Autor: Daniel De Lemos
Fecha: 10 de septiembre de 2026
Tamaño y costo de los congresos en América Latina, 2026
El Poder Legislativo debería cumplir un papel fundamental dentro de un sistema democrático: representar a los ciudadanos, crear y modificar las leyes y servir de contrapeso a los demás poderes del Estado. Para desempeñar estas funciones requiere recursos que, al igual que el resto del gasto público, provienen de los ciudadanos y tienen un costo de oportunidad.
Por esta razón, evaluar un congreso no solo implica considerar las funciones que desempeña, sino también los recursos utilizados para llevarlas a cabo. Una mayor cantidad de legisladores o un mayor presupuesto no se traducen necesariamente en una mejor representación ni en una legislación de mayor calidad. Lo relevante es que los recursos públicos empleados respondan a las funciones propias del Poder Legislativo, teniendo en cuenta que provienen de los contribuyentes y que destinarlos a este fin implica renunciar a otros usos posibles.
Este análisis compara el tamaño y el costo de los poderes legislativos de 17 países de América Latina. Para ello, se examina la cantidad de legisladores, su relación con la población, el gasto de los congresos y su peso tanto por habitante como dentro del gasto público, con especial atención al caso de la República Dominicana.
Las estructuras legislativas varían entre los países de la región: algunos cuentan con congresos unicamerales y otros con sistemas bicamerales. Para facilitar la comparación, se considera la cantidad total de legisladores de ambas cámaras.
Representación e incentivos
La existencia de representantes electos parte de la idea de que estos actuarán en nombre de los ciudadanos que los eligen. Sin embargo, como advierte la teoría de la elección pública (public choice), quienes participan en la política también actúan en función de sus propios objetivos y bajo incentivos, entendidos como los beneficios, costos, oportunidades y restricciones que enfrentan al tomar decisiones. La elección de un legislador, por sí sola, no implica que sus intereses coincidan en todo momento con los de sus representados.
Esta situación puede entenderse mediante la teoría del principal-agente. Los ciudadanos actúan como principales al delegar determinadas funciones en sus representantes, quienes se convierten en sus agentes. Sin embargo, los ciudadanos enfrentan dificultades para conocer y supervisar todas las decisiones de sus legisladores, mientras estos disponen de mayor información sobre sus propias acciones y pueden enfrentar incentivos políticos, partidarios o personales distintos a los intereses de sus representados.
A esto se suma el problema de la acción colectiva, desarrollado por Mancur Olson. Los beneficios de determinadas decisiones públicas pueden concentrarse en grupos relativamente pequeños, como grupos de interés o de presión, cuyos miembros tienen fuertes incentivos para organizarse y promover decisiones que los favorezcan. En cambio, cuando los costos de esas decisiones se distribuyen entre millones de contribuyentes, el costo que recae sobre cada individuo puede ser relativamente pequeño. Esto reduce sus incentivos para informarse, organizarse y dedicar tiempo y recursos a oponerse, aun cuando el costo agregado para el conjunto de los contribuyentes pueda ser considerable.
Estos problemas adquieren especial relevancia en el ejercicio de la función legislativa, mediante la cual los representantes participan en la creación de normas y en decisiones que afectan los derechos y recursos de los ciudadanos. Por ello, resultan importantes los mecanismos institucionales que contribuyan a alinear los intereses de los legisladores con los de sus representados y limiten el oportunismo político. La transparencia, la rendición de cuentas, los controles institucionales y reglas claras sobre sus funciones y el uso de los recursos públicos facilitan la supervisión de los legisladores y dificultan que el cargo sea utilizado para favorecer intereses particulares. Desde esta perspectiva, la calidad de la representación no depende únicamente de la cantidad de legisladores o de los recursos disponibles, sino también de las reglas e instituciones bajo las cuales estos ejercen sus funciones.
El tamaño de los poderes legislativos varía considerablemente entre los países de América Latina. México posee el mayor número de legisladores, con 628, seguido por Brasil, con 594, y Argentina, con 329. En el extremo contrario se encuentra Costa Rica, cuyo Poder Legislativo está compuesto por 57 representantes.
