Ayer miércoles 8 de mayo, el gobierno dominicano anunció un acuerdo preliminar para modificar el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) entre el Estado Dominicano y la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Entre los puntos a destacar que se derivan de lo acordado en el Memorándum de Entendimiento entre las partes, se encuentra la estimación de que los ingresos que recibirá el gobierno dominicano durante la duración de la explotación se incrementarán en más de US$1,500 millones y el monto global pasaría de US$10,000 millones a US$11,600 millones; un incremento porcentual de un 16%, asumiendo un precio del oro de US$1,600 por onza.
Para el actual gobierno, los ingresos esperados, una vez sea ratificado este acuerdo (y de mantenerse los supuestos de precio del oro y cantidad de onzas extraídas), se esperan que asciendan a US$2,200 millones. Este es el monto que se espera representen los ingresos entre 2013 y 2016. Se entiende, a partir del anuncio de ayer, que la administración actual será la que se beneficiará de la entrada de los nuevos flujos resultantes de la negociación. En términos generales, resulta ser una buena negociación, principalmente para el gobierno actual.
Una vez culmine la negociación, sino antes, las autoridades deberían anunciar cómo planifican invertir el dinero adicional que percibirá el gobierno actual. En otros países, como es el caso de Ecuador, existen fondos especiales a los que se destinan, por ley, los ingresos resultantes de la extracción de recursos naturales y son administrados en forma de fideicomiso. En vista de que la vida útil de la mina está estimada en 25 años, es muy importante que desde ahora se diseñe un mecanismo legal que permita la administración eficiente de estos fondos que provienen de la explotación de un activo no renovable del país.
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