La economía dominicana generó US$150.6 millones por día durante 2011. La generación de riquezas del Estado está relacionada con la estabilidad y garantía que ofrecen las instituciones públicas garantes de que funcionen correctamente los eslabones que permiten el crecimiento. Para que esto suceda deben concatenarse una serie de variables que están bajo la tutela de una sombrilla: el Gobierno.
Si el Estado dominicano ha funcionado durante los 168 años de su fundación, con sus altas y sus bajas, ha sido porque ha tenido un administrador que lo hace funcionar o que por lo menos permite o incentiva las condiciones para que eso suceda.
De manera directa o indirecta, el Estado, administrado por el gobierno, se convierte en la zapata o base para que entre la inversión privada extranjera y local, estableciéndose en él empresas de capital mixto, incluyendo de origen dominicano.
Las autoridades a cargo de la administración estatal son los responsables de transmitir la seguridad que requieren los inversionistas para generar empleos y riquezas.
En la medida en que más empresas se establezcan y se sientan con la confi anza de hacer nuevas inversiones, en esa misma proporción crecen las posibilidades del gobierno de recaudar más recursos a través de impuestos y tasas aduanales, generar más empleos y provocar el efecto multiplicador que se genera en la economía a través de estas actividades.
El gobierno es un conjunto de instituciones que trabajan para garantizar que el Estado genere riquezas y dé estabilidad a los que hacen vida económica, ciudadana y social dentro de él. Para que el ingreso per cápita de los dominicanos haya crecido de US$2,548 en 2004 a US$5,406 al fi nalizar 2011 debieron combinarse una serie de variables que produzcan estos resultados.
Independientemente de quiénes estén al frente de las instituciones públicas, estas juegan un papel de primer orden. En el caso dominicano hay 20 ministerios asentados en el organigrama estatal, según el Ministerio de Administración Pública. Además, aparecen como dependencias públicas 272 instituciones, incluyendo direcciones generales, ofi cinas de desarrollo, comisiones y otras similares.
Los ministerios dependencia del Gobierno central son de Administración Pública, de Deportes y Recreación, de Industria y Comercio, de la Juventud, de Relaciones Exteriores, de Interior y Policía, de Economía, Planifi cación y Desarrollo, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de Trabajo, de Agricultura, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud Pública y Asistencia Social, de Hacienda, de Educación, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Turismo, de la Presidencia, de Cultura, de la Mujer y de las Fuerzas Armadas. Hay instituciones con rangos y funciones similares, pero no aparecen como tales.
Carta Magna
La Constitución, en su artículo 50, se refiere a la libertad de empresa. Establece que el Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria, estableciendo que todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en la Constitución y las que establezcan las leyes.
Sin embargo, establece que no se permitirán los monopolios, salvo en provecho del Estado, pero dice que la creación y organización de esos monopolios se harán por ley. Otro de los enunciados que dan garantías a la inversión se identifi ca cuando la Constitución señala que el Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional. La carta magna también indica que el Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país; otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental.
Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, es uno de los técnicos y funcionarios más indicados para referirse a la importancia del gobierno como un ente generador de riquezas, empleo y condiciones de estabilidad para que se establezcan inversiones en el país.
Explica que Gobierno está conformado por los ministerios, que anteriormente fueron las secretarías de Estado, las direcciones generales y nacionales, y algunos órganos ad hoc que se han creado dentro del proceso de desarrollo de la administración pública.
Según Ventura Camejo, las entidades descentralizadas fueron creadas fundamentalmente como una promoción de la Comisión Economía para América Latina y el Caribe (Cepal) y otras entidades u organismos internacionales con la idea de que sirvieran de modelo para los procesos de autogestión, de desconcentración, que se había iniciado en la década de los 70, pero también están sujetas a los mismos principios de la administración pública.
Están también las entidades autónomas que gozan de una serie de atributos, como son los ayuntamientos, pero igualmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otras instituciones.
Según el ministro de Administración Pública, todas estas divisiones tienen sus especifi caciones y de todos modos son más formales porque están sujetas a procedimientos, como es lo que establece la Ley de Auditoría, la cual abarca a todas las entidades que reciben fondos públicos.
De igual manera, indicó, la Ley de Acceso a la Información Pública es aplicable a todas las instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas del Estado. Un hecho de primer orden que considera loable es que el Gobierno está incentivando el uso de las tecnologías de la información.
Dentro del Gobierno central también todas las superintendencias (Electricidad, Bancos, Seguros, Seguridad Privada, Riesgos Laborales y otras) y las direcciones generales de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA).
En el caso de DGA y DGII son entidades adscritas al Ministerio de Hacienda, aunque sí tienen independencia presupuestaria. “No puede haber una entidad pública que no esté adscrita a una institución superior o jerárquica, en este caso Hacienda”, explicó.
Según el funcionario, se está produciendo toda una revolución en la administración general del Estado, la cual ha sido promovida por el presidente Leonel Fernández con un conjunto de normativas, reformas legales y constitucionales que por primera vez le dio carácter constitucional a todo lo relativo a la función pública, dándole una dimensión de profesionalización y de carrera administrativa, así como todo lo relativo a la organización.
Destacó que los cambios que se han presentado en la administración pública han sido avances, prueba de lo cual está en que a la fecha hay 55,000 empleados públicos, cifra que consideró signifi cativa para cualquier país de América Latina, ubicando a República Dominicana en el primer grupo de países que han logrado desarrollar y consolidar un sistema de profesionalización de la función pública a través de la carrera administrativa.
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¿QUÉ SIGNFICA SER DE LA FUNCIÓN PÚBLICA?
En primer lugar está concebido para que el Estado y las administraciones públicas cuenten con una memoria histórica, con un conjunto de hombres y mujeres que han ingresado al servicio público por su mérito y por lo tanto no son permeados por los cambios políticos, sino que ejercen su función porque han sido reclutados a través de la aplicación de procedimientos de selección y reclutamiento acorde con las herramientas de la administración.
La Carrera Administrativa permite reclutar personas con capacidad profesional con una experticia que responde a las exigencias del cargo.
Si usted está incorporado a un cargo de carrera es porque usted tiene un dominio de sus atribuciones, un dominio del conocimiento, pero también de un desempeño demostrado con evaluaciones que abarcan pruebas sicométricas; no solo con el título académico, sino también un proceso de evaluación técnica, lo que significa que usted es capaz de adecuar sus conocimientos a las exigencias, o sea, una persona idónea para gestionar ese servicio enfocado en el ciudadano.
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