Instituto Juan de Mariana<\/a><\/p>\n
CEU-CEFAS e Instituto Juan de Mariana proponen derogar o transformar tres de cada cuatro leyes aprobadas en Espa\u00f1a desde 2004<\/h2>\n <\/p>\n
La investigaci\u00f3n culmina una auditor\u00eda de 598 leyes producidas a nivel nacional entre los a\u00f1os 2004 y 2025 y concluye que 453 de ellas deber\u00edan ser derogadas, simplificadas o reformadas en profundidad.<\/p>\n
Ambos centros de pensamiento plantean una agenda de desregulaci\u00f3n inspirada en experiencias internacionales como las de Estados Unidos y Argentina, con el objetivo de reducir la burocracia, recuperar seguridad jur\u00eddica y favorecer el crecimiento econ\u00f3mico.<\/p>\n
CEU-CEFAS e IJM se apoyaron en la herramienta Langscore para analizar un universo de 649.000 desarrollos normativos del BOE, aplicando una soluci\u00f3n tecnol\u00f3gica que se complementa con la revisi\u00f3n en profundidad por parte de juristas y economistas.<\/p>\n
Madrid, 5 de noviembre de 2026. El Centro de Estudios, Formaci\u00f3n y An\u00e1lisis Social (CEU CEFAS) y el Instituto Juan de Mariana han presentado la segunda entrega de su proyecto \u00abDesenredar Espa\u00f1a\u00bb, una iniciativa que aspira a sentar las bases de una reforma integral del marco regulatorio espa\u00f1ol.<\/p>\n
Tras una primera publicaci\u00f3n, centrada en la legislaci\u00f3n aprobada durante los gobiernos de Pedro S\u00e1nchez, el nuevo informe ampl\u00eda la auditor\u00eda a las etapas de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero y Mariano Rajoy, completando as\u00ed el examen de casi 600 normas con rango de ley aprobadas entre los a\u00f1os 2004 y 2025.<\/p>\n
La principal conclusi\u00f3n es contundente: 453 disposiciones, equivalentes al 76% del total, deber\u00edan ser derogadas, simplificadas o reformadas, mientras que apenas 145 leyes, el 24%, se consideran susceptibles de seguir en vigor, al menos a corto plazo.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n pone de manifiesto que el problema de la hiperregulaci\u00f3n espa\u00f1ola trasciende los cambios de gobierno y responde a una din\u00e1mica de acumulaci\u00f3n normativa sostenida durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas. De las 598 leyes examinadas, CEU CEFAS e IJM entienden que 132 deber\u00edan ser derogadas \u00edntegramente, mientras que otras 31 podr\u00edan eliminarse tras comunicar su supresi\u00f3n a la UE por tratarse de desarrollos legislativos ligados a la percepci\u00f3n de fondos comunitarios, 99 requieren una revisi\u00f3n para eliminar cargas adicionales a las exigidas por la Uni\u00f3n Europea y 191 precisan reformas profundas.<\/p>\n
Esta clasificaci\u00f3n permite diferenciar entre normas que deber\u00edan desaparecer, disposiciones cuya aplicaci\u00f3n puede simplificarse y leyes que requieren un redise\u00f1o para mejorar su funcionamiento.<\/p>\n
Zapatero, Rajoy y S\u00e1nchez: una auditor\u00eda de veinte a\u00f1os de intervencionismo<\/p>\n
El an\u00e1lisis de la producci\u00f3n legislativa de Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero comprende 208 normas con rango de ley aprobadas entre 2004 y 2011. De ellas, 41 deber\u00edan eliminarse \u00edntegramente, 32 precisan una revisi\u00f3n de los excesos regulatorios introducidos respecto a la normativa europea y otras 64 requieren una reforma profunda. Solamente 71 disposiciones, equivalentes al 35% del total, se consideran susceptibles de mantenimiento a corto plazo. Entre las medidas que el informe propone derogar destacan la Ley de Memoria Hist\u00f3rica o la disposici\u00f3n que deriv\u00f3 en el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Asimismo, se recomienda rehacer por entero la legislaci\u00f3n del IRPF, replantear toda la normativa educativa de dicho periodo y revisar el Estatuto del Trabajo Aut\u00f3nomo.<\/p>\n
