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En agosto de 2021 la deuda pública consolidada de República Dominicana (incluyendo deuda intragubernamental) se ubicó en 68.9% del nuevo PIB incluido en la última versión del panorama macroeconómico (Agosto 2021). Como se observa la gráfica, la deuda del sector público no financiero (SPNF) representó un 51.9% del PIB, equivalente a US$47,559.6 millones (unos RD$2.7 billones); mientras que la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) representó un 16.9% del PIB, equivalente a US$15,498.6 millones (unos RD$876,336.3 millones, de los cuales RD$788,094.6 millones correspondes a los valores en circulación del BCRD y los RD$88,241.7 millones  restantes a los demás pasivos no monetarios del BCRD a agosto de 2021).

¿Cuánto fue el nivel de endeudamiento en lo primeros ocho meses del año? Desde diciembre de 2020 a agosto pasado, los desembolsos recibidos por el SPNF fueron US$5,077.4 millones (US$2,791.7 millones de deuda externa y US$2,285.7 millones de deuda interna). Sin embargo, el incremento de la deuda pública del SPNF fue de US$2,937.3 millones, luego de restar US$2,409.3 millones de pago de capital de la deuda, y otros ajustes como el aumento del saldo por apreciación del tipo de cambio entre 2020 y 2021. La deuda del BCRD sufrió una variación neta de US$2,854 millones.

La deuda pública consolidada creció en US$5,791.9 millones, al sumar el incremento de la deuda del BCRD de US$2,854.5 millones más los US$2,937.3 millones del SPNF.

A agosto de 2021, la deuda del SPNF como porcentaje del PIB se ha incrementado en 38.5 puntos porcentuales desde el año 2000. Una mayor deuda pública implica un mayor pago de intereses y nuevos recursos financieros para amortizar la deuda. El gasto en intereses y de amortización de la deuda son pagados por los ciudadanos mediante los impuestos que le son cobrados e, incluso, más endeudamiento cuando no son cubiertos con ingresos tributarios.

El ritmo de endeudamiento del Estado dominicano debe ser reducido de forma sostenible. Una forma de lograr este objetivo es con una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que ordene y fortalezca las finanzas públicas y una reforma al Código Tributario que simplifique el sistema tributario y reduzca incentivos a la evasión e informalidad.

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