[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”5871″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 481px; width: 657px;”}}]]<\/p>\n
El gasto del Poder Judicial se ha incrementado significativamente, tanto en t\u00e9rminos nominales como en reales. Este incremento inicia luego de 1996 cuando, por medio de una serie de reformas estructurales, se dot\u00f3 al mismo de mayor autonom\u00eda presupuestaria y administrativa. En concreto, entre el 2000 y el 2016, el gasto del Poder Judicial se increment\u00f3 en 735.7% en t\u00e9rminos nominales, mientras que en t\u00e9rminos reales creci\u00f3 un 122.4%. Seg\u00fan la Ley 194-04 (2004), al Poder Judicial debe asign\u00e1rsele, al menos, el 2.665% de los ingresos internos, incluy\u00e9ndose los ingresos adicionales y los recargos que se aprueben para el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos P\u00fablicos. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la ley, nunca se le ha asignado dicho porcentaje. En promedio, desde el 2004 a 2016, al Poder Judicial s\u00f3lo ha recibido el 58.7% del presupuesto de gastos que le corresponde por ley. <\/span><\/span><\/p>\n