Autor: Miguel Collado Di Franco
Entre los economistas existe un consenso significativo con relación al importante rol que tienen las instituciones en el desarrollo económico. Por instituciones se entiende aquellos arreglos sociales (formales e informales) que inciden sobre el accionar de los ciudadanos, y reducen la incertidumbre. Las instituciones forman parte de una estructura, que cuando genera los estímulos correctos, crean las condiciones para la generación de prosperidad por medio de mejores procesos productivos que incrementan la productividad, crean empleos y terminan elevando el ingreso promedio en la sociedad.
Sin embargo, cuando el marco institucional no es adecuado, este limita la generación de prosperidad y crea los incentivos para la búsqueda de rentas personales por medio de la disminución de los ingresos de algún tercero. Es decir, los marcos institucionales que no promueven la producción crean las condiciones para un ambiente de depredación. Muchos tratan de explotar cada oportunidad de obtener ingresos independientemente de si provienen de privilegios o de que un tercero resulte afectado. La obtención de beneficios económicos que resultan de satisfacer las necesidades de otros miembros de la sociedad en un ambiente de competencia deja de ser la forma principal de alcanzar la prosperidad de la sociedad. En un ambiente así, las instituciones pierden su característica de reglas cuya función es facilitar la vida en sociedad y promover el desarrollo económico.
Cuando las reglas de juego operan de manera tal que reducen la incertidumbre y conduce a un clima de cooperación, se produce el resultado que disfrutan los ciudadanos de los países que han desarrollado sus instituciones: progreso económico. La dinámica es muy fácil de entender. Los emprendedores, los protagonistas de los procesos productivos, solo pueden implementar nuevas formas de satisfacer a los consumidores y de emplear eficientemente los factores de producción a su alcance en un ambiente institucional propicio. Un ambiente que, en el común de los casos de los países que han obtenido desarrollo económico sostenido en el tiempo, se ha caracterizado por: imperio de la ley estable, confiable, no corrupto e igual para todos; existencia y protección de los derechos de propiedad; y libertad de elección y de contratación.
Emprendimiento e instituciones
Hemos mencionado que el ambiente institucional es importante y que los emprendedores necesitan instituciones propicias. Antes de continuar, es preciso entender qué es un emprendedor y cuál es el vínculo entre los emprendedores, instituciones y progreso económico.
Los emprendedores son agentes de cambio que con su accionar buscan nuevas oportunidades para satisfacer necesidades de otros miembros de la sociedad. El emprendimiento implica la acción de descubrir nuevas oportunidades de combinar recursos. Un ejemplo de esto es el emprendedor que combina tela, hilos, y botones y crea una prenda de vestir que es valorada por los consumidores asignándole un precio superior al de los recursos que combinó el emprendedor. Cuando el valor que asignan los consumidores a la combinación que les oferta el emprendedor es superior al valor que tienen los recursos de forma individual, el emprendedor obtiene ganancias porque ha satisfecho a los consumidores. Ese es el incentivo a producir más y a continuar complaciendo a los consumidores. En cambio, cuando un emprendedor tiene pérdidas, se debe a que no ha sabido emplear de manera eficiente los recursos que está utilizado. En el primer caso, cuando se producen ganancias, los emprendedores son premiados por otorgar un buen uso a los recursos y por crear mayor bienestar en la sociedad. Sin embargo, en el segundo caso los emprendedores son castigados por no usar eficientemente los recursos de la economía. Esto es lo que ocurre en un ambiente de competencia con instituciones que favorecen la producción y no la depredación.
En su accionar, los emprendedores crean nuevas tecnologías, proveen empleos productivos, proporcionan entrenamientos que mejoran el nivel de habilidades en la población, crean formas más eficientes de producción y, en sentido general, descubren nuevas vías de elevar la calidad de vida de la humanidad. Esto es lo que ha estado sucediendo en el mundo, de manera acelerada, desde que en el siglo XIX se empezaron a crear las condiciones para que exista un clima de libertades, de respeto a los derechos esenciales y a la implantación de sistemas donde predomina el imperio de la ley por encima de la discrecionalidad y de los privilegios. Los países que tradicionalmente han tenido mayor desarrollo son los que por más tiempo han podido garantizar un ambiente de libertades, de respeto a los derechos, y que han mantenido el imperio de la ley.
