CREES

Autor: Rolando Martínez Agüero

Fecha: 9 de junio del 2020

La confianza en los gobiernos, en las legislaciones y en las instituciones relacionadas con la justicia, orden y seguridad son fundamentales para un progreso socioeconómico. El Índice de Imperio de la Ley sirve como herramienta de diagnóstico para medir estos fundamentos. Este índice mide el estado de derecho en función de las experiencias y percepciones de los ciudadanos y los profesionales legales de un país y expertos de todo el mundo, utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.

Un Estado de Derecho (o imperio de las leyes) confiable se basa en tener sentido de la justicia y sentido de responsabilidad, dos elementos necesarios para cooperar de manera libre y voluntaria y así desarrollarnos. Puesto en perspectiva de la actividad económica, las leyes justas, accesibles y eficientes fortalece el ambiente de emprendimiento. Como consecuencia, se crean más puestos de trabajo en la economía, y mayores ingresos para los empleados que trabajan en los mismos.

Una relación entre la puntuación en el Índice de Imperio de la Ley y el Producto Interno Bruto per cápita promedio de los últimos 5 años de un país evidencia lo fundamental que es el imperio de la ley para el desarrollo económico. Como se observa en la Gráfica No.1, donde hay leyes justas, eficientes e imparciales, en promedio, los ingresos son más altos.

Más aún, la Gráfica No. 2 nos muestra la puntuación promedio en el índice según el nivel de ingreso. Se puede observar que los países con menor ingreso tienen una menor puntuación que los de mayor ingreso. Entre los países con mayor ingreso, la mayoría pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas economías cuentan con estados de derecho estables y confiables.

En la edición de 2020 del Índice de Imperio de la ley, República Dominicana recibió una puntuación de 0.48, la cual coloca el país en la posición 11 de los 17 países de la región mostrados y la posición 90 de 128 países evaluados en el Índice de Imperio de la Ley. La aplicación de las leyes del país es solo superior a la de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela, dentro de los países de América Latina.

Si bien la puntuación del año 2020 de República Dominicana indica que hubo un avance en términos de imperio de la ley, apenas aumentó 2 centésimas en comparación a la obtenida en el año 2019. Cómo se observa en la Gráfica No. 4, desde que índice empezó a utilizar una puntación general de imperio de la ley, la puntuación de República Dominicana se ha mantenido prácticamente invariable.

Una mirada a los factores que componen la puntuación en el índice nos muestra que, en comparación con el año 2019, la República Dominicana no experimentó una mejoría significativa, o se mantiene igual.

En particular, los factores de Ausencia de Corrupción y Orden y Seguridad no presentaron ningún cambio. Por un lado, el estancamiento en el Factor 2 puede deberse a que los ciudadanos encuestados perciben más abuso de las funciones de los funcionarios del poder ejecutivo para obtener beneficios privados. Por otro lado, la puntuación del Factor 5 se mantuvo estática debido a que no hubo cambio en la percepción de los ciudadanos de la manera en que las personas recurren a la violencia para rectificar agravios personales.

Un imperio de la ley confiable promueve iniciativas, proporciona equidad y provee seguridad. En consecuencia, un mayor imperio de la ley se traduce en un mayor nivel económico para la sociedad.

En el caso de República Dominicana, aún quedan por mejorar esas características fundamentales que definen el Estado de Derecho. La coyuntura actual, requerirá una agenda de reformas que fortalezcan las instituciones del país relacionadas con la justicia, el orden y la seguridad. Solo un Estado de Derecho responsable y transparente, donde se cumplen y hacen cumplir las leyes, garantizará un desarrollo socioeconómico sostenido.

 

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