Autor: Miguel Collado Di Franco

Este artículo fue publicado en la Revista Dominicana de Economía, número 11, 2023 de la Academia de Ciencias de la República Dominicana

Reto dominicano: reformas para un ambiente favorable al desarrollo

Lo peor de la pandemia de Covid-19 ha pasado. Ahora estamos lidiando con consecuencias que prevalecen. Los enfoques de políticas públicas debieran dirigirse a eliminar esas consecuencias y a crear un entorno favorable para el desarrollo económico; un proceso pendiente desde antes de la misma pandemia. Las reformas estructurales, dirigidas a ese propósito, han estado ausentes de las decisiones públicas desde la década de los años 1990.

Acciones ejecutadas desde el inicio de la pandemia hasta los actuales momentos han llevado a un crecimiento mayor del gobierno dominicano. El gasto público como porcentaje del producto interno bruto pasó de 16.7 % en 2019 a 18.2 % en 2022. El gasto por habitante también se incrementó de US$1,435.9 a US$1,940.8. La deuda por habitante lo ha hecho en 41 %. El gasto que debe realizar el gobierno para cubrir la deuda, incluyendo las transferencias al Banco Central, fue presupuestado en 26.3% como proporción de los ingresos tributarios de 2023.

El crecimiento del Estado dominicano se manifiesta de otras formas. El número de dependientes de ingresos mensuales recurrentes del gobierno pasó de 36.6% en junio de 2019 a cerca de 53.6% en la actualidad1 . ¿Cómo se explica este incremento? Por el aumento del número de beneficiarios de subsidios o transferencias directas de los programas de Supérate. También lo ha hecho por el incremento de los empleados y los jubilados públicos.

En la medida en que aumenta la dependencia de diferentes aspectos de la economía del gasto público, este adquiere un carácter estructural. En consecuencia, la demanda de recursos del gobierno en la forma de impuestos presentes y futuros —deuda pública— se hace mayor. La dependencia de la deuda en un ambiente internacional muy cambiante como el actual puede representar un riesgo sobre la economía dominicana. Episodios internacionales de crisis de deuda y de corridas bancarias han demostrado que las evaluaciones de calificadoras de riesgo, y de organismos de regulación, no son capaces de prever la reacción a los cambios de los inversionistas. Los bonos de un país solo tienen valor hasta el momento que los inversionistas así lo consideran.

El entorno habilitador o entorno favorable para el desarrollo de República Dominicana necesita cuidar la estabilidad; por eso estamos haciendo tanto énfasis en el estado en el cual se encuentran las finanzas públicas. El mismo entorno favorable para el clima de negocios amerita mejorar la competitividad. Ese ambiente favorable a los emprendimientos, de todo origen de capitales y de todos los tamaños, necesitan una serie de elementos entre los cuales se encuentran los que mencionamos a continuación.

1. Compromiso con la consolidación fiscal. Establecimiento de reglas fiscales que permitan ir reduciendo los déficits hasta llegar a tener superávits. La deuda nominal debería ir reduciéndose, tanto la del sector público no financiero como la del Banco Central. Esta última institución requiere de transferencias del gobierno central que permitan su capitalización. Si el gobierno central no puede cubrir sus déficits no podrá contribuir con la reducción de los pasivos del ente emisor.
2.  El sistema tributario dominicano debe ser visto como un elemento facilitador del crecimiento. Los impuestos juegan un rol de recaudación para el fisco, pero también son parte de las reglas de juego que condicionan el comportamiento de los agentes económicos. Para diseñar un sistema tributario que no entorpezca el desarrollo de un país, es necesario tener presente la última cualidad. Si predomina el espíritu fiscalista en el próximo intento de reforma tributaria, estaremos destinados a repetir la historia de anteriores modificaciones impositivas que no tienen los efectos recaudatorios esperados y mantienen los incentivos a permanecer al margen del sistema tributario, por la demanda de exenciones o exoneraciones, y por la informalidad y la evasión.
3. Reformar el componente de distribución y comercialización del sistema eléctrico. Los subsidios del año pasado a las EDE representaron cerca de US$1,445 millones. Este monto equivale al 9.2% de las recaudaciones tributarias o al 1.3% del PIB, o un tercio del presupuesto de educación preuniversitaria. Las pérdidas de electricidad son otro componente del problema fiscal, y de igual forma impacta sobre la competitividad del país. Depender de un servicio que es inestable y de baja calidad demanda inversiones adicionales para los emprendimientos y los hogares, principalmente en autogeneración; en consecuencia es un costo adicional para vivir y hacer negocios en República Dominicana.
4. Revisar costos de hidrocarburos y estructura del mercado de transporte. El de combustibles es un mercado que necesita modificaciones para contribuir a reducir costos en la economía dominicana. Tanto los impuestos como los márgenes fijados por resolución contribuyen a encarecer las actividades que dependen de los combustibles. De igual forma, la estructura del mercado de transporte lo mantiene con precios superiores a los de la mayoría de las economías de América Latina.
5. Marco regulatorio laboral genera costos y rigideces. Las regulaciones del mercado de trabajo de República Dominicana introducen rigideces e incrementan los costos laborales no salariales. En una economía moderna, en la cual el avance de nuevas tecnologías cambia el panorama laboral con una celeridad que no podemos prever, es imprescindible contar con un mercado flexible. 6. Costos de transacción judiciales y burocráticos. Los procesos judiciales demoran muchas decisiones importantes y encarecen las operaciones de las empresas. La mora y los costos judiciales se suman los costos de permisología a los costos transaccionales que enfrentan los emprendedor

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