República Dominicana ocupa la quinta posición entre los 17 países analizados, con 222 legisladores: 32 senadores y 190 diputados. Esta cantidad supera en 11 legisladores el promedio regional, situado en 211.
Estas cifras, sin embargo, no deben interpretarse de manera aislada. Países con poblaciones considerablemente mayores pudieran intentar representar a un mayor número de ciudadanos y territorios, por lo que la cantidad absoluta de legisladores ofrece solo una primera aproximación al tamaño de los congresos. Para evaluar mejor las diferencias entre países es necesario considerar posteriormente el número de representantes en relación con su población.
El tamaño de los congresos no es necesariamente constante. En 2026, por ejemplo, Perú restableció un sistema bicameral y pasó de 130 a 190 legisladores. Una ampliación de la estructura legislativa supone también mayores requerimientos de recursos para su funcionamiento, por lo que los cambios en el número de representantes deben analizarse considerando tanto sus posibles beneficios institucionales como los costos adicionales que recaen sobre los contribuyentes.
La cantidad absoluta de legisladores ofrece una visión incompleta cuando se comparan países con poblaciones muy diferentes. Una forma de hacer más comparable el tamaño de los congresos es relacionar el número de representantes con la cantidad de habitantes de cada país.
Bajo esta medida, República Dominicana ocupa la segunda posición entre los 17 países analizados, con 19 legisladores por cada millón de habitantes, frente a un promedio regional de 11. Esto significa que el país cuenta con aproximadamente 8 legisladores más por habitante que el promedio de América Latina.
Uruguay encabeza la comparación, con 38 legisladores por millón de habitantes, seguido por República Dominicana y Paraguay, con 19 y 18, respectivamente. En el extremo contrario se encuentran Colombia y México, con 5 legisladores por millón, y Brasil, con 3.
Una mayor cantidad de representantes en relación con la población puede reducir el número de ciudadanos que corresponde representar a cada legislador. Sin embargo, esto no implica por sí mismo una representación de mayor calidad. Como explicamos anteriormente, los resultados también dependen de los incentivos que enfrentan los representantes y del funcionamiento de las instituciones. Además, sostener una estructura legislativa de mayor tamaño requiere recursos, por lo que resulta necesario incorporar el costo de los congresos al análisis.
El tamaño de los congresos no solo puede analizarse por la cantidad de representantes, sino también por los recursos públicos destinados a su funcionamiento. En 2025, República Dominicana registró un gasto legislativo de US$160.3 millones, ubicándose en la novena posición entre los 17 países analizados.
En términos absolutos, Brasil presentó el mayor gasto, con US$2,336.1 millones, seguido por México, con US$967.8 millones, y Argentina, con US$364.5 millones. En el extremo contrario, Nicaragua registró el menor monto, con US$23.3 millones.
El promedio regional alcanzó US$341.6 millones, aunque este resultado está considerablemente influenciado por Brasil. Al excluirlo, el promedio de los demás países se reduce a aproximadamente US$217.0 millones.
Sin embargo, comparar únicamente los montos absolutos presenta una limitación similar a la observada con la cantidad de legisladores. Países con poblaciones y economías de diferentes tamaños disponen de capacidades fiscales y estructuras institucionales distintas. Para aproximarnos mejor a esa carga, resulta útil relacionar estos recursos con la población de cada país.
Al relacionar el gasto legislativo con la población, República Dominicana ocupa la cuarta posición entre los 17 países analizados, con un gasto de US$13.94 por habitante, superior al promedio regional de US$13.22.
Uruguay encabeza la comparación, con US$54.02 por habitante, seguido por Panamá, con US$33.22, y Costa Rica, con US$28.92. En el extremo contrario se encuentran Bolivia y Ecuador con gastos de US$2.97 y US$2.91 por habitante.