En cuanto a la etapa de Mariano Rajoy, la auditor\u00eda comprende 147 normas aprobadas entre 2011 y 2018. Los investigadores recomiendan la derogaci\u00f3n \u00edntegra de 34 leyes, la revisi\u00f3n de otras 27 para eliminar excesos de transposici\u00f3n europea y la reforma profunda de 51 disposiciones adicionales. En consecuencia, solamente 35 normas, el 24% del total, deber\u00edan mantenerse sin cambios prioritarios. Las propuestas afectan a la legislaci\u00f3n financiera, la regulaci\u00f3n energ\u00e9tica, los derechos y garant\u00edas de los contribuyentes o los procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n
La primera entrega de \u00abDesenredar Espa\u00f1a\u00bb, presentada en febrero de 2026, hab\u00eda identificado 243 normas con rango de ley correspondientes al periodo de Pedro S\u00e1nchez. De ellas, el proyecto recomienda derogar directamente 57, negociar la eliminaci\u00f3n de otras 31 vinculadas a compromisos europeos, corregir los excesos regulatorios de 40 y reformar en profundidad 76. Solamente 39 disposiciones quedar\u00edan al margen de una intervenci\u00f3n prioritaria. El informe se\u00f1ala as\u00ed que la acumulaci\u00f3n normativa constituye un problema estructural de la econom\u00eda espa\u00f1ola y no una circunstancia exclusiva de un determinado Ejecutivo.<\/p>\n
Las grandes reformas econ\u00f3micas: impuestos, electricidad, empleo y burocracia<\/p>\n
Una de las propuestas m\u00e1s relevantes del nuevo documento afecta al sistema tributario. Para la etapa de Zapatero, los investigadores recomiendan derogar el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, aprobado en 2011 como una medida supuestamente temporal y mantenido posteriormente durante quince a\u00f1os. El estudio cuestiona un gravamen que penaliza el ahorro acumulado, puede generar situaciones de doble imposici\u00f3n y aporta menos del 1% de los ingresos p\u00fablicos. Asimismo, propone una reforma integral del IRPF para abandonar un modelo que ha adquirido una complejidad extraordinaria, reflejada en las aproximadamente 700 p\u00e1ginas que ocupa el manual pr\u00e1ctico de la Agencia Tributaria para la campa\u00f1a de la renta de 2026.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con las leyes aprobadas durante el gobierno de Mariano Rajoy, el documento plantea una transformaci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades mediante la adopci\u00f3n de un tipo reducido del 15%, exigible \u00fanicamente cuando las empresas distribuyan dividendos, siguiendo un esquema que favorezca la reinversi\u00f3n de beneficios. La propuesta contempla tambi\u00e9n la amortizaci\u00f3n inmediata de las inversiones empresariales, frente a su deducci\u00f3n progresiva durante varios ejercicios. A estas medidas se a\u00f1ade una revisi\u00f3n de las reformas de la Ley General Tributaria que aumentaron la discrecionalidad de Hacienda y debilitaron, seg\u00fan los autores, las garant\u00edas jur\u00eddicas de los contribuyentes.<\/p>\n
El sector energ\u00e9tico constituye otro de los grandes \u00e1mbitos de intervenci\u00f3n. El informe plantea eliminar el impuesto del 7% a la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica introducido en 2012, revisar los cargos no energ\u00e9ticos incorporados al recibo y reformar profundamente el marco regulatorio para favorecer la competencia. Adem\u00e1s, recomienda resolver los m\u00e1s de 40 arbitrajes internacionales derivados de los recortes retroactivos a las energ\u00edas renovables aprobados en 2013, cuya controversia contin\u00faa afectando a la seguridad jur\u00eddica y a la reputaci\u00f3n internacional de Espa\u00f1a como destino de inversi\u00f3n.<\/p>\n
