Autores: Ernesto Selman y Miguel Collado Di Franco
Introducción
Recientemente, la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó un proyecto de ley que crearía un colegio profesional de economistas, el cual fue referido al Senado para su debida sanción. En este artículo se proporciona la posición del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, Inc. (CREES) sobre ese proyecto de ley. La opinión de CREES se fundamenta en base al proyecto aprobado en la cámara baja y no en el proyecto original que circuló por distintas vías. La posición de CREES se circunscribe dentro de su mandato estatutario de promover sociedades libres y prósperas fundamentadas en el trabajo, la ética y la libertad económica.
Competencia y libertad de entrada
La historia nos enseña que el sistema económico que genera riquezas y mejor calidad de vida está fundamentado en que las personas puedan decidir, sin coerción ni violaciones a los derechos de los demás, qué profesión u oficio dedicarse, qué producir, qué comprar y consumir, a quién contratar, el uso de los ingresos que cada quien genera y el uso de la propiedad de cada quien según su propio parecer. Este sistema económico garantiza la competencia abierta entre suplidores para que sean los consumidores que, en base a sus valoraciones subjetivas, decidan quién es el suplidor que satisface sus necesidades. El intercambio voluntario es un factor clave de ese sistema económico, donde las partes involucradas en el comercio salen ganando y se agrega valor en la sociedad.
Los economistas procuramos limitar los monopolios, oligopolios, carteles y cualquier tipo de restricción artificial a la oferta de algún bien o servicio porque se concentra un poder dominante en pocas manos que termina perjudicando a los consumidores. Es posible que se difiera en el origen de cómo surgen los monopolios y las recomendaciones de políticas públicas para enfrentarlos, pero estamos de acuerdo que cuando se presentan, son perniciosos[1].
Como solución a las restricciones de mercado, los economistas estamos de acuerdo que la mejor vía es garantizar una competencia abierta y por eso promovemos la libertad de entrada a nuevos productores y/o suplidores en todos los mercados. Estamos convencidos que la competencia es beneficiosa porque se producen o comercializan bienes y servicios con mayor calidad a menores precios, con una diversidad capaz de atender a millones de personas dispersas en todo el mundo.
La gran mayoría de los economistas coinciden en que la competencia abierta, bajo reglas de juego que garantizan los derechos de los participantes y la libertad de entrada de nuevos suplidores, garantiza un proceso equitativo que agrega valor a toda la sociedad. En este ambiente de negocios sólo obtienen ganancias empresariales quienes los consumidores deciden, a través de sus compras y abstención de compras.
Las restricciones a la competencia y a la entrada de nuevos participantes en un mercado no son deseables porque concentran poder en pocas manos que terminan abusando de su posición dominante. En este otro ambiente de negocios, las ganancias no son empresariales porque no es en base a la competencia y el que satisface mejor a los consumidores quien se lucra, sino quien tienen mejores conexiones políticas y regulatorias para mantener su posición dominante.
En conclusión, es importante someter a la competencia a los suplidores de los distintos bienes y servicios, al tiempo que se garantiza la libertad de entrada de nuevos competidores en los diferentes mercados.
Proyecto de ley: mala idea para un ejercicio profesional libre
El proyecto de ley que busca crear un colegio de economistas en la República Dominicana persigue limitar el ejercicio de una profesión que por muchos años ha ofrecido sus servicios libremente. Los economistas han venido ejerciendo su profesión abiertamente en el sector público, privado y los organismos multilaterales acreditados en el país. El mismo Considerando Primero del proyecto de ley reconoce que los economistas del país poseen habilidades, destrezas y valores que les capacitan para la práctica profesional, “por lo que están preparados para enfrentar las demandas de los servicios públicos y privados”.
El proyecto de ley es contradictorio, busca regular y controlar el ejercicio profesional de los economistas, concentra el poder en pocas manos para decidir sobre sus actividades y conducta, limita la entrada al mercado a quienes el colegio decida otorgar certificación de válido para ejercer, impone cuotas a los economistas para ejercer su profesión y procura que los mismos tengan que cumplir con condiciones desconocidas que puedan emanar del colegio profesional.
La pieza legislativa bajo análisis llega al extremo de plantear un tribunal disciplinario para el cumplimiento de las disposiciones del colegio profesional. Además, busca restringir el accionar libre y voluntario de economistas y usuarios de sus servicios, busca limitar la competencia en el mercado y busca imponer el uso de los servicios de los economistas de manera obligatoria en los sectores público y privado. Ninguno de estos aspectos son deseables y por eso el proyecto de ley es una mala idea.
La experiencia internacional sobre legislaciones que limitan el ejercicio profesional es que éstas incrementan el costo de contratación de los profesionales regulados y hasta pueden ser fuente de desigualdad entre los distintos participantes. Los profesionales beneficiados por la legislación podrían ganar mayores ingresos, no por sus conocimientos, experiencia o por mejores servicios brindados, sino por la simple limitación de la competencia que puede imponer un colegio profesional al no otorgar una licencia. En este sentido, el éxito no viene otorgado por los usuarios de los servicios, sino por restricciones contenidas en una legislación. Por medio de la limitación de la participación de profesionales en la oferta de servicios, las legislaciones que restringen el accionar profesional se convierten en fuentes de rentas para aquellos individuos que logran beneficiarse de ellas.
