La Realidad del Gasto Público Dominicano: Incrementos sin Eficiencia

Autor: Miguel Collado Di Franco

En el último septenio[1], los dominicanos hemos experimentado el que ha sido probablemente el mayor aumento del gasto público en nuestra historia reciente. Entre 2005 y 2011 el gasto se incrementó en 108.6%, lo que representa un aumento de 44.2% en términos reales. Sólo entre 2005 y 2008 el gasto creció un 87.2% lo cual representa el 80.3% del incremento del periodo analizado. Un aumento altamente relacionado al año 2008 y al ciclo electoral.

Ante este importante aumento del gasto, cabe preguntarse si el mismo ha estado relacionado con un incremento similar en la eficiencia del gobierno para proveerle servicios a los ciudadanos. Desde un punto de vista de eficiencia, un incremento en el presupuesto de cualquier organización sólo se justifica si puede aumentar su producción de servicios al público que sirve en una proporción mayor. Esa es la lógica que debiera imperar en organizaciones eficientes, y podría ser una forma de ver si se justifica el importante crecimiento del gasto público en República Dominicana en los últimos años. Pero la realidad es que la discusión del presupuesto del gobierno dominicano en años recientes sólo se ha basado en incrementos en el gasto sin tener en cuenta los resultados finales. Año tras año, se obvia la evaluación del desempeño y de la calidad de lo ejecutado.

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Clasificación económica del gasto: una primera aproximación.

Este análisis pretender ser una aproximación a lo que ha sucedido entre 2005 y 2011 en términos generales, más que una evaluación detallada del gasto. En el Cuadro No. 1 se muestran los montos del gasto por tipo, y el crecimiento acumulado de las partidas del gasto corriente y de capital para 2005-2011. Viéndolos por separado, el gasto corriente total se incrementó en 125.4%, equivalente a un 55.8% en términos reales, siendo los mayores incrementos en el gasto por concepto de intereses, seguido por prestaciones sociales, transferencias corrientes y gasto de consumo.

El gasto de consumo es la partida que representa una mayor proporción dentro del total, ya que promedió un 34% del gasto corriente a lo largo del periodo analizado. Una parte importante del crecimiento acumulado de 102.9% tiene su explicación en el aumento del gasto por concepto de remuneraciones a empleados, que se puede apreciar en el Gráfico No. 2. En República Dominicana duplicamos el gasto al personal público entre 2005 y 2011, sin que esto se deba a un incremento en la productividad por empleado. Contar con empleados bien remunerados es necesario para poder tener buenos resultados de políticas públicas, pero la realidad es que el incremento se debe, en gran medida, al crecimiento en el personal empleado y no al aumento en la calidad de los servicios que recibimos los dominicanos de parte de los servidores públicos.

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Por otro lado, las ineficiencias de las distribuidoras de energía eléctrica en manos del Estado han significado un alto costo para los dominicanos.  Esas ineficiencias del sistema eléctrico se traducen en transferencias que pagamos con impuestos o que el gobierno cubre con deuda pública, y en el periodo analizado representó US$4,653 millones. Esto explica un porcentaje importante del gasto por concepto de transferencias corrientes, el cual creció 117.9%, equivalente a 50.6% en términos reales, entre 2005 y 2011. Para tener una idea del peso de estas transferencias dentro del gasto, en 2011 por cada 100 pesos que gastó el gobierno, aproximadamente 10 pesos fueron destinados como transferencias para cubrir las ineficiencias del sector eléctrico.

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Observando nueva vez el Cuadro No. 1, vemos que el gasto de capital creció en 60.9%, un incremento de 11.2% en términos reales. Tampoco en este renglón de gasto ha existido un proceso válido de rendición de cuentas o accountability que indique una inversión eficiente. En el sector privado, las empresas son responsables de cumplir sus promesas gracias a la existencia de un sistema de ganancias y pérdidas. Si la empresa realiza inversiones que no tienen un retorno positivo, sus gestores deben responder ante la mala asignación del capital que realizaron. En el sector público y, en particular en el dominicano, prevalece la lógica política de gasto discrecional sin la apropiada rendición a los contribuyentes, siendo los últimos quienes terminan pagando los aumentos del gasto a través de más impuestos.