Es preciso notar que el emprendimiento no es exclusivo de algunos grupos de seres humanos, y se manifiesta en todas las etapas de desarrollo de las sociedades. En consecuencia, hay distintas manifestaciones de emprendimiento en las diferentes economías del mundo. En algunos países existen unas formas más simples de emprendimiento, mientras que en otras sociedades imperan otras más compleja y que emplean mayor cantidad de mano de obra y capital, generando mayor riqueza. Estas sociedades son aquellos lugares donde se han creado las condiciones institucionales propicias, y es donde el emprendimiento se manifiesta de forma consistente con lo que conocemos como desarrollo económico.
Cuando se entiende que los resultados de las actividades económicas están condicionados por el ambiente en que las mismas son realizadas, es posible darse cuenta de que el marco institucional es en sí mismo el marco analítico fundamental para entender el desarrollo económico. De igual forma, es posible deducir que la relación entre emprendimiento y progreso económico se debe al eslabón que une a ambos: aquellas instituciones que favorecen la acción emprendedora.[1]
Dicho de otra forma, las instituciones que favorecen la competencia, reducen los costos en la economía, -así como la incertidumbre-, y protegen los derechos fundamentales, son las que desarrollan una sociedad. En consecuencia, aquellas acciones pensadas con la intención de promover el emprendimiento no surtirán efecto sobre el desarrollo a menos que no estén dirigidas a cambiar las condiciones negativas imperantes. En el caso dominicano, estas condiciones negativas se caracterizan por: ambiente de altos costos; competencia limitada en algunos mercados; legislaciones que favorecen a determinados grupos; debilidades en las garantías a los derechos individuales; baja protección a la propiedad privada y a la libre contratación; alta corrupción; e inestabilidad legislativa.
Institucionalidad en República Dominicana
La pregunta que tradicionalmente se han hecho muchas personas, no solo economistas, es: ¿por qué algunos países son más ricos que otros? Esa misma pregunta puede ser reformulada de diferentes formas para el caso dominicano: ¿por qué República Dominicana es ahora más pobre que países con los cuales mantenía un nivel de desarrollo similar en el pasado reciente?; ¿por qué República Dominicana es más pobre que países que no cuentan con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni la ventaja de la cercanía geográfica a ese mercado?; ¿por qué República Dominicana es más pobre que países que no cuentan con recursos naturales, ni siquiera tierra cultivable? La lista de preguntas podría ser más amplia, pero para todas la respuesta es una: esos otros países han mantenido un ambiente institucional más desarrollado que el nuestro, con mejores garantías para sus ciudadanos e inversionistas extranjeros.
Para medir la calidad institucional del país, la mejor herramienta es recurrir a índices que sirven para evaluar la misma. Para este fin, por la evidencia que proporcionan sobre el ambiente institucional de los países evaluados, empleamos el Índice de Calidad Institucional y el Rule of Law Index (Índice de Imperio de la Ley).
El Índice de Calidad Institucional (ICI) está formado por dos componentes, uno que evalúa la calidad de las instituciones relacionadas con la economía, y otro que evalúa las instituciones políticas. De acuerdo al índice, los países que ocupan los mejores puestos a nivel mundial son Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Dinamarca y Suecia. Mientras que los puestos más bajos pertenecen a la Rep. Dem. Del Congo, Chad, Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte.
En el continente americano, los primeros lugares están ocupados por Canadá y Estados Unidos, las economías más desarrolladas del hemisferio y entre las más desarrolladas del mundo. Les sigue Chile, la economía que exhibe mayor progreso económico dentro de los países de América Latina, y país que ocupa la posición 22 a nivel mundial.
Gráfico No. 1
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República Dominicana, ocupando el lugar 105 en el mundo, se encuentra en el grupo inferior. En ese grupo se encuentran economías que han mantenido niveles de desarrollo similar al dominicano y/o que han experimentado un deterioro progresivo en su calidad institucional desde 2007, primer año de cálculo del ICI. Entre los países que han experimentado mayor disminución dentro del ranking están Argentina (-41 puntos) y Venezuela (-23). Ambos han visto deterioradas sus instituciones, al tiempo que sus habitantes han sufrido en términos económicos como consecuencia de ese deterioro.
