Autor: Rafael Fornet
A finales de los años 80, Perú atravesó por una profunda crisis económica. Este periodo estuvo marcado por la hiperinflación, llegándose a registrar una tasa anual superior a 7,000%. Pero esta crisis fue el punto de ebullición resultante de las pésimas políticas económicas adoptadas en los años 70, donde se expropió y nacionalizó cientos de empresas, a la vez de implementar una rígida política de sustitución de importaciones.
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En 1990 asume un nuevo gobierno heredando un gran desbalance fiscal, registrándose un déficit equivalente a 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en ese año y una inflación de 7,650%.
En la Gráfica No. 2 se puede apreciar el comportamiento del crecimiento económico desde 1980 hasta 1990. Las tasas de crecimiento negativas que experimentó la economía peruana en el período 1988-1990, trajeron como consecuencia que al finalizar el 1990, el PIB real fuera un 26% menor que en 1987.
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Dada esta grave situación económica, el nuevo gobierno emprendió un paquete de reformas estructurales encaminadas a propiciar un crecimiento económico sostenido y estabilidad en los precios.
Política Fiscal
Para frenar el gasto estatal, y de esa forma equilibrar las finanzas públicas, se creó el Comité de Caja[1], el cual tenía como función autorizar los gastos mensuales de los ministerios en función de la disponibilidad de recursos que existiera. De esa forma se evitaba el endeudamiento de éstos.
Por el lado de los ingresos, se realizaron reformas tributarias en 1991 y 1994, que incluyeron la reducción del número de figuras impositivas de 68 a 5, disminución del impuesto a la renta de 35% a 30% y eliminación de distintas exoneraciones y regímenes especiales[2]. Estas medidas tenían como objetivo simplificar la administración tributaria y ampliar la base imponible. Además se descentralizó la recepción de los pagos de impuestos directos.
El resultado de estas medidas fue el aumento en los ingresos del gobierno, los cuales se han ido incrementando de manera consistente desde adoptadas estas reformas tributarias, como se puede apreciar en la Gráfica No.3.
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Política Comercial
Desde agosto de 1990, el gobierno comenzó una reforma arancelaria que tenía por finalidad reducir los precios de los bienes transables en la economía y fomentar la competitividad en los distintos sectores. Antes de agosto de 1990, existían 39 tasas arancelarias, con un promedio arancelario simple de 46.5%, siendo el mínimo de 15% y el máximo de 84%. A partir de esa fecha, el arancel máximo descendió de 84% a 50%. Y ya para 1999, en Perú solo existían dos tasas de aranceles, de 12% y 20%.
En el 2007, se profundizó la reforma arancelaria dejando a más del 50% de los bienes que ingresaban al país con una tasa arancelaria del 0%, lo cual ha reducido el arancel promedio simple hasta un 5.8% y el ponderado disminuyó a 3%. En la actualidad existen 4 tasas arancelarias (0%, 4%, 6% y 11%), y el 55.96% de los bienes ingresan al país con tasa 0%, el 33.54% con tasa de 6%, el 10% de los bienes con tasa arancelaria de 11% y con tasa de 4% ingresas el 0.03% de los bienes.
Privatización y Promoción de la Inversión Privada
En 1991 se publicó la Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado, motivada por el pobre desempeño que exhibían hasta ese momento las empresas estatales, las cuales de manera habitual arrojaban pérdidas y por consiguiente necesitaban recursos del Estado para continuar operando, situación que agravaba las finanzas publicas.
En esta Ley se establece como objetivo lograr la modernización, saneamiento y vigorización de las empresas estatales a través de la inversión privada. Esta inversión privada en las empresas estatales puede ser mediante la transferencia del total o una parte de las acciones, el aumento de su capital, contratos de asociación (joint ventures) o venta de los activos en caso de liquidación de la empresa.
En 1996 se aprobó la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y Servicios Públicos, con la finalidad de incentivar a los inversionistas privados a realizar obras de infraestructura bajo la modalidad de concesión.
En el 2002, se decide fusionar el ente encargado de las privatizaciones con el responsable de licitar las obras para concesiones, dando paso a un nuevo organismo denominado como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), que esta adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente se encuentran como funciones específicas para este organismo la ejecución de la política nacional de promoción de la inversión privada, concesionar las obras de infraestructuras de interés público, orientar a inversionistas en la gestión de trámites necesarios para materializar iniciativas y proyectos de inversión, entre otros.
Flexibilización del Mercado Laboral y Nuevo Sistema de Pensiones
En un período de 5 años (1991-1995), en Perú se emitieron una serie de Decretos Legislativos (DL), con el fin de flexibilizar el mercado laboral. Hasta 1991 en Perú existía una protección absoluta de la estabilidad laboral, donde el despido de un empleado era restringido a solo unas cuantas causas “justificadas”. El principal DL es el 728, que elimina la restricción de despido a solo causas justificadas, estableciéndose el libre despido, bajo el cual el empleador compensaría al empleado con una proporción de su sueldo por cada año trabajado.
En 1992 en Perú se establece el Sistema Privado de Pensiones (SPP) basado en la capitalización individual, convirtiéndose en el segundo país en el mundo en adoptarlo (después de Chile). Este consiste en la cotización de cada trabajador a una cuenta individual manejada por una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).
La aplicación de este sistema en Perú implicó un alivio a las finanzas estatales, ya que el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que opera como un esquema de reparto fue presionando las finanzas públicas en la medida de que el numero de trabajadores activos por cada jubilado descendió de 18 en 1980 a 7 en el 1992. Igualmente, se eliminó el manejo irregular de las pensiones, donde se concedían pensiones a grupos de personas que habían aportado por 5 años o menos al sistema.
Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal
En el año de 1999 se aprobó la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, que establece un tope de tres porciento (3%) al crecimiento del gasto del gobierno (excluyendo las aplicaciones financieras), una regla de superávit en momentos de crecimiento económico y un tope de 1% de déficit en momentos de estancamiento de la economía.
Más tarde, en el año 2003, se introdujeron modificaciones a esta Ley, renombrándola como Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Se introdujeron limites en las ejecuciones presupuestarias en años electorales, especificándose un tope de 60% de ejecución durante los primeros siete meses del año. En caso de haber un déficit (igual o inferior al 1% del PIB), durante los años electorales éste no podrá superar el 40% de su ejecución durante el primer semestre.
Como se observa en la Gráfica No. 4, luego de la implementación de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, se ha ido convergiendo al equilibrio fiscal y se han acumulado superávits fiscales. Estos superávits han sido destinados al pago de la deuda pública, lográndose la disminución del ratio de deuda/PIB de 48.9% en 1999 a 19.7% en el 2012.
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Gracias a las reformas estructurales que se tomaron a principio de los 90, Perú es uno de los países con mayor crecimiento económico de la región como se puede apreciar en la Gráfica No. 5.
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Este extraordinario crecimiento se ha experimentado al mismo tiempo que se observan las tasas de inflación más bajas en el Perú desde el año 1938. El crecimiento experimentado y las bajas tasas de inflación son el producto de reformas económicas acertadas, que los distintos gobernantes, a pesar de provenir de diferentes partidos políticos, han mantenido y fortalecido por el bien de Perú.
[1] Instituto Peruano de Economía. (2000). La Reforma Incompleta. Rescatando los Noventa. (R. Abusada, Ed.) Perú.
[2] Cuba, Elmer (2006). Desafíos de la Politica Fiscal en el Perú. (J. Portocarrero, Ed.) Lima, Perú: Consorcio de Investigación Económica y Social.
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