 

Clasificación funcional.

Otra aproximación al análisis del gasto es por su distribución funcional, es decir de acuerdo a su finalidad. Por medio de esta clasificación es posible ver el énfasis que se ha otorgado al gasto en el septenio último. Los datos del Cuadro No. 2 muestran el peso que han tenido los distinto tipos de funciones al inicio y al final del periodo.

Desde un punto de vista de funciones básicas del Estado, la seguridad de los ciudadanos y la administración de justicia deben ser una prioridad. Los habitantes de un país no pueden prosperar y alcanzar pleno bienestar si no operan en un marco de seguridad y respeto a sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad. ¿Qué pasó con el gasto en justicia y orden público entre 2005 y 2011? Como se aprecia en el Cuadro No. 2, en términos porcentuales disminuyó la importancia que se otorga a este tipo de gasto al pasar de 4.55% a 3.93% del total del gasto. En este sentido es necesario señalar que el gasto realizado por el Ministerio de Interior y Policía creció aproximadamente 54% en el septenio. Sin embargo, sólo una porción de ese gasto cumplió con las características funcionales para poder ser clasificado como orden público, ya que una proporción importante fue destinada a salud, asistencia social, educación y otros tipos de gastos.

En el caso anterior vuelve a aplicar el mismo enfoque de eficiencia: ministerios que aumentan sus gastos, pero que no se tornan efectivos en las funciones para las cuales están diseñados. Es necesario mejorar el gasto destinado a justicia y orden público, pero este debe estar debidamente enfocado en su propósito.

El en Cuadro No. 2 se aprecia que el gasto en educación pasó de ser 10.3% del total del gasto de 2005 para convertirse en un 13.7%, al final de 2011. Ante demandas de aumentos adicionales en este gasto en particular, si los recursos nuevos no son acompañados de una seria estimación de la efectividad que se le daría a los mismos, podríamos seguir siendo ineficientes en el uso de los dineros de los contribuyentes.  Si el debate presupuestal continúa dando prioridad al crecimiento en el gasto sin que este vaya acompañado de medidas que promuevan la eficiencia y la eficacia, corremos el riesgo de que se sigan produciendo resultados como los publicados en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), en el que República Dominicana se situó entre los más bajos de América Latina en lenguaje y matemáticas. Y ya no sería por falta de recursos, sino por el empleo ineficiente de los mismos.

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Conclusiones.

En el último septenio el gasto público ha crecido a un ritmo que lo ha situado en más del doble de lo que era en 2005, pero su incremento no ha estado orientado al diseño de políticas públicas eficientes y eficaces. En el debate presupuestal de años recientes han estado ausentes el equilibrio de las finanzas públicas y el escrutinio requerido para justificar cualquier incremento en el gasto del dinero de los contribuyentes por parte del gobierno.

En CREES hemos señalado que el déficit público de 2012 va ser mayor al estimado por el gobierno en el Presupuesto General del Estado 2012[2]. Es preocupante que en República Dominicana continuemos incrementando el gasto y generando déficit fiscales. Por tanto, es necesario que las autoridades revisen el nivel del gasto y realicen un verdadero ejercicio de priorización del mismo empleando criterios válidos de eficiencia.

El aumento en el gasto público significa dinero que los contribuyentes dejaron de usar para pasarlo al gobierno, lo cual es, en otras palabras, un sacrificio que hacen los ciudadanos. Gastar este dinero de forma ineficiente, generando déficits, constituye una carga sobre los individuos que desincentiva el ahorro e inversiones productivas que promuevan el crecimiento y la generación de empleos.

 

 

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