Autor: Héctor Linares
Fecha: 23/10/2015
Extraído de elcaribe.com.do
Las propuestas de desarrollo que planteó el sector privado en ocasión de la Octava Convención Empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) son en esencia la segunda parte de las reformas económicas estructurales realizadas en la década de los 90.
Sin embargo, las sugerencias no abarcan todos los temas que en aquella ocasión se reformaron, y además su inicio, si fuesen acogidas, debería ser para un nuevo período gubernamental.
En la década de los 90 se hicieron las tres grandes reformas económicas que se han hecho en el país: la arancelaria (cuya urgencia fue tal que primero se hizo administrativamente), la laboral y la tributaria, con la creación del Código Tributario (Ley 11-92), para los entendidos, la única reforma tributaria que se ha realizado en el país porque además de tocar los dos grandes impuestos que existían, el Impuesto sobre la Renta y el ITBIS, también eliminó una serie de cargas de poco rendimiento y una serie de leyes de incentivos fiscales.
Propuestas al fondo
Ahora el sector privado está planteando esencialmente cambios estructurales en materias laboral y fiscal, sin tocar la parte arancelaria, área esta que por la cantidad de tratados comerciales que el país ha firmado a partir de los años 90, no parece ser una preocupación, al menos en cuanto a su efecto impositivo en la importación de bienes, con excepción del elemento proteccionista que pueda tener en bienes que no sean producidos por los socios comerciales.
Tres de las cinco propuestas que forman el “corazón” de los 47 puntos que el sector privado entiende “prioritarios”, parecen materia para el gobierno que inicie el 16 de agosto del 2016.
Modificar el Código Laboral y realizar una reforma fiscal estructural son el centro de las cinco propuestas básicas que el Conep les presentó el miércoles a tres de los candidatos presidenciales que asistieron a la clausura de la convención. Ambas peticiones tienen alcance de reforma estructural, por lo que se estima difícil que sean iniciadas por un gobierno que termina y que aspira a ser reelegido para otro período. Las áreas impositiva y laboral son polémicas, pues tienen impacto político.
Desde principios del año pasado, el Gobierno planteó una reforma laboral, mediante la formación de una comisión encargada de revisar el Código de Trabajo. Pero la iniciativa se ha empantanado, sin llegar al nivel de proyecto de ley, debido a que los empleadores y los sindicatos no se han puesto de acuerdo. El punto más conflictivo se ha centrado en el tema de las prestaciones laborales, debido a que los sindicatos alegan que los empresarios lo que buscan es eliminar la cesantía laboral.
De entrada, las centrales sindicales han mostrado poco interés en el tema, porque alegan que la idea de modificar el Código Laboral surgió de los patronos. Este sector argumenta que la actual legislación laboral no propicia la creación de empleos, y citan las cargas laborales que hay en el país, que representan un costo adicional de nómina de un 65%.
Por esa divergencia entre empleadores y centrales sindicales, se entiende que es difícil que el Gobierno actual, que busca ser beneficiario de un nuevo período (2016-2020) se involucre en proponer una reforma laboral, pues tendría roce con uno de los dos sectores que en materia laboral son antagónicos. Aunque la comisión encargada concluyera su trabajo y presentara una propuesta de modificación del código, el envío al Congreso difícilmente se produzca antes del primer semestre del 2016.
En cuanto al tema impositivo, donde el sector privado con el Conep a la cabeza reclama una reforma fiscal integral, es también un aspecto neurálgico para ser tocado en períodos electorales en los que se plantea la reelección presidencial. Si no estuviera planteada la reelección presidencial, hasta para el partido oficial es complejo debatir una reforma tributaria en un período electoral. Por eso se entiende que la intención del Conep al presentar la propuesta, fue obtener un compromiso de los candidatos, entre los cuales asistieron al acto Luis Abinader, del PRM; Federico Antún Batlle, del PRSC, y Hatuey De Camps, del PRSD. No asistieron Danilo Medina, presidente de la República y candidato del PLD; Guillermo Moreno, de Alianza País, y Minou Tavarez Mirabal, candidata por Alianza por la Democracia (APD), organización política fundada por el sociólogo y político Max Puig. El partido fundado por Tavarez Mirabal está a la espera de aprobación en la Junta Central Electoral. Ella es diputada electa por el PLD, entidad a la cual renunció en desacuerdo con su ejercicio del poder.
Por tradición, en el país no se presentan reformas fiscales previo ni en procesos electorales. La última reforma impositiva, la creada por la Ley 253-12, fue aprobada en el primer cuatrimestre del gobierno del presidente Medina. Otra ley de corte impositivo y de dificil aplicación que fue aprobada en período de inicio de Gobierno fue la 112-00, que creó el impuesto específico a los combustibles. Pero por lo regular, los impuestos se han creado entre el segundo y tercer año de Gobierno. Igual sucede con los acuerdos que se negocian con el FMI, por las condicionalidades que representan.
El Gobierno prometió dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone tres pactos: educativo, eléctrico y fiscal. Solo el primero ha sido discutido.
El sector privado busca cambios estructurales
Las cinco propuestas básicas que el Conep les presentó a los candidatos presidenciales presentes son la modificación al Código Laboral, realizar una reforma fiscal estructural para mejorar los ingresos sin afectar la competitividad, mejorar el gasto público y demontar de manera gradual la deuda pública; potenciar los recursos naturales y energéticos, fortaler la infraestructura y el transporte y promover una institucionalidad sólida y transparente.
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