Inversiones de Capital: La Mejor Opción para la República Dominicana (2/2)

Autor: Ernesto Selman

 

Introducción

En la primera entrega de esta serie enunciamos que la creación de riquezas en una economía significa que se instalan y ponen en marcha procesos productivos que generan bienes y servicios que los consumidores valoran y están dispuestos a pagar por ellos; sin importar dónde estén ubicados geográficamente.  En adición, afirmamos que las inversiones en bienes de capital son esenciales para: a. La generación de más y mejores puestos de trabajo; y, b. Un incremento de ingresos de trabajadores por aumento de productividad.  Por otro lado, sostuvimos que se requiere de ahorro previo para que puedan ser convertidos en inversiones de capital.

Allí analizamos el nivel de ahorro interno en el caso de la República Dominicana y resaltamos que el ahorro del sector privado no se traduce en inversión de capital por diferentes razones.  A pesar de que ciframos que existirían unos RD$165,000 millones en el sector financiero por concepto de depósitos que no se han traducido a cartera de crédito, la realidad es que al 29-Feb-2012 los intermediarios financieros tenían unos RD$89,674.0 millones colocados en títulos de deuda emitidos por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)[1].  Esto implica que esos recursos no se puedan traducir a la inversión de capital porque se usan en el manejo de la política monetaria.  En la entrega anterior tampoco consideramos las reservas legales (encaje legal) de los intermediarios financieros que sumaban RD$78,382.1 millones al 29-Feb-2012; esto tampoco se traduce a inversiones.  En consecuencia, sólo habrían disponibles para la inversión los recursos depositados por las Administradores de Fondos de Pensiones (AFPs) en nombre de los trabajadores dominicanos en los intermediarios financieros, que sumaban RD$58,466.1 millones al 31-Dic-2011.

En este sentido, indicamos que los ahorros de los trabajadores dominicanos a través del sistema de pensiones de capitalización individual, que sumaban RD$154,672.2 millones el 31-Dic-2011, no se han traducido a inversiones de capital por: a. Colocación de un 49% en el BCRD, utilizados para el manejo de política monetaria; b. Mercados de capitales poco profundos; y, c. Ambiente de negocios poco propicio para la inversión.  Es importante resaltar que el sector público ha contribuido a la disminución del ahorro interno en la medida que asume déficit fiscales importantes, como sucede desde 2008.

Argumentamos que aún si se convirtiera todo el ahorro interno en inversiones de capital, esto sería insuficiente para que los ingresos reales de los dominicanos se equiparen a los de habitantes en países con altos niveles de ingreso.  Por esta razón, aseveramos que la República Dominicana requiere atraer inversión extranjera directa que provenga de ahorros en el exterior. El objetivo ulterior es alcanzar mayores niveles de ingresos a través del incremento del monto de capital invertido por habitante. De nuevo, mayor nivel de capital implica más y mejores puestos de trabajo, y aumento de productividad de los trabajadores; esto se traduce en mayores ingresos.

El desarrollo de proyectos y establecimiento de procesos productivos requieren un ambiente favorable para las inversiones y los negocios.  Diversos índices e indicadores de organismos internacionales revelan que la República Dominicana no está bien posicionada para atraer mayores inversiones de capital, cuando se compara con otras economías[2].   Sin embargo, la percepción de riesgo de los inversionistas puede verse más claramente a través de los rendimientos de los bonos soberanos vigentes en los mercados internacionales.

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En la gráfica se muestra la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años contra: a. Bonos emitidos a nivel global (línea roja); b. Bonos emitidos por países latinoamericanos (línea negra); y, c. Bonos emitidos por la República Dominicana (línea azul).  La percepción de riesgo de los inversionistas internacionales con respecto a la República Dominicana es mayor que la percepción de riesgo con respecto a los países latinoamericanos  y el promedio global.  Por esta razón, los inversionistas demandan mayores rendimientos, en promedio, que los bonos emitidos por esos países; un mayor rendimiento es el resultado de la aplicación de mayores descuentos a los precios de los bonos dominicanos en las transacciones.  En este sentido,  el rendimiento que requieren los inversionistas para invertir en bonos de la República Dominicana es 1.18 puntos porcentuales mayor que los bonos de países latinoamericanos y 1.58 puntos porcentuales mayor que el promedio mundial.  Este es el indicador más claro de la percepción de riesgo de los inversionistas con respecto a la República Dominicana.

En esta entrega se enumeran algunos de los factores que limitan las inversiones locales y extranjeras en la República Dominicana.  Además, se proponen algunas medidas de políticas públicas que podrían coadyuvar a un ambiente más propicio para la formación de capital y el consecuente incremento de los ingresos de la población.

Factores que limitan las inversiones de capital

Entre los elementos que limitan las inversiones de capital y el establecimiento de nuevos proyectos y procesos productivos, se pueden citar:

1.      Altos costos transaccionales

Es ampliamente reconocido por la ciencia económica que el arreglo institucional y la calidad de las instituciones implican costos para invertir y hacer negocios en una economía.[3]   El aspecto institucional se refiere a las reglas bajo las cuales opera una economía y no a las organizaciones como tales.  Ciertas reglas de juego formales e informales  pueden distorsionar los precios y generar costos ocultos que no son observables a simple vista.  En este sentido, los costos transaccionales pueden representar una barrera a las inversiones en una economía.  Entre los costos transaccionales, podemos incluir: a. Costos de búsqueda o identificación de oportunidades de inversión, que implica obtención de información de los mercados y el funcionamiento de los mismos; b. Costos de negociación de los términos entre las partes y los reguladores; y, c. Costos de ejecución, que implican los procedimientos y regulaciones a cumplir de agentes económicos cuando deciden realizar inversiones. 

