Autor: Miguel Collado Di Franco<\/p>\n
Fecha: 2 de diciembre del 2021<\/p>\n
La democracia es entendida como la expresi\u00f3n popular a trav\u00e9s de las urnas. La conclusi\u00f3n a la que se ha llegado es que un gobierno elegido de forma democr\u00e1tica ejecutar\u00e1 el mandato recibido del pueblo. Se asume, en consecuencia, que las decisiones emanadas de un gobierno democr\u00e1tico promueven el inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
Los resultados de las pol\u00edticas p\u00fablicas suelen ser distintos a los deseos de los votantes. Los programas de gobierno no se desarrollan como se prometen, o los objetivos no son evaluados de ante mano; o en los casos de realizarse evaluaciones, los resultados no son contrastados con estas.<\/p>\n
Con el fin de que los gobernantes ejerzan la menor cantidad de fallos en el cumplimiento de sus mandatos, y para que la sociedad civil pueda monitorear el cumplimiento de las acciones p\u00fablicas, es necesario establecer normas de evaluaci\u00f3n, ex ante y ex post, de pol\u00edticas p\u00fablicas, de programas y de proyectos.<\/p>\n
Mientras menos recursos tienen los ciudadanos de un pa\u00eds, es m\u00e1s costoso financiar la administraci\u00f3n p\u00fablica. El costo de oportunidad de los recursos de los habitantes de una econom\u00eda en v\u00edas de desarrollo es alto. En consecuencia, el sacrificio individual amerita que se eval\u00fae con mucho cuidado el destino que reciben sus recursos.<\/p>\n
El an\u00e1lisis costo-beneficio permite la evaluaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas y proyectos en el sentido m\u00e1s amplio. Cuando existe un buen sistema que eval\u00fae los costos, los riesgos y los posibles beneficios relacionados con el gasto p\u00fablico, los impuestos, las modificaciones en las regulaciones, y los cambios en el uso y destino de los activos p\u00fablicos; es m\u00e1s f\u00e1cil acercarse al objetivo de optimizar el valor de las acciones de un gobierno.<\/p>\n
En adici\u00f3n, un sistema de evaluaci\u00f3n de la gesti\u00f3n p\u00fablica fundamentado en el an\u00e1lisis costo-beneficio puede ayudar en la transparencia de las acciones p\u00fablicas. Una gesti\u00f3n p\u00fablica basada en evaluaciones hace que el proceso de toma de decisiones deba ser transparentado, “exigiendo que quienes toman las decisiones den a conocer sus datos, sus supuestos y expectativas, y que los an\u00e1lisis sean sometidos al escrutinio y cr\u00edtica de expertos.”[1]<\/a><\/p>\n Desde el CREES hemos manifestado la importancia de que el Congreso Nacional cuente con una Oficina Congresual de Presupuesto y An\u00e1lisis Econ\u00f3micos (OCPAE) con la finalidad de analizar los presupuestos p\u00fablicos y su ejecuci\u00f3n, as\u00ed como evaluar los proyectos de ley y rendir informes sobre su impacto en base a an\u00e1lisis socioecon\u00f3micos[2]<\/a>. Entendemos que el Congreso, como \u00f3rgano de contrapeso del Ejecutivo, debe fortalecer sus competencias t\u00e9cnicas para evaluar el desempe\u00f1o de la ejecuci\u00f3n p\u00fablica. De igual forma, debe poder rendir informes que sustenten, en base a an\u00e1lisis que contemplen riesgos, costos y beneficios, las bases que fundamentan sus decisiones legislativas.<\/p>\n En adici\u00f3n, sugerimos que dentro de la administraci\u00f3n p\u00fablica exista un ente que sirva de soporte t\u00e9cnico para la implementaci\u00f3n de un sistema de evaluaci\u00f3n de pol\u00edticas, programas y proyectos. El objetivo es institucionalizar la evaluaci\u00f3n, para que sea una pr\u00e1ctica continua: previa al dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas, programas y proyectos; y en la fase de implementaci\u00f3n para medir resultados.