{"id":30258,"date":"2026-09-10T18:43:52","date_gmt":"2026-09-10T18:43:52","guid":{"rendered":"https:\/\/crees.org.do\/?p=30258"},"modified":"2026-09-10T18:43:52","modified_gmt":"2026-09-10T18:43:52","slug":"tamano-y-costo-de-los-congresos-en-america-latina-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crees.org.do\/?p=30258","title":{"rendered":"Tama\u00f1o y costo de los congresos en Am\u00e9rica Latina, 2026"},"content":{"rendered":"
Autor: Daniel De Lemos<\/p>\n
Fecha: 10 de septiembre de 2026<\/p>\n
Tama\u00f1o y costo de los congresos en Am\u00e9rica Latina, 2026<\/h2>\n
El Poder Legislativo deber\u00eda cumplir un papel fundamental dentro de un sistema democr\u00e1tico: representar a los ciudadanos, crear y modificar las leyes y servir de contrapeso a los dem\u00e1s poderes del Estado. Para desempe\u00f1ar estas funciones requiere recursos que, al igual que el resto del gasto p\u00fablico, provienen de los ciudadanos y tienen un costo de oportunidad.<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, evaluar un congreso no solo implica considerar las funciones que desempe\u00f1a, sino tambi\u00e9n los recursos utilizados para llevarlas a cabo. Una mayor cantidad de legisladores o un mayor presupuesto no se traducen necesariamente en una mejor representaci\u00f3n ni en una legislaci\u00f3n de mayor calidad. Lo relevante es que los recursos p\u00fablicos empleados respondan a las funciones propias del Poder Legislativo, teniendo en cuenta que provienen de los contribuyentes y que destinarlos a este fin implica renunciar a otros usos posibles.<\/p>\n
Este an\u00e1lisis compara el tama\u00f1o y el costo de los poderes legislativos de 17 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. Para ello, se examina la cantidad de legisladores, su relaci\u00f3n con la poblaci\u00f3n, el gasto de los congresos y su peso tanto por habitante como dentro del gasto p\u00fablico, con especial atenci\u00f3n al caso de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Las estructuras legislativas var\u00edan entre los pa\u00edses de la regi\u00f3n: algunos cuentan con congresos unicamerales y otros con sistemas bicamerales. Para facilitar la comparaci\u00f3n, se considera la cantidad total de legisladores de ambas c\u00e1maras.<\/p>\n
Representaci\u00f3n e incentivos<\/strong><\/h3>\n
La existencia de representantes electos parte de la idea de que estos actuar\u00e1n en nombre de los ciudadanos que los eligen. Sin embargo, como advierte la teor\u00eda de la elecci\u00f3n p\u00fablica (public choice), <\/em>quienes participan en la pol\u00edtica tambi\u00e9n act\u00faan en funci\u00f3n de sus propios objetivos y bajo incentivos, entendidos como los beneficios, costos, oportunidades y restricciones que enfrentan al tomar decisiones. La elecci\u00f3n de un legislador, por s\u00ed sola, no implica que sus intereses coincidan en todo momento con los de sus representados.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n puede entenderse mediante la teor\u00eda del principal-agente. Los ciudadanos act\u00faan como principales al delegar determinadas funciones en sus representantes, quienes se convierten en sus agentes. Sin embargo, los ciudadanos enfrentan dificultades para conocer y supervisar todas las decisiones de sus legisladores, mientras estos disponen de mayor informaci\u00f3n sobre sus propias acciones y pueden enfrentar incentivos pol\u00edticos, partidarios o personales distintos a los intereses de sus representados.<\/p>\n
A esto se suma el problema de la acci\u00f3n colectiva, desarrollado por Mancur Olson. Los beneficios de determinadas decisiones p\u00fablicas pueden concentrarse en grupos relativamente peque\u00f1os, como grupos de inter\u00e9s o de presi\u00f3n, cuyos miembros tienen fuertes incentivos para organizarse y promover decisiones que los favorezcan. En cambio, cuando los costos de esas decisiones se distribuyen entre millones de contribuyentes, el costo que recae sobre cada individuo puede ser relativamente peque\u00f1o. Esto reduce sus incentivos para informarse, organizarse y dedicar tiempo y recursos a oponerse, aun cuando el costo agregado para el conjunto de los contribuyentes pueda ser considerable.<\/p>\n
