En noticias publicadas en la prensa escrita, algunos sindicalistas del transporte han indicado que debería ser el sector privado quien tenga la total responsabilidad del transporte de pasajeros y de carga en la República Dominicana. En esto estamos totalmente de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo es en el sector privado que representan los propios sindicatos del transporte que gozan de privilegios irritantes en condiciones cuasi-monopólicas, en detrimento del resto de la población.
Cuando hablamos de que el motor del desarrollo debe ser el sector privado nos referimos a una iniciativa privada donde los participantes tengan la libertad de invertir y competir en cualquier industria, es decir, donde exista libre competencia. En la constitución dominicana se establece el principio de la libertad de empresa y el fomento a la iniciativa privada en los artículos 217, 218 y 219. En términos jurídicos, los privilegios y posición abusiva de los sindicatos del transporte intra-urbano de pasajeros y de carga no se sostienen en el marco de la constitución dominicana.
En términos económicos, están imponiendo un alto costo de vivir y hacer negocios en la República Dominicana, dado que establecen precios que no están sometidos a las decisiones de los usuarios de los servicios de transporte ni a la libre competencia. Esto implica que el costo de transporte en la República Dominicana sea uno de los más altos de la región. En términos políticos, los sindicatos del transporte representan un segmento de votantes que, aunque no representan mucho en cantidad, son capaces de movilizar personas y voluntades.
Los políticos deben asumir la responsabilidad de ordenar el sector transporte, implantar la ley y empezar a eliminar los privilegios irritantes de los sindicatos del transporte. Es importante el ordenamiento del transporte de pasajeros intra-urbano donde se liciten públicamente las rutas a empresas privadas. En este sentido, los sindicalistas deberían convertir sus organizaciones en empresas capaces de competir en el mercado. Con respecto al transporte inter-urbano y de carga, debería imponerse un régimen de libre competencia donde ningún participante del mercado goce de privilegios y las reglas de juego sean iguales para todos.
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