La República Dominicana acumula 54 meses con una inflación subyacente superior al 3.5%.
La inflación subyacente tiene un impacto directo en los consumidores, ya que representa los cambios en los precios de bienes y servicios de consumo más estables, como alquileres, servicios de educación y salud, entre otros. Un nivel persistentemente alto de esta inflación representa una reducción del poder adquisitivo de las familias y un encarecimiento del costo de la vida, afectando especialmente a los hogares con ingresos más bajos. Además, limita la capacidad de ahorro e inversión de las personas, lo que repercute en su bienestar general y en la actividad económica del país.
Desde junio de 2020, la inflación subyacente en la República Dominicana se ha mantenido por encima del 3.5%, acumulando un total de 54 meses consecutivos sobre ese nivel. Este indicador, que excluye componentes de alta volatilidad como alimentos, combustibles y servicios regulados, tiene mucha relevancia en los bancos centrales internacionales para las decisiones de política monetaria.
La importancia de la inflación subyacente radica en su capacidad para ofrecer señales más claras sobre las condiciones monetarias y de liquidez en la economía, de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana. Al excluir precios sujetos a factores externos o regulados, este indicador permite un análisis más preciso para la conducción de la política monetaria.
Desde mayo de 2020, cuando la inflación subyacente alcanzó un 3.1%, no se ha registrado un nivel inferior al 3.5% en la República Dominicana. En noviembre de 2024, este indicador se situó en 3.93%, una cifra prácticamente idéntica a la de meses anteriores, lo que refleja un estancamiento en lugar de una mejora significativa, y que sigue lejos de los niveles observados antes de 2020.
Esta tendencia se intensificó a partir de las medidas monetarias adoptadas a partir de la pandemia, que incluyeron la liberación de encaje legal y la implementación de facilidades de liquidez rápida, entre otras. Medidas que se han continuado utilizando en años posteriores por parte de las autoridades, bajo la premisa de ser estímulos monetarios para dinamizar el crédito en la economía. Por ejemplo, la más actual liberalización de 35 mil millones del encaje legal para estimular el crédito en el sector construcción.
Este panorama destaca la necesidad de cautela ante la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias para que sean enfocadas en poder regresar estos valores a los que se apreciaban antes de la pandemia.
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