Estos problemas adquieren especial relevancia en el ejercicio de la funci\u00f3n legislativa, mediante la cual los representantes participan en la creaci\u00f3n de normas y en decisiones que afectan los derechos y recursos de los ciudadanos. Por ello, resultan importantes los mecanismos institucionales que contribuyan a alinear los intereses de los legisladores con los de sus representados y limiten el oportunismo pol\u00edtico. La transparencia, la rendici\u00f3n de cuentas, los controles institucionales y reglas claras sobre sus funciones y el uso de los recursos p\u00fablicos facilitan la supervisi\u00f3n de los legisladores y dificultan que el cargo sea utilizado para favorecer intereses particulares. Desde esta perspectiva, la calidad de la representaci\u00f3n no depende \u00fanicamente de la cantidad de legisladores o de los recursos disponibles, sino tambi\u00e9n de las reglas e instituciones bajo las cuales estos ejercen sus funciones.<\/p>\n
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El tama\u00f1o de los poderes legislativos var\u00eda considerablemente entre los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. M\u00e9xico posee el mayor n\u00famero de legisladores, con 628, seguido por Brasil, con 594, y Argentina, con 329. En el extremo contrario se encuentra Costa Rica, cuyo Poder Legislativo est\u00e1 compuesto por 57 representantes.<\/p>\n
Rep\u00fablica Dominicana ocupa la quinta posici\u00f3n entre los 17 pa\u00edses analizados, con 222 legisladores: 32 senadores y 190 diputados. Esta cantidad supera en 11 legisladores el promedio regional, situado en 211.<\/p>\n
Estas cifras, sin embargo, no deben interpretarse de manera aislada. Pa\u00edses con poblaciones considerablemente mayores pudieran intentar representar a un mayor n\u00famero de ciudadanos y territorios, por lo que la cantidad absoluta de legisladores ofrece solo una primera aproximaci\u00f3n al tama\u00f1o de los congresos. Para evaluar mejor las diferencias entre pa\u00edses es necesario considerar posteriormente el n\u00famero de representantes en relaci\u00f3n con su poblaci\u00f3n.<\/p>\n
El tama\u00f1o de los congresos no es necesariamente constante. En 2026, por ejemplo, Per\u00fa restableci\u00f3 un sistema bicameral y pas\u00f3 de 130 a 190 legisladores. Una ampliaci\u00f3n de la estructura legislativa supone tambi\u00e9n mayores requerimientos de recursos para su funcionamiento, por lo que los cambios en el n\u00famero de representantes deben analizarse considerando tanto sus posibles beneficios institucionales como los costos adicionales que recaen sobre los contribuyentes.<\/p>\n
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La cantidad absoluta de legisladores ofrece una visi\u00f3n incompleta cuando se comparan pa\u00edses con poblaciones muy diferentes. Una forma de hacer m\u00e1s comparable el tama\u00f1o de los congresos es relacionar el n\u00famero de representantes con la cantidad de habitantes de cada pa\u00eds.<\/p>\n
Bajo esta medida, Rep\u00fablica Dominicana ocupa la segunda posici\u00f3n entre los 17 pa\u00edses analizados, con 19 legisladores por cada mill\u00f3n de habitantes, frente a un promedio regional de 11. Esto significa que el pa\u00eds cuenta con aproximadamente 8 legisladores m\u00e1s por habitante que el promedio de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
Uruguay encabeza la comparaci\u00f3n, con 38 legisladores por mill\u00f3n de habitantes, seguido por Rep\u00fablica Dominicana y Paraguay, con 19 y 18, respectivamente. En el extremo contrario se encuentran Colombia y M\u00e9xico, con 5 legisladores por mill\u00f3n, y Brasil, con 3.<\/p>\n
