Autor: Daniel De Lemos
Fecha: 7 de noviembre de 2025
El sector minero como oportunidad para República Dominicana
La minería constituye un buen reflejo del marco institucional y regulatorio de un país. Su desarrollo depende en gran medida de la estabilidad de las normas, la eficiencia de los procedimientos y la seguridad jurídica que respalden la inversión. Los países que ofrecen reglas claras y procesos previsibles suelen atraer más capital, impulsando la exploración y el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales. En cambio, donde prevalece la incertidumbre o la discrecionalidad, los proyectos se retrasan, se encarecen o simplemente no se realizan.
La última edición del Annual Survey of Mining Companies 2024, elaborada por el Fraser Institute, presenta el Índice de Atractivo de Inversión Minera, que combina la calidad del entorno institucional y de políticas públicas con el potencial minero de cada jurisdicción. Este índice se ha convertido en una referencia internacional sobre la competitividad del sector, al mostrar cómo las condiciones institucionales influyen en la disposición de las empresas a invertir y desarrollar proyectos de largo plazo.
En este contexto, República Dominicana presenta un caso de especial interés. Aunque dispone de importantes recursos minerales y una industria con experiencia creciente, los resultados del índice muestran que su potencial no está siendo plenamente aprovechado. Comprender las razones detrás de esta situación permite no solo identificar los obstáculos específicos del sector, sino también reflexionar sobre los elementos estructurales que influyen en la inversión, la productividad y el crecimiento económico.
El presente análisis examina la posición de la República Dominicana en la última edición del índice, su evolución reciente y su desempeño en comparación con otras economías latinoamericanas. A partir de ello, se plantean algunas consideraciones sobre cómo un mayor avance en el marco institucional y el clima de negocios, orientado a mayor estabilidad, previsibilidad y competitividad, podría favorecer no solo la minería, sino también el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en la economía nacional.
Desempeño de República Dominicana en el Índice de Atractivo Minero
El análisis de los resultados del informe muestra que la República Dominicana continúa enfrentando importantes desafíos para atraer inversión minera. Si bien el país posee una base geológica relevante y una tradición extractiva en expansión, su desempeño en el índice refleja la necesidad de continuar fortaleciendo el marco institucional y regulatorio que rige la actividad.
El Índice de Atractivo de Inversión Minera se compone de los siguientes dos índices:
- Índice de Percepción de Políticas Públicas (Policy Perception Index, PPI)
- Índice de Potencial Minero (Best Practices Mineral Potential Index)
A partir de estos dos componentes, donde la percepción de políticas públicas pesa 40% y el potencial minero 60%, se obtiene la puntuación final del índice. De este modo, el indicador intenta reflejar tanto las condiciones naturales como el entorno institucional que influye en las decisiones de inversión.
En la última edición del índice, República Dominicana obtuvo una puntuación de 35.1 puntos, ubicándose en el puesto 75 entre 82 jurisdicciones evaluadas, mientras que en 2020 había alcanzado 56.5 puntos, posicionándose en el lugar 59 de 77.
La comparación entre ambos años, seleccionados por ser los únicos años con información disponible en el informe para el país, muestra una pérdida de atractivo relativo y absoluto.
En cuanto a los componentes del índice el país muestra los siguientes resultados:
El Índice de Percepción de Políticas Públicas evalúa factores como la estabilidad política, el sistema legal, la carga impositiva, la infraestructura, la calidad de la información geológica y la seguridad jurídica. En este componente, República Dominicana muestra un retroceso respecto a 2020, lo que sugiere que persisten percepciones de incertidumbre regulatoria, demoras en los procesos administrativos y carga y complejidad tributaria. No obstante, el deterioro no es estructuralmente irreversible: muchos de los factores evaluados pueden mejorar mediante reformas regulatorias y mayor claridad y calidad institucional.