En su Considerando Cuarto, el proyecto presupone que la colegiación es una garantía del ejercicio profesional apegado a principios científicos. Esto mueve a pensar cuál sería la base científica que debe regir a la economía. Existen, por lo menos, diez grandes escuelas de pensamiento económico que varían dependiendo del enfoque metodológico empleado[2]. De la misma forma, el Considerando Quinto del proyecto expresa que la colegiación es un espacio para “propiciar el consenso de los profesionales de la economía”. De nuevo, la diversidad de enfoques metodológicos impediría que pudiera existir un conceso dentro del colegio profesional que se busca crear, a menos que el mismo sea impuesto de forma arbitraria.
Ante la imposibilidad de llegar a parámetros científicos unificados y, por tanto, a estándares universales de tipo normativo, los términos que se establecerían para la regulación de la profesión serían, por necesidad, arbitrarios y autoritarios. Sobre todo porque la decisión de afiliación o no al colegio profesional no es una prerrogativa de los propios economistas. En el proyecto de ley se establece que la afiliación al colegio profesional sería compulsiva, dado que el Artículo 1 indica que éste será el “organismo que agrupará a los profesionales de la Economía en todo el territorio nacional”. Del texto se desprende que quienes no se adhieran a los preceptos incluidos en las normas que emanen del colegio serían lesionados en su ejercicio profesional.
En adición a la colegiación compulsiva, la ley facultaría al colegio profesional a sancionar a aquellos profesionales que no se acojan a los mandatos de la institución. El Capítulo VII del proyecto de ley contempla que el Tribunal Disciplinario podría imponer sanciones que irían desde amonestaciones orales y escritas, censura pública, multas económicas, suspensión y hasta la destitución. Ante la imposibilidad de que la colegiación sea voluntaria, y con el tipo de facultades que la ley le otorgaría al colegio profesional que se busca crear, el ejercicio de la profesión de la economía en República Dominicana estaría determinado por lo que establezca el Tribunal Disciplinario que se plantea.
La realidad es que el mejor mecanismo para un ejercicio profesional ético de alta calidad viene inducido por la competencia, la libertad de entrada de nuevos competidores y la libertad de los usuarios de elegir libremente a quienes entiendan pueden brindarles mejor servicio. Tanto en la profesión de economista como cualquier otra, quienes provean servicios profesionales de baja calidad serán sancionados por los usuarios. Concentrar el poder de premiar y castigar en pocas manos interesadas a quienes ejercen su profesión es una idea mala que no debe aplicarse en ningún área de la economía. Ese sistema de premios y castigos debe permanecer en el ámbito de los usuarios o demandantes de los distintos bienes y servicios.
Conclusión
Los seres humanos tenemos dos formas de generar mayores riquezas e incrementar nuestros ingresos. La primera vía es mediante actividades que aumenta el bienestar de los miembros de la sociedad por medio de la cooperación libre e intercambio voluntario. La otra se fundamenta en la limitación de la competencia, obtención de privilegios y/o transferencias de riquezas, la gran mayoría de las veces amparadas en legislaciones o regulaciones (protección explícita); otros se amparan en quienes ostentan el poder político en las instancias burocráticas estatales (protección implícita). Los ingresos obtenidos de esta última forma caen dentro de lo que los economistas llaman búsqueda de rentas, que son ingresos generados sin haber agregado algún valor en el intercambio; es decir, sin haber aumentado la riqueza en la sociedad. Esta sería la consecuencia de la aplicación de la ley bajo análisis.
El proyecto de ley que busca crear un colegio de economistas en la República Dominicana limitaría la competencia en el mercado, perjudicando a los usuarios de los servicios que ofrecen los economista. En principio, esto tiene implicaciones importantes porque todos los negocios necesitan de análisis y proyecciones económico-financieras. Con limitaciones de la competencia se deteriora la calidad de los servicios, se incrementan los precios y se limita el potencial económico que pueda tener cada emprendimiento; esto tendría repercusiones en toda la economía.
Es contradictorio que los economistas profesemos y recomendemos competencia abierta y libertad de entrada para todos los mercados, mientras en el mercado de los servicios que ofrecen los economistas aboguemos por limitarlas. De nuevo, siempre es recomendable someter a la competencia a todos los suplidores de los distintos bienes y servicios, al tiempo que se garantiza la libertad de entrada a nuevos competidores. En consecuencia, el Senado de la República debe dejar perimir el proyecto de ley que busca crear un colegio profesional de economistas por el bien de la República Dominicana.
[1] Desde nuestra perspectiva, las restricciones a la competencia que dan lugar a estructuras de mercados poco competitivas (monopolios, oligopolios y carteles, entre otras) sólo puedan mantenerse en el tiempo a través de alguna protección implícita o explícita del Estado. Si las reglas permiten libertad de entrada siempre aparecerán emprendedores/capitalistas que querrán obtener parte de las ganancias monopólicas que puedan estar percibiendo quienes gozan de ellas.
[2] Entre las escuelas de pensamiento económico más importantes podemos citar la mercantilista, clásica, marxista, austriaca, keynesiana, neoclásica, estructuralista, monetarista, institucionalista y teoría de elección pública (public choice).
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