Autor: John Sullivan
Fuente: www.revistaperspectiva.com
Son muchos los retos existentes para reducir la pobreza, pero la base para abordarlos se limita a la necesidad de reformar políticas que expandan el acceso a las oportunidades y generen confianza en las instituciones públicas y el mercado. En consecuencia, el papel del sector privado en el desarrollo internacional no se puede entender exclusivamente como las acciones y contribuciones de compañías de naciones industrializadas, ni se puede ceñir a ayudar a empresarios a título individual en los países en desarrollo por medio de la educación o la financiación. Más bien, dicho papel se extiende a involucrar al sector privado local en las reformas institucionales que promuevan la creación de un entorno justo para todas las empresas, tanto locales como extranjeras.
Las reformas institucionales pueden tener diversas dimensiones y áreas de foco, desde el fortalecimiento de los derechos de propiedad hasta la lucha contra la corrupción, pasando por mejorar el marco legislativo que gobierna las operaciones de los negocios. Su cualidad compartida, sin embargo, es el foco en la construcción de instituciones que subyacen en las democracias y economías de mercado por igual y se basan en los valores de equidad, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad. Como bien lo saben los directivos de numerosas compañías que operan en los países en vías de desarrollo, el entorno institucional está lejos de ser aquel que fomente el emprendimiento y el crecimiento, por lo que deben luchar a diario por hacer cumplir los contratos, defenderse de grupos criminales, enfrentar la corrupción rampante y los complejos procesos de licencias, y a menudo navegar por leyes y regulaciones aparatosas y en conflicto.
Si estas barreras institucionales son aparentes para las compañías extranjeras, es fácil entender el efecto que tienen sobre los emprendedores locales, cuyos recursos en cuanto a tiempo y dinero requeridos para superar obstáculos son infinitamente más pequeños. Entre las dificultades para abrir, manejar y cerrar un negocio registrado, varios emprendedores encuentran que esas barreras son insuperables y quedan atrapados en el sector informal, donde no pueden alcanzar todo su potencial y contribuir de manera significativa al desarrollo de una economía moderna. No sorprende que en muchos países la mayor parte del empleo y una porción apreciable del PIB provengan del sector informal.
Cabe señalar que las barreras que obstaculizan a los emprendedores son indicativas de fallas de gobernabilidad más profundas que no sólo minan la economía de muchas naciones, sino que también dañan sus prospectos democráticos. Como tales, los esfuerzos por apoyar a emprendedores o firmas, establecer fondos de capital de inversión o ayudar a los jóvenes a desarrollar planes de negocios no son suficientes. Pueden resultar bastante efectivos para crear historias de éxitos individuales y sacar a algunas personas de la pobreza, pero no llegan a la mayoría porque no abordan las barreras institucionales que se encuentran en el centro del problema.
¿Qué puede hacer el sector privado?
Al hablar de las contribuciones del sector privado al desarrollo, debemos tener presente que los negocios no son monolíticos. Las comunidades empresariales en muchos de los países son extremadamente diversas. Éstas incluyen compañías pequeñas y medianas, el sector informal, firmas de tecnología de punta, empresas clientelistas y entidades estatales. Aunque las compañías conectadas con el Estado mediante lazos corruptos temen la pérdida de su posición privilegiada, la mayoría de los negocios en cualquier país sí desean reformas. Quieren que las mismas reglas se apliquen a todo el mundo, así como menos barreras para hacer negocios.
Sin embargo, la mayoría de los intereses de negocios legítimos no están representados con frecuencia en el proceso político de una nación cuando las poderosas élites de los negocios y amigos monopolizan el acceso al gobierno. Una comunidad de negocios más extendida se debe involucrar en el proceso de reforma para lograr que la escuchen en el debate de política y que prevalezca la competencia económica justa. A su turno, la competencia económica justa fortalece la diversidad de los negocios y el pluralismo, lo cual crea un fuerte contexto para una saludable competencia y un contrapeso sobre el poder estatal .
Dependiendo del marco de gobernabilidad y política de un país, los emprendedores y las compañías competitivas florecerán o terminarán ahogados por los capitalistas clientelistas. Esta diferencia clave la captaron William Baumol, Robert Litan y Carl Schramm en su libro Capitalismo bueno, capitalismo malo. Ellos anotan que aunque las empresas estatales se han convertido en una presencia crecientemente poderosa en años recientes, no ofrecen buenos prospectos para la innovación y el crecimiento sostenible. Ellos recomiendan cultivar las economías emprendedoras, donde hay un empoderamiento de los negocios para innovar y hacer la transición de microempresas a compañías pequeñas y medianas, creando al mismo tiempo puestos de trabajo y fortaleciendo la economía. Proveer el entorno institucional que fomenta esta transición es de vital importancia para la reducción de la pobreza y para el desarrollo.
El Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, se centro en el 2002 en movilizar el capital local, atraer la inversión extranjera y facilitar el comercio como medio para impulsar el desarrollo. Con este fin, llamó a los países para que promovieran "un entorno para la inversión transparente, estable y predecible, con un correcto cumplimiento de contratos y respeto de los derechos de propiedad, embebidos en políticas macroeconómicas e instituciones sanas que permitan a los negocios, tanto locales como internacionales, operar de manera eficiente y rentable y con el máximo impacto en el desarrollo . A los gobiernos se les considera a menudo la principal fuerza en la construcción de tal clima inversor, pero esta responsabilidad no recae solamente en el gobierno.
Aunque la voluntad política para implementar reformas es clave, ningún gobierno puede legislar sobre la creación de una economía emprendedora de arriba para abajo. Por definición, una economía así requiere negocios activos y conectados que puedan trabajar con el gobierno y dar lineamientos sobre prioridades de reforma y soluciones de política; por tanto, la responsabilidad recae en el sector privado, así como la de ser un socio activo –y, de hecho, la principal fuerza– en las reformas.
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