Por su parte, el Índice de Potencial Minero, que asume un escenario hipotético de “mejores prácticas” regulatorias, ubica a República Dominicana entre las jurisdicciones con menor atractivo geológico percibido. Sin embargo, esta calificación no necesariamente refleja la realidad física del subsuelo, sino las limitaciones derivadas del bajo nivel de exploración. La falta de inversión en prospección, producto del entorno institucional adverso, reduce la información disponible sobre la verdadera riqueza mineral del país. En otras palabras, la percepción de bajo potencial puede ser más un síntoma de las limitaciones institucionales que una descripción del recurso geológico en sí.
Desempeño comparativo en América Latina y el Caribe
Los resultados muestran diferencias importantes entre los países latinoamericanos en materia de atractivo para la inversión minera. Aunque la región comparte un importante potencial geológico, los marcos regulatorios y la gestión del sector generan contrastes significativos en la disposición de capital para exploración y desarrollo.
En el ranking regional, Guyana encabeza la lista con 80.0 puntos, seguida por Chile (68.8) y Argentina (67.6). Estos países destacan por ofrecer entornos donde la regulación minera se percibe como más clara o predecible, y donde la gestión institucional del sector resulta más eficiente para las empresas. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse dentro del contexto minero: un mejor posicionamiento en este índice no implica necesariamente que dichos países posean instituciones más sólidas en sentido amplio, sino que las reglas específicas para la minería son vistas como relativamente más favorables.
Más abajo se encuentran Perú (61.2), México (54.5), Brasil (51.2), Ecuador (47.8) y Colombia (44.3), que presentan marcos normativos más complejos, aunque aún funcionales para atraer inversiones en determinados proyectos. República Dominicana, con 35.1 puntos, se ubica por debajo del promedio regional, pero por encima de Bolivia (30.0) y Surinam (24.9).
En el Índice de Percepción de Políticas Públicas, Guyana (80.1), Argentina (72.7) y Chile (66.2) encabezan la región. Su ventaja proviene, principalmente, de marcos normativos relativamente previsibles y de administraciones que han reducido la incertidumbre en los procesos de concesión o fiscalización minera.
República Dominicana, con 45.0 puntos, ocupa el sexto lugar regional, superando a México, Ecuador, Surinam, Colombia y Bolivia. Este resultado sugiere que, si bien persisten desafíos en materia de estabilidad regulatoria y gestión institucional, el país mantiene una posición intermedia y dispone de un amplio margen para mejorar.
En el Índice de Potencial Minero, Guyana, Chile, Perú y México encabezan la región, con puntuaciones que superan los 60 puntos. Estas jurisdicciones combinan una tradición exploratoria más amplia con políticas que facilitan el levantamiento de información técnica sobre sus recursos minerales.
República Dominicana, en cambio, registra una puntuación de 28.6 puntos, situándose en la parte baja del ranking, solo por encima de Surinam. Este resultado no necesariamente refleja una baja cantidad de recursos, sino la limitada exploración derivada de un entorno institucional mejorable. En la medida en que se reduzca la incertidumbre regulatoria y aumente la inversión en prospección, el país podría mejorar gradualmente su calificación en este componente, revelando un potencial geológico más acorde con su realidad.
Hacia una administración responsable de los ingresos mineros
La volatilidad en los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales plantea desafíos relevantes para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico de largo plazo. Cuando estos ingresos se destinan directamente al gasto corriente, su efecto se diluye rápidamente y no contribuye a fortalecer la capacidad productiva del país. Por el contrario, cuando se administran mediante mecanismos institucionales que favorezcan el ahorro y la inversión, pueden convertirse en una fuente estable de financiamiento para proyectos de impacto duradero.
En esa dirección, el CREES plantea en su Anteproyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal la creación del Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal (FESF). La idea central es establecer un mecanismo institucional que permita separar los ingresos extraordinarios del ciclo de gasto corriente, de modo que estos recursos no se consuman inmediatamente, sino que se administren con criterios de ahorro de largo plazo.
