Autor: Karla Alcántara
Fecha: 12 de junio de 2026
Extraído de: Acento
El pago de intereses de la deuda ya consume uno de cada cinco pesos del presupuesto dominicano.
Las negociaciones entre República Dominicana y Estados Unidos sobre el arancel del 10 % aplicado a productos dominicanos continúan avanzando hacia una fase más estructurada, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Respecto a los US$ 440.39 millones recaudados por Washington mediante los aranceles, el MICM reconoció que esos pagos han sido realizados por importadores registrados en Estados Unidos y no por el Estado dominicano ni, de manera directa, por las empresas exportadoras del país.
Aunque sostuvo que sus efectos también repercuten en la economía dominicana, ya que estos costos pueden reducir la competitividad de los productos nacionales, presionar los precios de exportación y obligar a ajustes en los márgenes comerciales o a una pérdida de participación de mercado.
Sin embargo, la entidad estatal indicó que comprende las implicaciones económicas derivadas de estos costos, debido a que pueden trasladarse a lo largo de la cadena comercial y afectar precios, márgenes de ganancia y competitividad.
“República Dominicana negocia condiciones de acceso real a su principal destino exportador, procurando proteger su base productiva, mantener empleos —especialmente en zonas francas— y asegurar un entorno favorable para la inversión y el crecimiento exportador”, señaló el Ministerio al explicar qué busca el país en las conversaciones, pese a que los aranceles son pagados formalmente por importadores estadounidenses.
Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) lo planteó hace unas semanas a Acento.
“Ese dinero no le corresponde para nada al Gobierno dominicano ni al exportador dominicano. Quienes pagaron el arancel son los individuos, las empresas que realizaron la importación, porque es en la desaduanización del bien que se paga”.
Miguel Collado Di Franco.
Esto no significa que los exportadores dominicanos no hayan sufrido, pero el mecanismo de ese daño es distinto al que inicialmente se creyó ya que, a lo más, algunos importadores estadounidenses renegociaron precios con sus proveedores dominicanos para compensar el nuevo gravamen.
Esa negociación, si es que ocurrió, fue caso por caso, exportador por exportador. Como señaló Collado Di Franco, “de seguro que en muchos casos los exportadores dominicanos no hicieron descuentos, ni tienen acuerdos”.
De hecho, Vladimir Pimentel, subdirector del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), explicó que, en la práctica, las empresas y compradores suelen encontrar mecanismos comerciales para absorber o compartir los costos derivados de los aranceles, reduciendo así su impacto directo sobre las operaciones.
“Lo que hemos entendido es que los resultados de exportación se han mantenido en términos generales. Las empresas han seguido exportando, lo cual quiere decir que han buscado una solución de negocio y no nos hemos visto impactados como esa catástrofe que se veía venir”, expresó a Acento.
El Gobierno dominicano no es el reclamante, no puede serlo, y esa distinción, lejos de reducir su responsabilidad, la define con mayor precisión. De acuerdo con Collado Di Franco, su rol es entender esta guerra y alistarse para cuando los nuevos aranceles de Donald Trump.
Hasta el cierre de esta publicación, la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) no había respondido a la solicitud de información realizada por este medio, pese a varios intercambios sostenidos con su encargado de Comunicaciones.
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