ha recibido la Suprema Corte de Justicia en comparaci\u00f3n con lo que establece la Ley 194-04. En promedio, desde el 2004 a 2016, al Poder Judicial s\u00f3lo se le ha asignado el 58.7% del presupuesto de gastos que le corresponde.<\/span><\/span><\/p>\n

Gr\u00e1fica No.\u00a0 5<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5843″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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En la\u00a0Gr\u00e1fica No. 6\u00a0es posible apreciar la diferencia entre el 2.66% determinado por la Ley 194-04 y el porcentaje del Fondo General que ha sido asignado desde 2005, a\u00f1o en que inici\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n. En el a\u00f1o 2006 fue cuando la asignaci\u00f3n presupuestaria se acerc\u00f3 m\u00e1s al porcentaje establecido por ley. Desde entonces, el porcentaje asignado ha ido disminuyendo. Los \u00a0\u00faltimos cinco a\u00f1os, es decir desde 2012 a 2016, presentan la menor proporci\u00f3n del Fondo General para el Poder Judicial.<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 6<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5842″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 434px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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Los datos indican que la asignaci\u00f3n presupuestaria a la Suprema Corte de Justicia ha estado lejos del monto del 2.66%, sobre todo en a\u00f1os recientes. En la Gr\u00e1fica No. 7 se observa que en 2015, por ejemplo, la solicitud de fondos hecha por el Consejo del Poder Judicial ascendi\u00f3 a RD$10,178.6 millones, mientras que la asignaci\u00f3n incluida en la ley de Presupuesto General del Estado fue de RD$5,222.2 millones, solo un 51.3% del total.<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 7<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5847″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 467px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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En resumen, es evidente que el porcentaje asignado al Poder Judicial no ha sido el que indica la legislaci\u00f3n; al igual que se ha podido comprobar que la asignaci\u00f3n incluida en el Presupuesto General del Estado ha sido inferior a la solicitada por el Consejo del Poder Judicial. Es necesario verificar si el Consejo del Poder Judicial ha sometido presupuestos que requieran asignaciones similares a la establecida por ley, o si ha elaborado presupuestos con requerimientos menores al 2.66%.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Desde la aplicaci\u00f3n de la Ley 194-04, el porcentaje solicitado para el presupuesto del Poder Judicial ha sido menor al 2.66%, con excepci\u00f3n de los a\u00f1os 2007, 2008 y 2009. A partir de ese \u00faltimo a\u00f1o, el presupuesto solicitado como porcentaje de los ingresos presenta una tendencia a disminuir. Como se puede observar en la\u00a0Gr\u00e1fica No. 8, es a partir del a\u00f1o 2013 cuando aumentan los montos solicitados como porcentaje del Fondo General.<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 8<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5848″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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A partir de la anterior situaci\u00f3n es preciso preguntarse si el 2.66% puede representar una cantidad de recursos superior a la que necesita el Poder Judicial en determinados a\u00f1os. En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con un plan estrat\u00e9gico que incluye las necesidades de recursos. El plan no proporciona detalles sobre recursos necesarios, ya que no presenta al p\u00fablico las proyecciones de necesidades de infraestructura, equipos y contrataciones. Los requerimientos para poder ir cumpliendo con los objetivos del plan son incluidos anualmente en el plan operativo anual (POA). En una secci\u00f3n posterior son presentadas necesidades financieras que han sido dadas a conocer por el Poder Judicial, y el monto del presupuesto para 2017.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

4.\u00a0\u00a0 \u00bfC\u00f3mo se distribuye el gasto del Poder Judicial?<\/strong><\/span><\/span><\/h1>\n

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La mayor parte del presupuesto del Poder Judicial es consumido por el gasto corriente, como es de esperarse en cualquier parte del planeta. \u00danicamente el 3.9% del presupuesto de 2015 fue destinado a gasto de capital, y solo el 1.1% fue invertido en edificaciones. El 85.3% del gasto de 2015 fue destinado a gasto de consumo: remuneraciones a empleados (69.4%) y compra de bienes y servicios (15.9%). Esas cifras son consistente con los resultados de a\u00f1os anteriores, como se aprecia en la\u00a0Tabla No. 1.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Tabla No. 1<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5849″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”line-height: 1.5; height: 279px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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Gr\u00e1fica No.\u00a0 9<\/span><\/span><\/p>\n

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5850″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 483px; width: 657px;”}}]]<\/span><\/span><\/p>\n

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5.\u00a0\u00a0 Necesidades Financieras del Poder Judicial<\/strong><\/span><\/span><\/h1>\n