El FESF se nutriría de diversas fuentes de ingresos del Estado. Entre ellas se incluyen: los superávits fiscales de cada año; una parte de los ingresos provenientes de la venta o capitalización de activos públicos; una parte de los ingresos fiscales extraordinarios o que superen lo presupuestado para el año en cuestión; y una proporción significativa de los recursos derivados de las concesiones y explotación de recursos naturales y mineros.
Los recursos acumulados en el FESF tendrían tres finalidades principales. Primero, contribuir a la reducción gradual de la deuda pública, fortaleciendo la sostenibilidad fiscal y reduciendo la carga financiera futura sobre los contribuyentes. Segundo, apoyar el proceso de recapitalización del Banco Central. Y tercero, servir como respaldo para atender emergencias y desastres naturales.
Por su parte, las autoridades también han expresado interés en avanzar hacia un mecanismo con objetivos similares: asegurar que una proporción de los ingresos mineros pueda utilizarse para proyectos estratégicos y de largo plazo, y no únicamente para financiar gasto inmediato. La convergencia de estas perspectivas responde a una misma lógica económica: convertir ingresos transitorios en capacidad productiva sostenible.
La experiencia internacional muestra que la abundancia de recursos naturales no garantiza el desarrollo económico. Muchos países con grandes reservas minerales han permanecido estancados o incluso retrocedido debido a marcos institucionales inestables y a políticas centradas en la distribución inmediata de la renta. En cambio, las naciones que han logrado transformar sus recursos en bienestar duradero —como Chile, Canadá o Australia— lo han hecho mediante instituciones que permiten la inversión, la productividad y la creación de riqueza, en lugar de la asignación discrecional del ingreso. Cuando las reglas son estables, los derechos de propiedad están protegidos y el gasto público responde a criterios de sostenibilidad, la riqueza natural se convierte en una bendición, no en una trampa. En ese sentido, un fondo bien diseñado puede ayudar a que la riqueza minera no sea un fin en sí misma, sino el punto de partida para generar más y mejor capital, diversificar la economía y elevar la productividad de largo plazo.
Consideraciones finales
Los resultados del índice muestran que el potencial geológico de República Dominicana no está siendo totalmente aprovechado. Las debilidades en la seguridad jurídica, la complejidad y carga administrativa y la incertidumbre regulatoria no solo reducen el atractivo de la inversión minera, sino que también afectan a toda la estructura productiva del país. Un entorno donde las reglas son cambiantes o poco predecibles desalienta la formación de capital, condición indispensable para ampliar la capacidad productiva y elevar el nivel de vida de la población.
El capital, entendido como el conjunto de bienes, conocimientos y recursos acumulados que permiten emprender proyectos de mayor alcance, requiere de un marco estable y atractivo para orientarse hacia actividades productivas de largo plazo. Sin ese marco, los agentes económicos tienden a preferir operaciones de corto plazo o especulativas, limitando el desarrollo de sectores que exigen grandes inversiones iniciales y horizontes prolongados de maduración, como la minería, la manufactura o la innovación tecnológica.
Por ello, la mejora del entorno institucional no debe concebirse como una política sectorial, sino como una estrategia general de desarrollo. En un país con los recursos naturales y humanos de la República Dominicana, unas reglas claras, la protección de los derechos de propiedad y un sistema tributario competitivo y estable pueden multiplicar el efecto del capital privado. La inversión minera, además de generar divisas y empleos directos, puede convertirse en una plataforma para impulsar industrias complementarias y de mayor valor agregado.
En ese sentido, fortalecer el clima de negocios no es un objetivo exclusivo del sector minero, sino una condición para que el país aproveche de manera sostenible su potencial productivo. Un marco institucional sólido y de calidad, basado en reglas estables y en la previsibilidad de las decisiones públicas, permite que el capital se dirija hacia proyectos de largo plazo, transforme los recursos naturales en riqueza duradera y eleve la productividad general de la economía.
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