En la década de los noventa se realizó un conjunto de reformas estructurales en República Dominicana que tuvieron un impacto directo sobre el desarrollo socioeconómico del país. La incidencia de estas reformas se vio reflejada sobre el sistema tributario, el mercado laboral, el sector financiero, el régimen aduanal, la regulación de la inversión extranjera, la eficiencia en las empresas de origen estatal; así como sobre la justicia y los procesos electorales.
Estas reformas incentivaron un nuevo flujo de inversiones, de capitales provenientes del exterior y de origen local que tuvieron un efecto positivo sobre la creación de empleos; en consecuencia, reducción de la tasa de desempleo. Como se puede observar en la gráfica, la tasa bajó de 23.0% en el año 1990, a 13.9% en el 2000. Desde entonces, la economía dominicana no logró alcanzar una tasa de crecimiento en el empleo similar hasta el 2016. Lo anterior se debe a las contrarreformas implementadas en este periodo (2000-2016); por ejemplo, las modificaciones sucesivas que se realizaron al sistema tributario desde el año 2000.
La coyuntura actual presenta la necesidad de realizar reformas estructurales económicas y del estado de derecho. Reformas que, entre otras cosas, tengan como objetivo principal la creación de empleo formal, la generación riqueza para los ciudadanos, el aumento en los niveles de ahorro y un manejo prudente, responsable y transparente de las finanzas públicas. Solo este tipo de reformas aseguraran que se propicie un desarrollo económico sostenible.
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