Fuente: www.acento.com.do
Fecha: 13 de octubre de 2012
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), consideró que el gobierno sigue enviando una señal equivocada, en el sentido de que el gasto público está controlado, cuando la realidad es otra.
El CREES es una entidad de análisis y propuestas económicas y está integrado y patrocinado por empresarios dominicanos. Su Consejo Directivo lo preside el empresario Marino Ginebra y lo integran Rafael Del Toro, Vicepresidente, Andrés Bobadilla, Secretario, Campos De Moya, Tesorero, Práxedes Castillo, Vice-Secretario, Rafael Blanco Canto, Vice-Tesorero, Luis Molina Achécar, Miembro y Eduardo Martínez-Lima, Miembro.
En un análisis sobre los componentes de la propuesta fiscal del gobierno, Selman sostiene que el incremento de impuestos propuesto traería mayores incentivos a la evasión fiscal y seguiría empujando a distintos agentes económicos a la informalidad.
A continuación el texto de Ernesto Selman
¿Baja presión fiscal?
El principal argumento enarbolado por los técnicos gubernamentales para justificar el incremento de impuestos es que la presión fiscal es baja, por lo que debe incrementarse. Esto significa que se mantendría un gasto público excesivo para la realidad dominicana, con servicios públicos ineficientes y discrecionalidad en el manejo de los recursos de los contribuyentes. La señal que se envía con esta propuesta a la sociedad en general es que el gasto público está bien y que lo que se necesita es incrementar la carga tributaria para financiar un sector público 40% más caro, sólo para el 2012.
Asumiendo las estadísticas oficiales como buenas y válidas, habría que profundizar el análisis de la presión tributaria de quienes pagan impuestos y tomar en cuenta la economía al margen de las leyes o economía informal. Como indicador alternativo para estimar la informalidad en la economía tomamos en consideración la Encuesta del Mercado de Trabajo del BCRD, donde se revela que entre los años 2000-2011, el empleo en la economía informal se ha incrementado (40.5%) al doble que en la economía formal (20.0%).
La Encuesta del Mercado de Trabajo de Octubre, 2011 señala que el 57.1% del empleo es generado por el sector informal. Las estadísticas de afiliados versus cotizantes del sistema de pensiones de capitalización individual en República Dominicana, publicadas por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), muestran niveles similares durante los últimos años, rondando el 50% de cotizantes sobre el total de afiliados. Debido a que muchos agentes económicos formales realizan transacciones informales, CREES estima que la informalidad ronda por 60% en la economía dominicana. Por lo general, las transacciones informales realizadas por agentes formales se realizan en efectivo, sin factura fiscal y evadiendo el ITBIS; de esta forma, esas transacciones también quedan fuera de la base imponible del impuesto sobre la renta.
Al tomar en consideración el nivel de informalidad en la economía podemos inferir cuánto es la carga tributaria sobre los agentes económicos que realmente pagan impuestos. Si se reduce el PIB por el 60% que estimamos de informalidad, la presión fiscal de los que realmente pagan impuestos es de 38.3%, en lugar del 13.2% de presión tributaria que tanto repiten los funcionarios y técnicos gubernamentales. Este nivel de carga tributaria resulta de analizar la carga impositiva no sólo en términos agregados, sino evaluando la incidencia de los impuestos sobre la proporción de la población que realmente paga impuestos.
En todo caso, el incremento de impuestos propuesto traería mayores incentivos a la evasión fiscal y seguiría empujando a distintos agentes económicos a la informalidad. Obviamente, implica mayor carga tributaria para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. Pero, si el incremento de impuestos implica mayores incentivos a la evasión y la informalidad. Una mayor carga tributaria a los segmentos que tributan desincentivaría la actividad económica, lo que a su vez que provocan reducción de ingresos fiscales.
Para cerrar la brecha de un déficit fiscal se podría aplicar políticas para incrementar los ingresos del Estado y/o reducir el gasto público. Incremento de recursos para el fisco se podría obtener por: 1. Incremento de impuestos en el corto plazo, pero con pérdida en el mediano plazo por efectos negativos sobre las actividades económicas y la promoción de la evasión fiscal; y, 2. Impuestos menos distorsionadores que promueven las actividades económicas (consumo, ahorro, inversión y producción), que a su vez implican mayores aportaciones al fisco por mas transacciones y mayores ingresos.
Como señala Miguel Collado Di Franco, Economista Senior de CREES, en Reformas Basadas en Reducción de Gastos: Evidencia y Experiencias Internacionales: “Como ha quedado evidenciado en las reformas fiscales analizadas en los estudios mencionados, aquellas que han tenido mayor éxito en reducir el endeudamiento y en crecer la economía son las sustentadas en reducciones del gasto público.” La vía de incrementar impuestos e introducir nuevas figuras impositivas para recaudar mayores recursos de los contribuyentes implican menor crecimiento y mayor informalidad en la economía. El Estado sólo recaudaría mayores recursos en el corto plazo y no se enfrenta el problema de fondo de la situación fiscal: gasto público excesivo. De esta forma, la política fiscal se vuelve insostenible en el mediano plazo.
¿Austeridad?
Las señales de austeridad en el gasto público que fueron evidentes durante las seis primeras semanas de la presente gestión gubernamental fueron bien recibidas por toda la población, dado que la sociedad percibe (con mucha razón) que el aparato estatal es muy costoso, abultado e ineficiente. Además, se percibe un uso y abuso del poder por parte de los funcionarios públicos en el manejo de los recursos que vienen de los contribuyentes. Pero las principales señales la recibieron los propios funcionarios públicos, quienes iniciaron acciones para controlar y disminuir el gasto público.
Con la propuesta de incremento de impuestos del gobierno dominicano sin compromisos claros de reestructurar el aparato estatal, las autoridades tiran a la borda el manejo prudente de los recursos de los contribuyentes. En este sentido, los funcionarios públicos ya no tendrán el incentivo de reducir la burocracia y el costo de sus respectivas dependencias, dado que las señales que se envían son de que todo está bien y lo que se requiere es incrementar la carga tributaria.
El tema de reducir el gasto público es crítico para la sociedad por la discreción en el manejo de los recursos de los contribuyentes, clientelismo, corrupción y despilfarro de recursos en manos de funcionarios públicos. Distintas personalidades y organizaciones civiles de la sociedad han levantado sus voces llamando a corregir el excesivo gasto público y a reestructurar el aparato estatal. Inclusive, muchas de esas personalidades y organizaciones han presentado propuestas específicas para reducir ese excesivo gasto público.
Las medidas anunciadas al inicio eran necesarias, pero no suficientes. El ahorro de esas medidas siempre fueron sobre-estimados. Muchos argumentan que la “eliminación” de Vice-Ministros representa un ahorro importante. Sin embargo, en diferentes casos sólo se ha cambiado el título a Director, permaneciendo esa persona como funcionario público y recibiendo las mismas compensaciones y “beneficios” colaterales. Otros simplemente no tienen título alguno, pero siguen gozando de los salarios y beneficios que les proporciona el Estado.
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