Las recomendaciones se extienden asimismo al mercado laboral, la educaci\u00f3n y la organizaci\u00f3n administrativa. Entre otras reformas, el estudio plantea simplificar las obligaciones que afectan a los trabajadores aut\u00f3nomos, redise\u00f1ar la legislaci\u00f3n educativa para reforzar la autonom\u00eda de los centros y la capacidad de elecci\u00f3n de las familias, y sustituir parte del actual sistema de pol\u00edticas activas de empleo por mecanismos de colaboraci\u00f3n con agencias privadas remuneradas por resultados. En este \u00faltimo \u00e1mbito, los autores recuerdan que los servicios p\u00fablicos de empleo son responsables de menos del 3% de las colocaciones laborales. Asimismo, el informe propone reducir organismos p\u00fablicos duplicados, simplificar la evaluaci\u00f3n ambiental y eliminar cargas regulatorias que dificultan la financiaci\u00f3n de empresas y emprendedores.<\/p>\n
Inteligencia artificial para preparar una aut\u00e9ntica \u00abmotosierra regulatoria\u00bb<\/p>\n
El proyecto \u00abDesenredar Espa\u00f1a\u00bb incorpora un desarrollo tecnol\u00f3gico que permite abordar de manera sistem\u00e1tica el enorme volumen de legislaci\u00f3n acumulada. La herramienta procesa un corpus de 649.000 disposiciones normativas del Bolet\u00edn Oficial del Estado, incluidas disposiciones ya derogadas. Para su funcionamiento, se han empleado modelos de aprendizaje autom\u00e1tico, procesamiento avanzado de texto, inteligencia artificial y agregaci\u00f3n de datos, complementados por el estudio comparado con m\u00e1s de 5.000 documentos de instituciones como el Banco de Espa\u00f1a, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisi\u00f3n Europea.<\/p>\n
El sistema examina las disposiciones a partir de cinco criterios: carga regulatoria, complejidad, potencial de liberalizaci\u00f3n, grado de intervencionismo y extensi\u00f3n normativa. Adem\u00e1s de evaluar leyes completas, permite descender al an\u00e1lisis de art\u00edculos concretos e identificar las conexiones existentes entre distintas disposiciones. Esta capacidad resulta especialmente relevante para evitar que una derogaci\u00f3n aislada genere contradicciones o vac\u00edos jur\u00eddicos en otras partes del ordenamiento.<\/p>\n
La plataforma se complementa con MOTOSIERRA-DESREG, una aplicaci\u00f3n destinada a facilitar la redacci\u00f3n de propuestas alternativas. El programa identifica situaciones de captura regulatoria, distorsiones de mercado, obsolescencia normativa y gold-plating, t\u00e9rmino utilizado para describir las cargas adicionales que los gobiernos nacionales incorporan cuando trasladan al derecho interno la legislaci\u00f3n europea.<\/p>\n
A partir de este diagn\u00f3stico, genera borradores de reforma legislativa con sus correspondientes exposiciones de motivos, articulados y disposiciones transitorias. El trabajo tecnol\u00f3gico sirve como primer paso del trabajo de evaluaci\u00f3n, puesto que sus hallazgos vienen seguidos de la debida revisi\u00f3n y estudio por parte de equipos humanos de juristas, economistas y expertos en pol\u00edticas p\u00fablicas encargados de validar las recomendaciones.<\/p>\n
La experiencia internacional demuestra el potencial de la desregulaci\u00f3n<\/p>\n