Una mayor cantidad de representantes en relaci\u00f3n con la poblaci\u00f3n puede reducir el n\u00famero de ciudadanos que corresponde representar a cada legislador. Sin embargo, esto no implica por s\u00ed mismo una representaci\u00f3n de mayor calidad. Como explicamos anteriormente, los resultados tambi\u00e9n dependen de los incentivos que enfrentan los representantes y del funcionamiento de las instituciones. Adem\u00e1s, sostener una estructura legislativa de mayor tama\u00f1o requiere recursos, por lo que resulta necesario incorporar el costo de los congresos al an\u00e1lisis.<\/p>\n
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El tama\u00f1o de los congresos no solo puede analizarse por la cantidad de representantes, sino tambi\u00e9n por los recursos p\u00fablicos destinados a su funcionamiento. En 2025, Rep\u00fablica Dominicana registr\u00f3 un gasto legislativo de US$160.3 millones, ubic\u00e1ndose en la novena posici\u00f3n entre los 17 pa\u00edses analizados.<\/p>\n
En t\u00e9rminos absolutos, Brasil present\u00f3 el mayor gasto, con US$2,336.1 millones, seguido por M\u00e9xico, con US$967.8 millones, y Argentina, con US$364.5 millones. En el extremo contrario, Nicaragua registr\u00f3 el menor monto, con US$23.3 millones.<\/p>\n
El promedio regional alcanz\u00f3 US$341.6 millones, aunque este resultado est\u00e1 considerablemente influenciado por Brasil. Al excluirlo, el promedio de los dem\u00e1s pa\u00edses se reduce a aproximadamente US$217.0 millones.<\/p>\n
Sin embargo, comparar \u00fanicamente los montos absolutos presenta una limitaci\u00f3n similar a la observada con la cantidad de legisladores. Pa\u00edses con poblaciones y econom\u00edas de diferentes tama\u00f1os disponen de capacidades fiscales y estructuras institucionales distintas. Para aproximarnos mejor a esa carga, resulta \u00fatil relacionar estos recursos con la poblaci\u00f3n de cada pa\u00eds.<\/p>\n
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Al relacionar el gasto legislativo con la poblaci\u00f3n, Rep\u00fablica Dominicana ocupa la cuarta posici\u00f3n entre los 17 pa\u00edses analizados, con un gasto de US$13.94 por habitante, superior al promedio regional de US$13.22.<\/p>\n
Uruguay encabeza la comparaci\u00f3n, con US$54.02 por habitante, seguido por Panam\u00e1, con US$33.22, y Costa Rica, con US$28.92. En el extremo contrario se encuentran Bolivia y Ecuador con gastos de US$2.97 y US$2.91 por habitante.<\/p>\n
La posici\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana resulta particularmente relevante al compararla con el gasto absoluto. Mientras el pa\u00eds ocupa la novena posici\u00f3n por el monto total destinado al Poder Legislativo, asciende a la cuarta cuando se considera el tama\u00f1o de su poblaci\u00f3n. De esta forma, aunque el gasto total del Congreso dominicano se encuentra por debajo del promedio regional, el costo que representa por habitante se encuentra entre los m\u00e1s elevados de los pa\u00edses analizados.<\/p>\n
Este indicador permite aproximarnos mejor a la carga que supone el Poder Legislativo para los ciudadanos. Sin embargo, el costo constituye solo una parte de la evaluaci\u00f3n: la otra consiste en determinar si los recursos utilizados se corresponden con las funciones y resultados que la instituci\u00f3n est\u00e1 llamada a proporcionar.<\/p>\n
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Al comparar el gasto legislativo con el gasto total ejecutado por el Gobierno central, Rep\u00fablica Dominicana ocupa la sexta posici\u00f3n entre los pa\u00edses analizados, con una proporci\u00f3n de 0.65%.<\/p>\n
