De acuerdo con los datos de la Dirección General de Crédito Público y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en enero de 2022 la deuda pública consolidada de República Dominicana (incluyendo deuda intergubernamental) ascendió a US$64,204.8 millones, de los cuales, US$47,815.9 millones correspondían a la deuda del sector público no financiero (SPNF) y los restantes US$16,388.9 millones restantes provenían de los pasivos del BCRD. Esto, en comparación con los US$4,447.9 millones de deuda pública consolidada al cierre del año 2000, significa un incremento 1,343.5%, es decir, se ha multiplicado más de catorce veces su valor.
Un incremento en el nivel de endeudamiento implica un mayor pago de intereses y tener que buscar más recursos financieros para amortizar la deuda. Es decir, esto implica mayores impuestos a los ciudadanos e, incluso, más endeudamiento cuando no son cubiertos con ingresos tributarios.
El ritmo de endeudamiento del Estado dominicano debe ser reducido de forma sostenible. Una forma de lograr este objetivo es con una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que ordene y fortalezca las finanzas públicas y una reforma al Código Tributario que simplifique el sistema tributario y reduzca incentivos a la evasión e informalidad.
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