Evolución del gasto corriente y de capital del Gobierno central de la República Dominicana
Entre 1990 y 2024, el gasto del Gobierno central ha crecido más que sus ingresos. Mientras los ingresos fiscales aumentaron 2,528% o, 26 veces, el gasto público ha pasado a ser 29 veces mayor. En otras palabras, aunque el país recauda mucho más que antes, gasta aún más, lo que ha generado déficits fiscales persistentes.
Para cubrir esa diferencia, el gobierno ha tenido que recurrir al endeudamiento. Pero el problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué se gasta. El crecimiento del gasto ha sido impulsado principalmente por el gasto corriente, que incluye pagos de nómina, subsidios, contratación de bienes y servicios, y pagos a los intereses de la deuda del Estado. En el periodo analizado, este gasto creció 4,993% y en términos nominales, paso de US$415.2 millones a US$21,150.0 millones. Mientras que el gasto de capital, que representa las inversiones del gobierno en obras, equipos e infraestructuras, creció 657% pasando de US$413.9 millones a US$3,133.7 millones en el mismo periodo.
Esto significa que una gran parte de la deuda se ha utilizado para financiar consumo presente. Financiar consumo presente con deuda no es una política acertada desde una perspectiva financiera. En adición, la deuda se traduce en mayores impuestos futuros, limitando la capacidad de los hogares y las empresas para invertir y generar riqueza.
Este patrón ha llevado a una presión creciente sobre la deuda pública, reduciendo el espacio fiscal disponible para inversiones en infraestructura. En lugar de aumentar la deuda para sostener el aparato burocrático, se requieren medidas orientadas a reducir, evaluar y mejorar la calidad del gasto público.
No obstante, la inversión de capital no debe recaer únicamente en el Estado. Es importante que se promueva una mayor participación de inversión privada proveniente de miembros de la sociedad civil, en donde puedan poner en riesgo su capital bajo contratos y licitaciones transparentes. La experiencia en sectores como la educación, la salud pública y el sector eléctrico, evidencian que el control de los servicios públicos por parte del Estado no necesariamente se traduce en una mayor calidad ni en menores costos para los ciudadanos. El objetivo debe ser tener mejores servicios e infraestructura con menor carga fiscal.
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