\n

El Poder Judicial posee un plan estrat\u00e9gico que abarca el quinquenio 2015-2019. El contenido del plan estrat\u00e9gico indica que el mismo fue desarrollado manteniendo una estructura l\u00f3gica y coherencia interna. Los objetivos estrat\u00e9gicos del plan, as\u00ed como sus objetivos espec\u00edficos, est\u00e1n basados en un diagn\u00f3stico institucional que identific\u00f3 los factores que deben ser asumidos o reformados para mejorar el servicio de la justicia. Esos objetivos est\u00e1n acompa\u00f1ados de l\u00edneas de acci\u00f3n, que indican el conjunto de acciones que deber\u00e1 realizar el Poder Judicial para poder concretar los objetivos.<\/span><\/span><\/p>\n

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En sentido general, el plan estrat\u00e9gico del Poder Judicial dominicano presenta una metodolog\u00eda que identifica claramente las necesidades del sistema judicial, lo que representa un buen insumo para la posterior elaboraci\u00f3n de presupuestos anuales que reflejen los requerimientos para cumplir con los objetivos estrat\u00e9gicos. A partir del plan estrat\u00e9gico del Poder Judicial, y como forma de hacer operativo dicho plan cada a\u00f1o, es elaborado un plan operativo anual (POA). Cada uno de los POA debe, consecuentemente, servir de base para el presupuesto de cada a\u00f1o.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

De acuerdo al Consejo del Poder Judicial, a junio de 2016 no hab\u00eda podido ser cumplido el 43% de los proyectos contemplados en el POA del a\u00f1o[1]<\/a>. Esto indica, por lo menos para 2016, que los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia pudieron ser mayores, de acuerdo al plan estrat\u00e9gico.<\/span><\/span><\/p>\n

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Los proyectos incluidos en el POA de 2016 son los siguientes:<\/span><\/span><\/p>\n

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1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Continuaci\u00f3n de la Modernizaci\u00f3n de la Jurisdicci\u00f3n Inmobiliaria<\/span><\/span><\/p>\n

2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Expansi\u00f3n del Modelo de Gesti\u00f3n del Despacho Judicial Penal a la totalidad de los distritos judiciales del pa\u00eds<\/span><\/span><\/p>\n

3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Instalaci\u00f3n de nuevos Centros de Informaci\u00f3n y Orientaci\u00f3n Ciudadana (CIOC) en los Palacios de Justicia<\/span><\/span><\/p>\n

4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Puesta en funcionamiento de nuevos Centros de Mediaci\u00f3n Familiar<\/span><\/span><\/p>\n

5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Implementaci\u00f3n\u00a0 de Centros de Entrevistas a personas en condiciones de vulnerabilidad, v\u00edctimas o testigos de delitos (c\u00e1maras de Gessell)<\/span><\/span><\/p>\n

6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Actualizaci\u00f3n de la infraestructura tecnol\u00f3gica y automatizaci\u00f3n de los procesos y servicios judiciales<\/span><\/span><\/p>\n

7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Expansi\u00f3n del Sistema de Captura de Audio de las audiencias en los tribunales<\/span><\/span><\/p>\n

8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fortalecimiento y automatizaci\u00f3n del Tribunal Superior Administrativo<\/span><\/span><\/p>\n

9.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Planes de Descongesti\u00f3n y eficiencia de los tribunales<\/span><\/span><\/p>\n

10.\u00a0 Inventario Nacional de Expedientes Pendientes<\/span><\/span><\/p>\n

11.\u00a0 Digitalizaci\u00f3n de Expedientes de la Secretar\u00eda General de la Suprema Corte de Justicia<\/span><\/span><\/p>\n

12.\u00a0 Dise\u00f1o e implementaci\u00f3n del sistema de casillero judicial para las notificaciones y citaciones judiciales<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Estos proyectos y programas, cr\u00edticos para el fortalecimiento del sistema de justicia, lamentablemente quedar\u00edan pendientes para el futuro. De igual forma, quedar\u00eda pendiente la construcci\u00f3n, adecuaci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n de 22 tribunales y\/o palacios de justicia en diferentes departamentos judiciales del pa\u00eds. En adici\u00f3n a esas necesidades para mejorar las edificaciones, el Poder Judicial requiere el nombramiento de 153 jueces y 276 servidores de apoyo a los tribunales, en adici\u00f3n a la designaci\u00f3n de 117 Jueces de Paz.<\/span><\/span><\/p>\n

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Con el fin de atender las necesidades pendientes, para 2017 el Poder Judicial debi\u00f3 solicitar unos RD$14,329.06 millones[2]<\/a>. Este monto representa un incremento de 155.6% sobre el presupuesto de 2016.<\/span><\/span><\/p>\n

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