
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Crédito Público y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en febrero de 2022 la deuda pública consolidada de República Dominicana (incluyendo deuda intergubernamental) se ubicó en 63.2% del PIB. Esto significa una reducción de 2.4 puntos porcentuales en comparación la ejecución en el año 2021. Sin embargo, en términos absolutos, a febrero de 2022, la deuda pública consolidada ascendió a US$67,682.0 millones. Es decir que, en comparación con el nivel de endeudamiento al cierre de 2021 de US$62,036.8 millones, la deuda pública consolidada creció en US$5,645.2. Un incremento neto de 8.3%.
Emplear la relación deuda sobre el PIB puede ser útil para realizar comparaciones entre países y en el tiempo. Sin embargo, este cociente presenta el inconveniente de que no constituye una medida que puede suministrar una idea certera sobre el riesgo que representa el nivel de endeudamiento en un determinado momento.
Una forma más apropiada para analizar la sostenibilidad de la deuda es utilizar un indicador que refleje la capacidad que tiene un gobierno para hacerle frente al compromiso de la deuda. Es por esto que desde el CREES hemos venido empleando la relación gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios (GIIT) para estos fines. De acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 aprobado por el congreso, el gasto en intereses representará un 24.9% de los ingresos tributarios estimados para este año; 4.9 puntos porcentuales más con respecto al GIIT de 2021 (20.0%).
Según el presupuesto 2022 aprobado, el servicio de la deuda pública –del cual los intereses representan el 65.2%– representará el 38.3% de los ingresos tributarios estimados para este año.
La alta cantidad de recursos que deben dedicarse para el pago de intereses, amortizaciones y cuentas por pagar, son consecuencia del endeudamiento en que ha incurrido el Estado Dominicano. Dicho endeudamiento a su vez no es más que el resultado de los constantes déficits registrados desde el 2000.
Es importante reducir el ritmo de endeudamiento del Estado dominicano de una forma sostenible. Para lograr esto es necesario controlar el gasto público y hacerlo más eficiente, es decir, obtener mejores resultados con los recursos de los contribuyentes.
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