Guatemala registra la mayor proporci\u00f3n, con 2.44%, seguida por Panam\u00e1, con 1.14%, y Paraguay, con 1.00%. Por encima de Rep\u00fablica Dominicana tambi\u00e9n se encuentran Uruguay, con 0.74%, y Costa Rica, con 0.68%. En contraste, las menores proporciones corresponden a Bolivia, Ecuador y Chile, con 0.07%, 0.19% y 0.23%, respectivamente.<\/p>\n
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El gasto del Poder Legislativo dominicano alcanz\u00f3 US$160.3 millones en 2025, el segundo monto m\u00e1s elevado de los \u00faltimos diez a\u00f1os, solo superado por los US$165.4 millones registrados en 2024. En comparaci\u00f3n con 2016, cuando el gasto ascendi\u00f3 a US$135.0 millones, el monto de 2025 representa un incremento de 18.7%.<\/p>\n
En pesos dominicanos, el gasto ejecutado en 2025 fue de RD$9,934.9 millones, de los cuales RD$6,646.4 millones correspondieron a la C\u00e1mara de Diputados y RD$3,288.5 millones al Senado.<\/p>\n
Para 2026, el presupuesto vigente contempla RD$8,907.8 millones para el Poder Legislativo.<\/p>\n
Consideraciones finales<\/strong><\/h3>\n
Los resultados muestran que el tama\u00f1o y el costo del Poder Legislativo dominicano adquieren mayor relevancia cuando se consideran en relaci\u00f3n con la poblaci\u00f3n y los recursos p\u00fablicos del pa\u00eds. Rep\u00fablica Dominicana ocupa la segunda posici\u00f3n entre los 17 pa\u00edses analizados en cantidad de legisladores por mill\u00f3n de habitantes, la cuarta en gasto legislativo por habitante y la sexta al medir este gasto como proporci\u00f3n del gasto del Gobierno Central.<\/p>\n
Los indicadores analizados muestran un patr\u00f3n consistente: la posici\u00f3n de Rep\u00fablica Dominicana se vuelve m\u00e1s elevada cuando el tama\u00f1o y el gasto del Congreso se relacionan con la poblaci\u00f3n. Sostener una estructura legislativa de estas dimensiones implica destinar recursos obtenidos de los ciudadanos que podr\u00edan permanecer en sus manos o utilizarse para otros fines. Por ello, el punto de partida no deber\u00eda ser justificar cu\u00e1nto puede gastar una instituci\u00f3n, sino exigir que quienes administran estos recursos demuestren que su utilizaci\u00f3n responde efectivamente a las funciones que les han sido encomendadas.<\/p>\n
El problema es que la representaci\u00f3n pol\u00edtica no garantiza que los incentivos de representantes y representados permanezcan alineados. Como plantea la elecci\u00f3n p\u00fablica, los legisladores tambi\u00e9n responden a incentivos pol\u00edticos, partidarios y personales. A esto se suma que determinados beneficios pueden concentrarse en grupos espec\u00edficos mientras sus costos se distribuyen entre millones de contribuyentes, reduciendo los incentivos individuales para supervisar y evaluar cada decisi\u00f3n. Por ello, incrementar recursos o ampliar la cantidad de representantes no constituye, por s\u00ed misma, una garant\u00eda de mejores resultados.<\/p>\n
Los resultados adquieren especial relevancia para Rep\u00fablica Dominicana, que mantiene uno de los poderes legislativos m\u00e1s grandes y costosos de la regi\u00f3n en relaci\u00f3n con su poblaci\u00f3n. Una estructura pol\u00edtica de esta magnitud supone no solo recursos que deben ser aportados por los contribuyentes, sino tambi\u00e9n un amplio aparato con capacidad para crear leyes y tomar decisiones que inciden sobre sus vidas y sus recursos. La representaci\u00f3n pol\u00edtica debe servir para proteger los intereses de los ciudadanos y limitar el ejercicio arbitrario del poder, no para convertirse en un fin en s\u00ed misma ni en un mecanismo para canalizar beneficios particulares. Un mejor Poder Legislativo no es necesariamente aquel que cuenta con m\u00e1s representantes o recursos, sino aquel que cumple eficazmente sus funciones dentro de l\u00edmites institucionales claros y con el menor costo posible para los ciudadanos.<\/p>\n
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