<\/p>\n La institucionalizaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n p\u00fablica es una decisi\u00f3n que requiere voluntad pol\u00edtica. La decisi\u00f3n de la institucionalizaci\u00f3n puede recorrer diferentes caminos y tener distintas bases legales.<\/p>\n En Costa Rica, por ejemplo, la constituci\u00f3n establece la evaluaci\u00f3n del uso de los fondos p\u00fablicos dentro del art\u00edculo 11 de esta. En Estados Unidos, la institucionalizaci\u00f3n del an\u00e1lisis costo-beneficio en materia regulatoria inici\u00f3 con la Orden Ejecutiva 12291 en el a\u00f1o 1981. Otras \u00f3rdenes ejecutivas han modificado la original, manteniendo la institucionalizaci\u00f3n. En el caso de Chile, el Ministerio de Hacienda, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Presupuestos (Dipres), realiza las evaluaciones de los resultados de los programas gubernamentales, y tambi\u00e9n realiza evaluaciones ex ante de determinados programas. Junto a ese ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio Secretar\u00eda General de la Presidencia tambi\u00e9n realizan evaluaciones ex ante[3]<\/a>.<\/p>\n El caso de la Dipres de Chile ha sido estudiado internacionalmente por la forma como esta instituci\u00f3n ha estructurado el sistema de evaluaciones. Dipres no se limita a la implementaci\u00f3n de presupuestos por resultados, como ha sido la norma en muchos pa\u00edses, incluyendo Rep\u00fablica Dominicana. Las evaluaciones realizadas por Dipres son p\u00fablicas y son realizadas por profesionales independientes, contratados mediante concursos p\u00fablicos.<\/p>\n En Rep\u00fablica Dominicana, la institucionalizaci\u00f3n de las evaluaciones podr\u00eda empezar por la Direcci\u00f3n General de Presupuesto (DIGEPRES). Esta instituci\u00f3n podr\u00eda realizar evaluaciones de los programas ex ante y ex post. Para las evaluaciones ex post deber\u00eda institucionalizarse el sistema de licitaciones para contratar evaluadores independientes. De esta forma, se separar\u00edan a los equipos evaluadores.<\/p>\n De igual forma, las evaluaciones de los proyectos de inversi\u00f3n deber\u00edan ser realizados por personal del Ministerio de Econom\u00eda, Planificaci\u00f3n y Desarrollo. Una funci\u00f3n adicional ser\u00eda realizar las evaluaciones costo-beneficio de las regulaciones implementadas por los dem\u00e1s ministerios y direcciones generales, antes de ser implementadas. Porque es que las pol\u00edticas p\u00fablicas necesitan ser evaluadas. Existen normas y regulaciones que dificultan realizar negocios o encarecen, en sentido general, la vida en sociedad.<\/p>\n En adici\u00f3n a la evaluaci\u00f3n de programas, DIGEPRES deber\u00eda encargarse de realizar las evaluaciones ex post de los proyectos de inversi\u00f3n y de las regulaciones. Estas evaluaciones tambi\u00e9n deber\u00edan ser realizadas por evaluadores externos, contratados por concursos.<\/p>\n El gasto p\u00fablico sin evaluaci\u00f3n no proporciona indicios de su calidad; es decir, de su efectividad. Tampoco proporciona garant\u00edas de que es eficiente. Es necesario, en consecuencia, la institucionalizaci\u00f3n, en toda la administraci\u00f3n p\u00fablica dominicana, de un sistema de evaluaci\u00f3n del gasto p\u00fablico. As\u00ed como es necesario que se eval\u00faen las pol\u00edticas p\u00fablicas y sus consecuencias sobre el desarrollo econ\u00f3mico.<\/p>\n [1]<\/a> A. Livermore, M. (2010). An\u00e1lisis costo-beneficio de las pol\u00edticas medioambientales en pa\u00edses en desarrollo. Estudios P\u00fablicos<\/em>, 117<\/em>. https:\/\/doi.org\/10.38178\/cep.vi117.409<\/p>\n