Cambios en la administración pública, un pequeño paso en el camino correcto
Pero, ¿habrá ahorros?
Autor: Miguel Collado Di Franco
Fecha: 27 de septiembre de 2024
En días pasados, las autoridades del gobierno hicieron el anuncio de una propuesta de “racionalización y modernización de la administración pública.” De acuerdo con el anuncio realizado el pasado 16 de septiembre, después de meses de estudio, las autoridades anunciaron las fusiones y las eliminaciones de instituciones pertenecientes al gobierno central.
En sentido general, el anuncio fue bien recibido. Quienes comprenden la necesidad de contar con un gobierno más pequeño, que consuma menos recursos de los contribuyentes, reciben de forma positiva estos anuncios. Los gobiernos que pueden economizar ganan en popularidad: los ciudadanos deberían sufrir menos carga impositiva. En consecuencia, queda más dinero para ahorro y emprendimientos. Esa debería ser la naturaleza de las búsquedas de eficiencia en el ámbito estatal.
De acuerdo con lo comunicado por las autoridades, el propósito de los cambios es:
- Optimizar recursos: liberar recursos financieros y humanos, redireccionando hacia áreas críticas como salud, educación y seguridad ciudadana;
- Mejora en la coordinación para reducir dispersión y mejorar trabajo entre organismos;
- Eliminación de duplicidades;
- Reducción de la burocracia: simplificar la estructura estatal para una administración más ágil y efectiva
Cuando se hizo el anuncio y se mencionó el primero de los objetivos, fue posible entender que no se produciría un ahorro para los contribuyentes. Es decir, que aunque se produzcan modificaciones en la estructura del organigrama estatal, se seguiría gastando la misma cantidad de recursos. El contribuyente no experimentaría una reducción en su carga impositiva.
Las autoridades anunciaron que se economizarían RD$25,000 millones a partir de las fusiones y eliminaciones anunciadas. Sin embargo, economizar, en este caso, no es igual a ahorrar.
El detalle más importante del anuncio debió ser, como habíamos manifestado la semana previa, presentar los procesos que se eliminarían o se harían más eficientes, acompañados de los menores gastos que esto implicaría. Esto no se ha hecho. Los estudios realizados no han sido dados a conocer a la ciudadanía.
En consecuencia, corresponde tratar de inferir de qué forma se podrían economizar, más no ahorrar, los RD$25,000 millones anunciados.
La primera tabla muestra los presupuestos para 2024 de las instituciones a ser eliminadas o fusionadas. El monto Total representa RD$36,765.3 millones. Faltan tres instituciones cuyos presupuestos no fue posible encontrar dentro de los documentos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), pero por su tamaño no es material para los fines de los cálculos[1].
Del total, RD$8,661.7 millones corresponden a remuneraciones y contribuciones, aproximadamente el 24% del total.
Los restantes RD$28,103.4 millones contienen RD$17,356.9 millones que corresponden a transferencias que realiza el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (MESCyT), el cual sería fusionado con el Ministerio de Educación. La siguiente tabla muestra los datos del MESCyT, el de mayor presupuesto entre las instituciones a ser fusionadas o eliminadas.
Los números, como se aprecia, no muestran muchas oportunidades de economías, ya que las transferencias son destinadas, principalmente, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y a los becarios que son beneficiados con becas para estudios, principalmente en el exterior.
Es decir, hay RD$17,356.9 millones que no se eliminarían, por la naturaleza ya mencionada. Entendemos, por igual, que no se eliminarán los RD$8,661.7 millones de nómina de empleados correspondientes a todas las instituciones que entran dentro de este proceso de “racionalización y modernización de la administración pública”. Las decisiones de gasto público son políticas, no económicas. Por tanto, sorprendería una decisión política que busque gastar menos en personal, de manera sustancial.
En consecuencia, es preciso examinar otras instituciones. En el caso del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), su presupuesto es el segundo más grande (RD$4,538.5 millones para 2024). Como se puede apreciar en la siguiente tabla, dentro de ese presupuesto se encuentra la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el INDESUR, entre otras instituciones que no cesarían en sus funciones. La mayor parte del presupuesto, el 42%, corresponde a remuneraciones y contribuciones para empleados. En consecuencia, aunque el MEPyD se fusione con el Ministerio de Hacienda, no se aprecian muchas oportunidades para economizar.
La tercera institución en tamaño presupuestario es Comedores Económicos. Esta institución pasaría a ser parte del Ministerio de la Presidencia. Como es posible apreciar en la tabla, la suma de materiales y suministros y los gastos por nómina representan RD$3,388.2 millones, o el 90% del presupuesto. En consecuencia, en esta institución tampoco se aprecian muchas oportunidades de eficiencia de gastos para contribuir a alcanzar los RD$25,000 millones.
Hasta ahora, los RD$25,000 millones, que no son ahorro según las autoridades, sino gasto que se destinará para otros fines, demuestran ser una cifra escurridiza. Es difícil de determinar su procedencia. No decimos que sea totalmente esquiva, pero sin la transparencia de las autoridades, al ciudadano de a pie se le sería muy difícil determinarla.
Hasta que las autoridades no publiquen los detalles de los estudios realizados, se podría inferir que, como el 4% para la educación no fue ejecutado el pasado año, faltando unos RD$23,000 millones para su ejecución, el dinero a ser gastado provendría preponderantemente de esos fondos. El presupuesto del MESCyT podría ser cubierto con el 4% de educación y, junto con otras modestas economías de recursos dentro de las instituciones a eliminarse y fusionarse, se lograría el monto de los RD$25,000 millones. Es el supuesto que queda abierto luego de revisar las cifras de los presupuestos.
En conclusión, a las autoridades les beneficiaría comunicar con más detalles todo este proceso. En un ambiente de reformas, es importante transmitir los mensajes con claridad. De esa forma, la población entendería el proceso que se anunció y de dónde saldrían los recursos que se gastarían en educación, salud, seguridad e infraestructura, según lo anunciado. En consecuencia, tendría claro que el organigrama estatal será menor, pero que, con impuestos o con más deuda, pagará el ahorro que le han anunciado. Tal vez en términos políticos no sería una comunicación popular, pero la transparencia siempre es valorada en los procesos de reformas, como el que ha iniciado República Dominicana.
[1] Las instituciones sobre las cuales no fue posible encontrar información presupuestaria son: El Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior (Condex), la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, y la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario.
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