Autor: Rafael Fornet
Puerto Rico es una isla caribeña de 9,104 kilómetros cuadrados y Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Cuenta con un Producto Interno Bruto (PIB) de US$101,496 millones de dólares y una población de 3.6 millones de personas cuyo PIB per cápita asciende a US$27,678.
Este Estado experimentó períodos de altas tasas de crecimiento económico aunque en los últimos años se han obtenido tasas de crecimiento negativas, es decir, contracción del PIB, contrastando con sus años dorados, en donde se alcanzaban tasas anuales superiores al 10%. En la Gráfica No. 1 se aprecian las tasas de crecimiento del PIB puertorriqueño durante los últimos años (2003-2012), notándose cómo la economía se mantuvo en recesión por un periodo de siete años consecutivos.
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Desde comienzos del siglo XXI, el desempleo en la isla ha aumentado de 10% en el 2000 a 15.5% en el 2013, al mismo tiempo que la población económicamente activa, o sea, el número de personas mayores de 16 años que trabajan o buscan empleo ha descendido a 42.4%. Es decir, que de 2.8 millones de habitantes puertorriqueños en edad de trabajar, solo 1.2 millones conforman la fuerza laboral, y de éstos, 186 mil están desempleados.
El gobierno del Estado es uno de los principales empleadores con cerca de 230 mil personas empleadas en el 2013, representando 23% del total de personas que tienen un trabajo. Esta abultada nómina pública, junto con programas como soluciones de vivienda, seguro de desempleo, seguro de discapacidad, entre otros, absorben cerca del 20% del presupuesto general. En la medida en que el gasto corriente ha ido en incremento para cubrir estos rubros, el gasto de capital que realiza la gobernación del Estado ha disminuido de US$1,185 millones en el 2003 a US$558[1] millones en el 2012, representando el 2.5% del total de gastos del gobierno central.
Como se aprecia en la Gráfica No. 2, con la excepción del año 2008, entre los años comprendidos entre 2003 y 2012 los gastos fueron superiores a los ingresos del gobierno. Es decir, el gobierno central solo cerró con superávit fiscal en 2008. En el periodo 2003-2012, el gasto del gobierno central registró un crecimiento nominal de 48%, mientras los ingresos aumentaron un 28%.
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Como resultado de estos déficits recurrentes, la deuda pública se ha incrementado de US$24,187 millones en el 2000 a US$70,043[2] millones en 2013, a un ritmo anual de crecimiento en ese periodo de cerca del 9%. La deuda pública puertorriqueña se compone de bonos y notas del Estado, sus municipalidades y las corporaciones públicas. Dentro de las corporaciones públicas se encuentra la del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA), desde la cual se emiten bonos y notas de deuda respaldados por el impuesto a las ventas y usos (IVU) que se cobra en la isla desde el año 2007. En el 2013, las emisiones de COFINA representaban 22% del total de deuda pública. Esta corporación, financiada con el IVU, fue formada con la finalidad de emitir bonos para el pago y refinanciamiento de la deuda extraconstitucional[3] de Puerto Rico, la cual hasta ese momento carecía de respaldo.
En la Gráfica No. 3 se observa el servicio de la deuda pública. En un período de 10 años el servicio de deuda ha aumentado un 139% al ubicarse en US$3,556 millones en 2012 vs. US$1,489 millones en 2003. Como proporción de los ingresos tributarios, este servicio en el 2012 se ha duplicado con respecto al 2003, colocándose en 44.1%.
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El gobierno puertorriqueño se encuentra inmerso en la elaboración de un presupuesto balanceado para el año fiscal 2015, con el propósito de recuperar la confianza de los inversionistas y de esa forma seguir accediendo a los mercados de capital. Como se puede apreciar en la Gráfica No. 4, durante los últimos años el gobierno central ha registrado déficits que llegan hasta US$5,358 millones, como ocurrió en el 2012.
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Recientemente el crédito del Estado de Puerto Rico fue degradado a la clasificación de basura por las empresas clasificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, indicando preocupación por los déficits fiscales recurrentes, poca liquidez del gobierno y la falta de fondos que tiene el sistema de pensiones de la isla.
Cabe resaltar que el rendimiento de los bonos de vencimiento a julio del presente año se ha incrementado hasta situarse cerca de 10% como consecuencia de la degradación crediticia, indicando la preocupación de los mercados ante la necesidad de una posible renegociación de la deuda que afectaría de manera inmediata el pago de estos bonos. Esta preocupación también se evidencia en el costo de seguro por un año en caso de default, que se sitúa ahora en US$22,000 por cada US$100,000 de bonos.
Con esta clasificación de grado basura o especulativo, si el Gobierno de Puerto Rico logra colocar la emisión de bonos de obligación general que se apresta a realizar por un monto de US$3,000 millones de los US$3,500 millones que ha aprobado el Congreso, establecería un record de colocación de bonos con dicha clasificación en el mercado de bonos municipales de los Estados Unidos. El rendimiento al cual podría colocar los bonos rondaría el 9%, según varias firmas consultoras. Esto representa un incremento de cerca de 3.5 puntos porcentuales, si se compara con el rendimiento de los bonos emitidos en el pasado.
Este mayor endeudamiento refleja la necesidad de reformas estructurales que permitan al Estado de Puerto Rico la generación de empleos con la finalidad de disminuir las transferencias corrientes realizadas en pagos de viviendas, seguro de desempleo y cupones de comida. La gobernación ha ido dando pasos en la dirección correcta, disminuyendo en los últimos años la empleomanía estatal y sometiendo reformas al sistema de pensiones de los empleados públicos, pero a pesar de estas medidas, la irresponsabilidad fiscal que ha vivido Puerto Rico por décadas no puede resolverse de la noche a la mañana.
[1] Comprehensive Annual Financial Report Year Ended June 30, 2012, Commonwealth of Puerto Rico.
[2] Financial Information and Operating Data Report, Commonwealth of Puerto Rico. October 18, 2013.
[3] Esta se refiere a deuda contraída sin estar aprobada por el Congreso, por lo cual carece de una fuente de repago.
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