Como parte de su mandato estatutario de promover una sociedad libre y próspera fundamentada en el trabajo, la ética y la libertad económica, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, Inc. (CREES) se sumó a la recién creada coalición “Acción por la Justicia y la Seguridad” que integran un total de 15 organizaciones de la sociedad civil. La sociedad dominicana observa el deterioro del orden institucional que se ha evidenciado desde inicios del milenio, donde la discrecionalidad, los privilegios, la corrupción y la impunidad juegan un papel importante en su desenvolvimiento. Por otro lado, la seguridad jurídica no está completamente garantizada y la ciudadanía se siente cada vez más amenazada por la criminalidad, donde los llamados a garantizar el orden muchas veces son parte del problema.
Desde CREES hemos abogado por una justicia independiente, ágil, accesible e imparcial para brindar un ambiente conducente a la inversión, la producción y la generación de empleos y riquezas. Instituciones jurídicas, policiales y de investigación confiables son fundamentales para promover una sociedad libre. En adición, CREES ha abogado por fuertes instituciones que protejan la vida, libertad y propiedades de los ciudadanos. Una sociedad que ve amenazada la propiedad y la vida constantemente termina limitando el potencial de los ciudadanos para ser productivos, sociables y vivir en paz.
Por estas razones, CREES anuncia que con mucho entusiasmo se sumó a esta coalición. En adición, agradece a los demás miembros de la coalición “Acción por la Justicia y la Seguridad” por elegir a CREES como parte de su primer Consejo Directivo que integran otras tres organizaciones. Confiamos en que la Coalición promoverá cambios reales en la justicia y todos los órganos del Estado vinculados a ella para consolidar una sociedad libre en beneficio de todos los dominicanos.
Coalición Acción por la Justicia y la Seguridad
Declaración de Propósitos
Ante el llamado a una Cumbre Judicial Nacional (CJN) realizado por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), y tomando en cuenta la situación de crisis y desconfianza que afecta al sistema de justicia, y su impacto en la seguridad ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil abajo identificadas han iniciado el proceso de formación de una coalición denominada Acción por la Justicia y la Seguridad (La Coalición), con la finalidad de unir fuerzas en la identificación de las causas que afectan al sistema de justicia, elaborar propuestas que puedan ser presentadas y defendidas en la CJN, y darle seguimiento a la ejecución de las mejoras que deberán emprenderse.
Esta coalición trabajará en forma abierta con todos las organizaciones e instituciones sociales comprometidas, a fin de recoger sus propuestas, estudiarlas, ampliar su soporte teórico y práctico, si fuese necesario, y presentarlas y defenderlas en la CJN, por lo cual en una primera fase se realizarán esfuerzos a nivel nacional para recoger las inquietudes y propuestas existentes, sobre todo aquellas que mejoren la seguridad ciudadana.
Las propuestas serán divididas de acuerdo a las autoridades a las que les corresponda su ejecución, sean estas la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público, el Poder Legislativo, la Policía Nacional, entre otras.
En razón de que la justicia es de interés general, todos los sectores sociales deben ser incluidos y deben tratar todos los temas relacionados con el funcionamiento del sistema de justicia, en el marco de la CJN, por lo que los criterios de trabajo serán incluyentes e integrales y enfocados en mejorar la justicia y la seguridad ciudadana.
Partiendo de este criterio de integralidad, las falencias existentes deben ser identificadas en todos los que forman parte del sistema de justicia, desde los jueces, fiscales, defensores públicos y personal administrativo, hasta los abogados, notarios y alguaciles, con énfasis en la Policía Nacional. Por igual deben examinarse los otros poderes y órganos del Estado que se relacionan con el sistema de justicia, como el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Consejo Nacional de la Magistratura, y a lo interno el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público, y sus distintas dependencias.
Merecemos y debemos lograr una justicia accesible, sobre todo para las personas de escasos recursos; eficiente, lo que implica decidir los casos en tiempo oportuno; capaz, por lo que deben mejorarse sustancialmente las destrezas de sus integrantes, y de esta manera alcanzar una justicia de calidad y digna; ética, pero con un régimen de consecuencias eficaz para los transgresores, independiente e imparcial, tanto a lo interno como a lo externo, con medidas que pongan fin a la notable y creciente influencia partidaria, y de cualquier otro sector. En fin, la justicia debe recuperar su rol de garante de la seguridad ciudadana.
En el pasado se ha convocado a diálogos en momentos de crisis solo para calmar a la opinión pública, sin la voluntad de cumplir con los resultados que arrojen. Confiamos que en esta ocasión será diferente y se aprovechará la crisis existente para producir los cambios que necesita nuestro sistema de justicia.
Miembros:
Acción Empresarial Por la Educación (EDUCA)
Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH)
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM-RD)
Centro Bonó
Centro Juan XXIII
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES)
Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado (COLADIC-RD)
Foro Ciudadano
Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS).
Observatorio Migrantes del Caribe (OBMICA)
Participación Ciudadana
Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas
Poder Ciudadano
Pro-Familia
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