Un Estado de derecho sólido y mejores instituciones conducen a mayores ingresos
En 2024, los resultados de República Dominicana en el índice Imperio de la Ley se mantuvieron igual, conservando tanto la misma puntuación de 0.49 como la posición 86 en el ranking global. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo del país, ya que la mayoría de las naciones de América Latina registraron valores similares o variaciones mínimas respecto a las del año pasado. El promedio regional latinoamericano permaneció sin cambios, con un índice de 0.48, lo que sitúa a República Dominicana 0.01 puntos por encima de la media, pero de todas formas lejos de países como Uruguay, Chile o Costa Rica que ostentan puntuaciones mucho más altas, lo que refleja que todavía existe un margen de mejora.
Aunque el resultado general se mantuvo igual, hubo cambios en algunos de los factores que componen el índice. En el caso del factor de ausencia de corrupción, que evalúa si los funcionarios públicos utilizan su cargo y los recursos estatales para beneficio personal, se observó una mejora de 5.13%, al pasar de 0.39 a 0.41. En cuanto al factor de transparencia gubernamental, que mide si las leyes básicas y los datos públicos son accesibles y comprensibles para la ciudadanía, se registró un aumento de 3.64%, al subir de 0.55 a 0.57. El factor de justicia civil, que analiza si las personas pueden acceder a mecanismos judiciales de forma asequible y sin discriminación, corrupción ni influencias indebidas, mostró una mejora más modesta de 2.38%.
Por el contrario, se evidenció un retroceso en los factores de justicia criminal y cumplimiento regulatorio, con una disminución de 2.63% en ambos casos.
El Índice Imperio de la Ley, publicado anualmente, tiene como objetivo medir la solidez del Estado de derecho en los países.
Un Estado de derecho que actúe con responsabilidad y transparencia, donde las leyes se respeten y se apliquen a todos por igual, es esencial para garantizar un desarrollo sostenible. El fortalecimiento institucional no solo es clave para asegurar justicia y seguridad, sino también para fomentar un entorno propicio a la inversión y al emprendimiento. No es casualidad que los países con mayores ingresos sean también aquellos con un Estado de derecho más robusto.
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