La segunda entrega incorpora tambi\u00e9n una revisi\u00f3n de la evidencia internacional sobre los efectos econ\u00f3micos de la simplificaci\u00f3n normativa. En particular, recoge una investigaci\u00f3n de Danilo Cascaldi-Garc\u00eda y Matteo Iacoviello, publicada en 2026 en el \u00e1mbito de la Reserva Federal de Estados Unidos, que analiza los episodios de desregulaci\u00f3n observados en el pa\u00eds norteamericano entre 1960 y 2025. Sus resultados muestran efectos positivos sobre el PIB, la inversi\u00f3n, la productividad y el empleo, acompa\u00f1ados de una moderaci\u00f3n de los precios y una reducci\u00f3n de la incertidumbre econ\u00f3mica.<\/p>\n
El documento examina igualmente la experiencia argentina bajo el gobierno de Javier Milei y la direcci\u00f3n de Federico Sturzenegger en materia de desregulaci\u00f3n. Seg\u00fan los datos recogidos hasta enero de 2026, el Ejecutivo argentino hab\u00eda aprobado m\u00e1s de 500 normas de desregulaci\u00f3n, que permitieron modificar o eliminar m\u00e1s de 2.400 disposiciones y alterar o suprimir m\u00e1s de 14.000 art\u00edculos y preceptos. En el mercado del alquiler, el informe destaca que la liberalizaci\u00f3n normativa estuvo acompa\u00f1ada de un aumento del 88% en la oferta de inmuebles disponibles y una reducci\u00f3n real del 29% en los precios, seg\u00fan los datos correspondientes a septiembre de 2025.<\/p>\n
Para CEU-CEFAS e IJM, estas experiencias demuestran la importancia de preparar con anticipaci\u00f3n una agenda reformista ambiciosa, capaz de superar la resistencia de los grupos de inter\u00e9s beneficiados por la acumulaci\u00f3n regulatoria. El objetivo no consiste en eliminar indiscriminadamente cualquier regulaci\u00f3n, sino en sustituir un sistema caracterizado por la proliferaci\u00f3n de normas, la complejidad administrativa y la inseguridad jur\u00eddica por otro basado en reglas m\u00e1s sencillas, estables y previsibles.<\/p>\n
Una agenda preparada para un futuro gobierno reformista<\/p>\n
La publicaci\u00f3n de esta segunda entrega culmina una primera fase de diagn\u00f3stico que cubre m\u00e1s de dos d\u00e9cadas de producci\u00f3n legislativa espa\u00f1ola. El resultado es un inventario de 453 intervenciones normativas recomendadas, con distintos grados de intensidad, que permitir\u00eda desarrollar una estrategia ordenada de simplificaci\u00f3n administrativa y liberalizaci\u00f3n econ\u00f3mica. La propuesta combina derogaciones inmediatas, reformas de profundidad, eliminaci\u00f3n de requisitos adicionales a los europeos y negociaci\u00f3n de compromisos normativos con las instituciones comunitarias.<\/p>\n
Los autores consideran que la reducci\u00f3n de la burocracia puede convertirse en una de las principales palancas de crecimiento de la econom\u00eda espa\u00f1ola, al rebajar costes para las empresas, facilitar la inversi\u00f3n, estimular la competencia y devolver capacidad de decisi\u00f3n a familias y emprendedores. Frente a las pol\u00edticas que pretenden impulsar la actividad mediante nuevos programas de gasto, el estudio apuesta por eliminar los obst\u00e1culos que el propio Estado ha ido acumulando sobre la producci\u00f3n.<\/p>\n
La conclusi\u00f3n de \u00abDesenredar Espa\u00f1a II\u00bb es que Espa\u00f1a necesita una auditor\u00eda permanente de su legislaci\u00f3n y una agenda desregulatoria preparada para convertirse en medidas concretas de gobierno. Con 598 normas de alto rango examinadas y tres de cada cuatro se\u00f1aladas para su derogaci\u00f3n o reforma, CEU-CEFAS e IJM aspiran a demostrar que la reducci\u00f3n de las trabas burocr\u00e1ticas puede pasar de ser una declaraci\u00f3n pol\u00edtica a constituir un programa legislativo estructurado, viable y orientado a recuperar la libertad econ\u00f3mica, la seguridad jur\u00eddica y la competitividad.<\/p>\n
<\/div>\n
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