El caso de Perú es notable en términos de crecimiento institucional. Es el país que más ha incrementado su puntuación (20 puntos) entre 2007 y 2014. En un artículo reciente, titulado Perú: Compromiso con el desarrollo, Rafael Fornet destaca cómo el compromiso con el desarrollo por parte de gobernantes de diferentes partidos ha permitido la implementación y la profundización de diferentes reformas económicas que han mejorado la calidad de las instituciones, y han propiciado un ambiente de mayor progreso económico. Entre las reformas peruanas de años recientes se destacan la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, introducción de mayor flexibilidad en el mercado laboral, una reforma de pensiones y una reforma tributaria que redujo la cantidad de figuras impositivas, y las tasas de algunas de ellas, y que también eliminó exenciones y privilegios fiscales.
El otro índice que sirve para ilustrar la situación institucional relativa de República Dominicana es el Rule of Law Index (RLI). Este índice evalúa cómo se percibe el imperio de la ley a partir de nueve factores: limitaciones al poder público, ausencia de corrupción, gobierno transparente, derechos fundamentales, orden y seguridad, regulación, justicia civil, justicia criminal y justicia informal.
En el Gráfico No. 2 puede apreciarse que República Dominicana guarda una estrecha relación con el promedio de América Latina en la clasificación general del RLI Sin embargo, Chile, país con mayor desarrollo que el promedio de la región, mantiene una puntuación que lo acerca más al promedio de los países del Grupo de los siete (G7), economías que tradicionalmente han mantenido alto niveles de desarrollo en el mundo.
Gráfico No. 2
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En los gráficos siguientes, comparamos la puntuación de República Dominicana con: Chile, el promedio de los países de ingresos similares al dominicano y con el promedio de los países de América Latina. En esos cuatro factores que forman parte del RLI es posible apreciar la similitud que guarda República Dominicana con aquellos conjuntos de países que, en promedio, mantienen niveles de desarrollo institucional y, por ende económico, bajo. Al comparar los resultados con Chile, la diferencia es notable.
Gráfico No. 3
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Gráfico No. 4
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Gráfico No. 5
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Gráfico No. 6
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Imprescindible empezar a reformar
Es necesario asumir seriamente que el desarrollo de República Dominicana (al igual que el de los demás países) está relacionado con las condiciones institucionales y la manera como las mismas afectan el clima de negocios; es decir, el ambiente de emprendimiento del país.
La forma de aumentar la riqueza que se genera en el país por medio de los procesos productivos existentes, y la manera de atraer nuevas fuentes de capital y financiamiento para nuevos y mejores procesos, es creando el clima institucional apropiado. Esa es la forma de prosperar económicamente. Esa es la manera que encontraron los países en los cuales sus ciudadanos han podido salir de la pobreza.
Las reformas necesarias para alcanzar el desarrollo deben estar encaminadas a reducir los costos de la economía, a mejorar el imperio de la ley, a eliminar privilegios, a crear un clima de estabilidad y certidumbre legal, y a eliminar los factores -legales y de facto- que limitan la competencia en algunos sectores. En su artículo, Tratados de libre comercio: desafíos pendientes para competir, Ernesto Selman lista una serie de políticas públicas necesarias para mejorar el nivel de competitividad del país, algunas de las cuales también estarían dirigidas a fortalecer el clima institucional y a mejorar la manera de hacer negocios en el mismo.
Medidas como la implementación de la Cuenta Única del Tesoro o el mayor control en los procesos de compras y contrataciones, así como las veedurías sobre las mismas son ejemplos de buena gobernabilidad. Sin embargo, deben ser acompañadas de medidas que reduzcan los incentivos a la discrecionalidad y a la corrupción. Estas medidas deben ser parte del esfuerzo dirigido a revisar las reglas de juego bajo las cuales están operando ciudadanos y gobernantes. En particular, aquellos elementos de estas reglas que están limitando la generación de riqueza, empleos y movilidad social; y, en su lugar, están creando incentivos para la depredación y para la búsqueda de rentas personales a partir de privilegios.
[1] Un artículo esencial sobre la relación entre instituciones y emprendimiento es Boettje, Peter y Christopher Coyne. Entrepreneurship and Development: Cause or Consequence? En Taking Institutions Seriously: Rethinking the Political Economy of Development in the Philippines, John V. C. Nye proporciona un enfoque interesante sobre el rol de las instituciones en el desarrollo y sobre la forma de implementar reformas para mejorar el clima institucional.
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