A propósito del comercio ilícito en República Dominicana

Autor: Miguel Collado Di Franco

 

 

En República Dominicana preocupa cada vez más el tamaño de la economía informal. La misma tiene altos niveles de prevalencia y permea muchas de las actividades económicas que se producen localmente[1]. Dentro de las actividades informales, o al margen de la ley, llama la atención un componente cada vez más importante: el comercio ilícito. En particular, nos referimos a bienes legales que son vendidos o producidos sin cumplir con normas legales, que ingresan de contrabando o que son falsificados.

Entendemos que es esencial tener en cuenta que las actividades al margen de la ley se realizan si se percibe que las mismas pueden ser rentables. En consecuencia, todo análisis sobre la informalidad debe partir de cuáles elementos hacen que las actividades ilícitas resulten rentables. Es decir, cuáles incentivos son los que prevalecen para que individuos destinen recursos a estas actividades, a pesar de su carácter ilegal y de los riesgos que les represente dichas prácticas.

Para empezar, es necesario tener en cuenta que República Dominicana es una economía de altos costos, que provienen de diferentes fuentes: 1) precios de combustibles más altos que en Centroamérica, y entre los cuatro países más altos de América Latina; 2) tarifas de transporte de carga por kilómetro más caras que en Centroamérica; 3) altos costos de autogeneración eléctrica; 4) altos costos laborales no salariales que encarecen la contratación de mano de obra formal; y 5) un sistema judicial que encarece los costos de transacción en la economía. Todos estos son costos transversales que encarecen hacer negocios y vivir en República Dominicana.

En adición, los factores anteriores contribuyen a ingresos menores en la economía. Como hemos argumentado anteriormente, las condiciones que prevalecen en la economía dominicana hacen que las remuneraciones de los empleados sean inferiores ya que las mismas actúan como un mecanismo de ajuste para compensar por los altos costos prevalecientes[2]. En consecuencia, la prevalencia de bajas remuneraciones, y altos niveles de pobreza, hacen que la capacidad de compra de los dominicanos sea baja. Es decir, el dominicano promedio posee ingresos limitados para poder adquirir bienes y servicios, muchas veces esenciales.

Sobre esta realidad incide un elemento adicional que afecta los precios e ingresos dentro de la economía: el sistema tributario. A los altos costos internos, se le adiciona un componente que encarece aún más vivir y hacer negocios, y que reduce la capacidad de los agentes económicos de generar ingresos a partir de actividades productivas.

De forma más específica aún, cuando los impuestos encarecen los bienes de una economía, sus compradores tenderán a buscar alternativas más baratas. Ante la existencia de un mercado de personas que desean opciones de bienes similares a precios más bajo, surgirá un incentivo paralelo sobre personas que tratarán de suplir el producto en cuestión.

Existen dos tipos de bienes que ilustran esta situación, debido a la alta carga impositiva unitaria que recae sobre los mismos. La Ley 253-12 de noviembre de 2012 incrementó los Impuestos Selectivos al Consumo (ISC) a bebidas alcohólicas y cigarrillos, e introdujo un incremento programado de esa figura impositiva. En adición, incrementó otro gravamen que afecta a esas mercancías, el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Ante esta realidad, era de esperarse un aumento en la incidencia del ilícito en el comercio de alcoholes y cigarrillos debido al mayor porcentaje de impuestos con que se estaban gravando esos productos[3].

A pesar de que el propósito del incremento de las tasas impositivas era aumentar las recaudaciones, el resultado ha sido hacer más rentable el mercado del ilícito. Como se aprecia a partir de los gráficos, la realidad ha demostrado que las recaudaciones no se han incrementado para bebidas alcohólicas y para cigarrillos a pesar de que la Ley 253-12 dispuso incrementos anuales en las tasas del ISC. En cambio, el incremento se ha producido en el volumen del mercado informal de estos productos[4].

 

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”3990″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 408px; width: 657px;”}}]]

 

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”3991″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”style”:”height: 384px; width: 657px;”}}]]

 

¿Cuáles son las consecuencias de mantener una economía de costos altos y un sistema tributario que incentiva la informalidad en sus diferentes aspectos? En sentido general, surge un atractivo a la búsqueda de alternativas al emprendimiento realizado dentro de la legalidad. En lugar de tener emprendedores desarrollando modelos de negocios dentro de los parámetros de la ley, crece la búsqueda de rentabilidad a partir del comercio al margen de las legislaciones existentes.

A los factores económico que mantienen alta la rentabilidad de las actividades fuera de la ley, es necesario agregar las debilidades institucionales prevalecientes en el país. El Índice de Imperio de la Ley resalta, en sus diferentes ediciones, resultados no favorables para el país en elementos como la corrupción, el orden y seguridad, y en el cumplimiento de las regulaciones.

 

Conclusión.

El comercio informal de bienes en República Dominicana, como en cualquier parte del mundo, debe ser analizado a partir de los elementos que hacen que sea rentable. Si bien existe debilidad en elementos institucionales relacionados al cumplimiento de las regulaciones locales, existen factores que aumentan la rentabilidad de los bienes comercializados de forma ilícita.

El primer paso en la reducción de este tipo de comercio, y de la informalidad en sentido general, es reconocer cuáles reformas son necesarias para crear un ambiente de negocios que no cree altos diferenciales de precios entre los bienes producidos y comercializados de forma legal, y aquellos que pueden ser transados al margen de la ley.

Una de las principales reformas para reducir estos diferenciales de precios sería una Reforma Integral al Código Tributario. El Código Tributario actual, incluye fuertes incentivos para la actividad informal. El efecto de estos incentivos se refleja tanto en el aumento del volumen de las actividades informales, como en ingresos inferiores a los que se previeron al momento del diseño de las modificaciones que ha sufrido el sistema tributario prevaleciente.

 

Vistas Totales 529 , Vistas Hoy 2