República Dominicana ocupa el sexto puesto regional en el Índice de Calidad Institucional
De acuerdo con los resultados del Índice de Calidad Institucional (ICI) 2024, la República Dominicana ocupa la sexta posición en la región de América Latina y la 68 a nivel mundial, de 198 países evaluados; con una puntuación de 52.98. Esto significa una reducción para el país de una posición a nivel regional y 11 posiciones a nivel global.
El ICI califica los países a partir de la solidez de sus instituciones, tomando en cuenta su calificación en los subíndices de instituciones de mercado e instituciones políticas. Para calcular el subíndices de instituciones de mercado se toman en cuenta los siguientes factores: La libertad de económica; la fortaleza de los derechos de propiedad y la facilidad para hacer negocios. A su vez, para la calificación de las instituciones políticas, se utilizan los siguientes indicadores: vigencia del Estado de Derecho; la rendición de cuentas de los gobiernos; libertad de prensa y la percepción de la corrupción. Para el 2024 el índice sufrió una modificación metodológica, pasando de usar un promedio simple a un método de escalado de variables.
Los países alrededor de República Dominicana tienen puntuaciones muy similares, promediando 51.0 puntos entre los puestos cinco y diez, con una diferencia de 23.8 puntos del primer lugar. La brecha entre los líderes de la región y la media tabla muestra que, aunque hay avances, aún queda mucho por mejorar en la institucionalidad de la región. La República Dominicana con 52.98, se sitúa a 21.83 puntos del país líder de la región, que en esta ocasión es Chile, que obtuvo una puntuación de 74.82 puntos, la diferencia entre las calificaciones de ambos países para el 2024 es de 41.2%.
Los países que lideran en la región en términos de calidad institucional son Chile (74.82), Uruguay (74.44) y Costa Rica (68.86); mientras que Venezuela (7.62), Cuba (18.36) y Haití (28.49) son los países con instituciones más débiles.
La calidad institucional es clave para el desarrollo económico y social. Un marco institucional sano garantiza los derechos a la vida, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley, el cumplimiento de contratos y la separación de los poderes del Estado para que actúen como contrapesos entre sí. Además, crea un ambiente propicio, con los incentivos necesarios para fomentar la inversión.
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