La posición de República Dominicana resulta particularmente relevante al compararla con el gasto absoluto. Mientras el país ocupa la novena posición por el monto total destinado al Poder Legislativo, asciende a la cuarta cuando se considera el tamaño de su población. De esta forma, aunque el gasto total del Congreso dominicano se encuentra por debajo del promedio regional, el costo que representa por habitante se encuentra entre los más elevados de los países analizados.
Este indicador permite aproximarnos mejor a la carga que supone el Poder Legislativo para los ciudadanos. Sin embargo, el costo constituye solo una parte de la evaluación: la otra consiste en determinar si los recursos utilizados se corresponden con las funciones y resultados que la institución está llamada a proporcionar.
Al comparar el gasto legislativo con el gasto total ejecutado por el Gobierno central, República Dominicana ocupa la sexta posición entre los países analizados, con una proporción de 0.65%.
Guatemala registra la mayor proporción, con 2.44%, seguida por Panamá, con 1.14%, y Paraguay, con 1.00%. Por encima de República Dominicana también se encuentran Uruguay, con 0.74%, y Costa Rica, con 0.68%. En contraste, las menores proporciones corresponden a Bolivia, Ecuador y Chile, con 0.07%, 0.19% y 0.23%, respectivamente.
El gasto del Poder Legislativo dominicano alcanzó US$160.3 millones en 2025, el segundo monto más elevado de los últimos diez años, solo superado por los US$165.4 millones registrados en 2024. En comparación con 2016, cuando el gasto ascendió a US$135.0 millones, el monto de 2025 representa un incremento de 18.7%.
En pesos dominicanos, el gasto ejecutado en 2025 fue de RD$9,934.9 millones, de los cuales RD$6,646.4 millones correspondieron a la Cámara de Diputados y RD$3,288.5 millones al Senado.
Para 2026, el presupuesto vigente contempla RD$8,907.8 millones para el Poder Legislativo.
Consideraciones finales
Los resultados muestran que el tamaño y el costo del Poder Legislativo dominicano adquieren mayor relevancia cuando se consideran en relación con la población y los recursos públicos del país. República Dominicana ocupa la segunda posición entre los 17 países analizados en cantidad de legisladores por millón de habitantes, la cuarta en gasto legislativo por habitante y la sexta al medir este gasto como proporción del gasto del Gobierno Central.
Los indicadores analizados muestran un patrón consistente: la posición de República Dominicana se vuelve más elevada cuando el tamaño y el gasto del Congreso se relacionan con la población. Sostener una estructura legislativa de estas dimensiones implica destinar recursos obtenidos de los ciudadanos que podrían permanecer en sus manos o utilizarse para otros fines. Por ello, el punto de partida no debería ser justificar cuánto puede gastar una institución, sino exigir que quienes administran estos recursos demuestren que su utilización responde efectivamente a las funciones que les han sido encomendadas.
El problema es que la representación política no garantiza que los incentivos de representantes y representados permanezcan alineados. Como plantea la elección pública, los legisladores también responden a incentivos políticos, partidarios y personales. A esto se suma que determinados beneficios pueden concentrarse en grupos específicos mientras sus costos se distribuyen entre millones de contribuyentes, reduciendo los incentivos individuales para supervisar y evaluar cada decisión. Por ello, incrementar recursos o ampliar la cantidad de representantes no constituye, por sí misma, una garantía de mejores resultados.
Los resultados adquieren especial relevancia para República Dominicana, que mantiene uno de los poderes legislativos más grandes y costosos de la región en relación con su población. Una estructura política de esta magnitud supone no solo recursos que deben ser aportados por los contribuyentes, sino también un amplio aparato con capacidad para crear leyes y tomar decisiones que inciden sobre sus vidas y sus recursos. La representación política debe servir para proteger los intereses de los ciudadanos y limitar el ejercicio arbitrario del poder, no para convertirse en un fin en sí misma ni en un mecanismo para canalizar beneficios particulares. Un mejor Poder Legislativo no es necesariamente aquel que cuenta con más representantes o recursos, sino aquel que cumple eficazmente sus funciones dentro de límites institucionales claros y con el menor costo posible para los ciudadanos.
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