Autor: Pedro Silverio Alvarez
Fuente: www.diariolibre.com
Fecha: 04 Abril 2014
"Promover una reforma profunda y la profesionalización del servicio exterior de la República Dominicana… Revisar y priorizar las labores de las embajadas y Consulados dominicanos en el exterior, conforme a una estrategia política basada en el interés de la nación para el desarrollo económico, político, turístico y cultural de la República Dominicana." (Plan de Gobierno, 2012-2016)
Han sido motivo de gran controversia las revelaciones de que la Cancillería dominicana se maneja con un personal supernumerario, tanto en el país como en las legaciones oficiales ante gobiernos y organismos internacionales. Se da cuenta de que empleados y funcionarios con designaciones en el extranjero viven regularmente en nuestro país. En muchas embajadas y consulados no es posible sentar al mismo tiempo a todos sus designados y, por lo tanto, lo que ocurre es que los innecesarios no asistan a su presumido lugar de trabajo. Recientemente, una reputada diputada -con experiencia en el servicio exterior- calificó a nuestra cancillería como el "hazme reír a nivel internacional", dada la extraordinaria cantidad de servidores que tenemos en organismos como las Naciones Unidas y la OEA.
Son muchos los efectos mediatos e inmediatos que esta situación tiene sobre la calidad de la representación del país en escenarios donde se supone que la promoción de nuestras ventajas como destino de inversión y de turismo es una prioridad de la presente administración. La redundancia de personal obliga a que los niveles salariales sean, por lo general, muy bajos. Muchos talentosos profesionales que hacen carrera en el servicio exterior -y que realmente trabajan- no reciben un salario más digno como consecuencia de que otros cobran sin trabajar. Eso se puede apreciar en la cantidad de bajos salarios que más bien son un indicador de que realmente se trata de un subsidio social. Sueldos de novecientos o mil dólares no permiten vivir decentemente ni en Estados Unidos ni en Europa. Al final de cuentas, tenemos un grupo de servidores desmoralizados y sin esperanzas de que la situación cambie.
Pudiera parecer que el exceso de personal es exclusivo de la Cancillería; pero no es así. En términos relativos, la burocracia oficial cuenta con una empleomanía que es casi cinco veces mayor que la de muchos países desarrollados. De esta forma, alrededor del 15% de quienes tienen un empleo en la República Dominicana lo tienen en el aparato estatal. Es una proporción extremadamente alta. De hecho, la nómina pública prácticamente se duplicó entre los años 2006 y 2012, al pasar de RD$ 43,275 millones a RD$87,770 millones. Y la tendencia que ha seguido en el 2013 indica que sigue creciendo a un ritmo bastante acelerado. Según los datos de la Dirección General de Presupuesto, al cierre de noviembre la partida de remuneración a empleados había ejecutado más de RD$94,000 millones. Cuando se incluya la ejecución de diciembre, el monto de esta partida superará -holgadamente- los RD$100,000 millones, para un crecimiento porcentual cercano al 17%, muy superior al 12% que se había presupuestado. Hay instituciones del Estado que el exceso de personal es tan grande que el 50% que trabaja tiene que tomar turnos durante la semana para poder tener un lugar donde sentarse. Es decir, no pueden trabajar todos los días. Como se puede apreciar no es una situación exclusiva de la Cancillería Dominicana. Basta con escuchar las denuncias que ha hecho el nuevo Rector de la UASD en cuanto al manejo de la nómina de esa institución académica.
En el presupuesto del presente año se contempla que la nómina siga creciendo, al consignarse un monto de RD$113,440 millones, para un crecimiento esperado cercano al 15%. A esa velocidad, la remuneración a los empleados del Estado pudiera duplicarse cada seis años. En cambio, una depuración rigurosa de la misma, de acuerdo con un experto en el manejo de la nómina pública, podría reducir su monto en un 50%, al eliminar duplicidades y triplicidades en la remuneración de quienes no trabajan.
No se debe perder de vista que la nómina representa cerca del 20% del presupuesto nacional y que, por lo tanto, hay otras partidas que pueden ser objeto de una mayor racionalización. El tema nos lleva, de nuevo, a la necesidad de abordar la reforma del gasto público desde una perspectiva que privilegie el futuro del país, pues no es posible garantizar la viabilidad de la nación sin que se produzca el indispensable saneamiento de las finanzas públicas. Hasta ahora, los excesos del gasto público han sido cubiertos con endeudamiento y con la austeridad del sector privado, lograda mediante las sucesivas reformas impositivas. Ha llegado el momento de llevar una verdadera austeridad a la gestión pública, vía un redimensionamiento del gasto. Es una tarea que pudiera parecer quijotesca por los costos políticos que implicaría. No estamos seguros de que el gobierno esté en la disposición de asumir esos costos, dado el celo con el que ha protegido su capital político.
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