Autor: Milton Morrison
Fuente: www.listindiario.com
Fecha: 29 Agosto 2014
El título de este artículo me lo sugirió un amigo, y el mismo podría llevar la imaginación del lector a pensar que abordaremos el tema de la vinculación del sector eléctrico con los denominados Ni-Ni (personas que ni estudian ni trabajan); o tal vez que analizaríamos si quienes están involucrados en el sector eléctrico estudian o trabajan.
La realidad es que no abordaremos ni una cosa ni la otra. Analizaremos las razones que nos llevan a pensar que bajo las coyunturas actuales ni el sector público ni el sector privado por sí solos pueden darle una solución definitiva al problema eléctrico.
La República Dominicana tiene una industria eléctrica mixta con una participación muy alta del sector público en todos los segmentos de la industria; el Estado es propietario y tiene control absoluto de los segmentos de distribución, transmisión, hidroeléctricas, instituciones reguladoras (SIE y CNE); y además tiene una participación importante en el segmento de la generación interconectada. El sector privado tiene incidencia en la generación donde es dueño 100% de poco más del 50% de la capacidad disponible.
Por naturaleza, las industrias eléctricas son de capital intensivo por la gran cantidad de dinero y financiamientos que requieren para producir bienes y servicios. Manteniendo la actual estructura organizacional y operativa del sector eléctrico, las inversiones que se proyectan en generación, para reducir el déficit financiero en la distribución, en transmisión, el monto anual de las transferencias y subsidies así como la deuda del gobierno con suplidores privados; incluyendo la que tiene con los generadores, representan una inversión total de US$ 9,000 millones para los próximos cuatro años.
El desglose de esos US$9,000 millones que requiere el sector es de la siguiente manera: US$2,700 millones para financiar la construcción de las plantas a carbón del gobierno ,la nueva terminal de gas natural que plantea el consorcio Antillean Gas, la conversión de CESPM a gas natural y la conversión a ciclo combinado de Dominican Power Parnerts (DPP). Según las entidades oficiales, las distribuidoras de electricidad (EDEs), requieren una inversión de alrededor de US$800 millones para reducir las pérdidas en los próximos cuatro años; la empresa de transmisión (ETED), necesita US$495 millones de acuerdo a su plan de trabajo; el subsidio eléctrico proyectado para los próximos cuatro años se estiman en algunos US$4,500 millones; y la deuda acumulada del gobierno con suplidores, principalmente con los generadores supera los US$700 millones.
¿Puede el sector público financiar todas las inversiones con recursos propios o financiamientos? El déficit fiscal acumulado en los últimos 15 años es alto, lo que ha derivado en un endeudamiento público interno y externo que hace poco viable que el gobierno disponga de recursos para financiar todas las inversiones que requiere el sector.
Cabe mencionar que la deuda pública a julio del 2014 alcanza los US$24,232 millones de dólares de los cuales según informes del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), ese monto no incluye la deuda del Banco Central, ni los préstamos y cuentas por pagar de algunas corporaciones públicas no financieras como el caso de la CDEEE.
¿Puede el sector privado financiar todas las inversiones con recursos propios o financiamientos? Obviamente que no, bajo la estructura actual el sector privado no tiene radio ni influencias en la toma de decisiones de la industria más allá del ámbito de la generación.
Por tanto, será difícil canalizar y hacer inversiones en áreas que no controla ni tiene incidencia. Además, el capital privado invierte bajo la lógica económica que espera un retorno a su inversión, y en la lógica de las empresas públicas la historia demuestra que ese no es el criterio que prima en sus operaciones.
La relación público-privada que reditúa beneficios mutuos es aquella que se ampara en un Estado de derecho que cumple, respeta las leyes y las regulaciones; donde existe una clara definición de políticas públicas, donde existe continuidad de Estado ante cambios de gobiernos, donde impera la racionalidad económica en las inversiones y se asume como meta la sostenibilidad financiera de las empresas; donde existen acciones sociales focalizadas para los más vulnerables, donde se respetan los espacios de uno y otro, donde existe transparencia; donde ambos sectores contribuyen a fortalecer la responsabilidad del ciudadano en el uso del servicio. Si esos factores son impulsados y cumplidos de manera mancomunada, es muy probable que fluyan todos los recursos financieros e inversiones necesarias para el sector eléctrico.
Ni el sector privado tiene el radio de acción, influencia ni recursos para hacer todas esas inversiones en áreas en las que no participa; ni el sector público tiene los recursos, ni la continuidad estatal, ni la gerencia para hacer sostenible financieramente la industria.
Es por eso que bajo el esquema actual de demonización, dispersión y déficit financiero del sector, ni uno ni el otro por separado logrará la solución al problema; pero juntos sí.
La importancia del pacto eléctrico reside en dialogar, escuchar con objetividad y sin prejuicios, entendiendo que todos son necesarios y que cada quien tiene un rol natural que jugar para solucionar el problema. Por tanto, “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
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