República Dominicana es el país en el cual la recaudación por impuestos tiene el mayor peso dentro de la presión tributaria en América Latina
Al comparar la presión tributaria entre países de América Latina, es común incluir no solo impuestos, sino también ingresos por aportes a la seguridad social y, en algunos casos, por actividades extractivas como la minería y los hidrocarburos. Sin embargo, este enfoque puede llevar a conclusiones equivocadas si no se distingue adecuadamente el origen de los recursos recaudados.
De acuerdo con datos de la OCDE, el 98.2% de la recaudación fiscal en República Dominicana proviene directamente del cobro de impuestos. Esta proporción es la más alta de toda la región y contrasta con el promedio latinoamericano, donde solo el 77.9% de la presión tributaria corresponde a impuestos, mientras que el resto proviene de otros ingresos no impositivos.
En países como Brasil, Uruguay y Costa Rica, más del 25% de la presión tributaria está compuesta por ingresos de la seguridad social. Estos recursos, aunque obligatorios, no tienen la misma naturaleza que los impuestos generales y suelen destinarse a fines específicos. En contraste, República Dominicana adoptó un sistema de capitalización individual para la seguridad social, lo que representa un avance importante frente a los esquemas tradicionales de reparto utilizados aún por muchos países de la región. En este modelo, los aportes obligatorios de los trabajadores no se canalizan al fisco ni se registran como ingresos públicos, sino que se gestionan fuera del presupuesto del Estado, pero manteniendo su función de protección social.
Esto significa que, si bien la presión tributaria total dominicana puede parecer baja en las comparaciones internacionales, el peso real de los impuestos sobre los contribuyentes es significativamente mayor de lo que reflejan los datos sin ajustes.
Comparar correctamente implica observar no solo cuánto se recauda, sino cómo se recauda. Esta distinción es fundamental para evitar diagnósticos erróneos y para diseñar políticas fiscales que promuevan el desarrollo económico sostenible.
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