En la República Dominicana, los costos transaccionales pueden ser muy altos para inversionistas locales y extranjeros.  La disponibilidad de información fidedigna es escasa o por lo menos muy costosa de obtener cuando es posible.  En este acápite, las informaciones que genera el sector público muchas veces son incompletas y los agentes económicos privados no fían completamente en algunas de ellas.  Pero, también el sector privado es muy celoso de ofrecer información a terceros  en la mayoría de los casos y muchas veces sólo pone a disposición parte de la información.  Esto implica que exista incertidumbre que afecta las proyecciones financieras al momento de evaluar proyectos de inversión. 

Por otro lado, los costos de negociación en la República Dominicana pueden ser elevados y muchos inversionistas extranjeros se han visto afectados en este aspecto por regulaciones formales e informales, trabas burocráticas y corrupción administrativa.  Finalmente, al momento de  establecimiento y operaciones, inversionistas asumen costos adicionales que penalizan la capacidad de  competir y obtener ganancias empresariales.

Un área donde se perciben altos costos transaccionales en la economía dominicana es con respecto a la adquisición y tenencia de propiedades inmobiliarias.  La República Dominicana tiene una superficie de 48,422 km² mientras que una noticia de Diario Libre del 30-Jun-2009 indicaba que existían unos 72,000 km² en títulos de propiedad[4]. El factor tierra, al igual que la mano de obra, es un factor de la producción requerido en todo proceso productivo, que complementan al capital.  Este es sólo un ejemplo de que no existen reglas de juego claras y consistentes para todos los agentes económicos por igual, lo que implica distorsiones en la actividad económica, incertidumbre sobre el futuro y, en consecuencia, un alto costo para la economía en general.  En muchos casos no existe seguridad jurídica y los derechos de propiedad no están claramente definidos.

2.      Altos costos laborales

Como factor complementario al capital, el costo de mano de obra es importante en la decisión de inversión de los emprendedores.  La remuneración de los trabajadores debe corresponderse con su capacidad de producción de que le otorgan sus habilidades físicas y mentales.  En el vocabulario de los economistas, en los procesos productivos la remuneración del factor mano de obra deben reflejar la productividad marginal del trabajo. En promedio, la formación y adiestramiento de los trabajadores dominicanos es baja, por lo que la productividad de la mano de obra también es baja.  En este sentido, al momento de incursionar en nuevos procesos productivos, generalmente se requiere una fase de entrenamiento en el trabajo que implica un costo adicional al establecimiento de nuevos proyectos en la República Dominicana.  Muchas veces ese entrenamiento es continuo y se requiere una mayor supervisión por la baja formación y adiestramiento en etapas tempranas de la vida de los trabajadores dominicanos.

El costo que asumen las empresas al contratar trabajadores formalmente está por encima de su productividad en la medida que las remuneraciones a empleados formales incluye no sólo el salario, sino pagos por cargas sociales que asumen las empresas. En un discurso pronunciado en marzo del año en curso, el Presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) señaló que por cada peso que se paga de salario, las empresas asumen cargas sociales relacionadas al factor trabajo por 65 centavos; es decir, estas cargas representan un 65% del salario[5].  CREES estará realizando sus propias estimaciones en el futuro cercano especificando su metodología de cálculo.  Sin embargo, es indiscutible que las leyes y regulaciones laborales imponen un alto costo a los procesos productivos.  Esta es la razón principal por lo cual existe un desempleo estructural entre 14-20% en la República Dominicana y por lo que el 56.9% de los trabajadores laboran en la informalidad, según la Encuesta de Fuerza de Trabajo publicada por el BCRD de Oct-2011. 

Según un estudio citado en el discurso del Presidente de COPARDOM que data del 2006, las empresas radicadas en la República Dominicana estarían asumiendo  la carga laboral más alta de los países suscriptores del DR-CAFTA. Este costo laboral desincentiva la inversiones en la medida que el factor trabajo es crítico en todo proceso productivo que requieren bienes de capital.

3.      Altos costos para acceder a servicios básicos de calidad

Los servicios básicos en la República Dominicana son provistos de una forma muy deficiente.  La mayoría de estos servicios son provistos por el Estado y se financian con impuestos pagados por los mismos agentes privados, de donde el sector público obtiene sus recursos.  A pesar de que los agentes privados pagan impuestos para que el Estado provea esos servicios básicos, deben adquirir esos mismos servicios en el mercado privado o proveérselos a sí mismos para poder acceder a servicios básicos de calidad.  Esto genera una duplicación de costos para los agentes económicos y un mayor costo de oportunidad para la economía en general, en la medida que esos recursos podrían ser utilizados de manera más productiva[6].

Entre los servicios básicos que el Estado provee de una forma deficiente y que agentes económicos financian a través de los impuestos, pero luego deben adquirir en el mercado privado o proveérselos a sí mismos, podemos nombrar:

a. Seguridad;

b. Energía eléctrica;

c. Educación;

d. Salud; y,

e. Justicia.

Otros servicios básicos para los procesos productivos son provistos en ambiente monopólico u oligopólicos, lo que implica servicios de baja calidad a precios elevados.  El transporte de carga y el transporte de pasajeros intra-urbano son casos típicos de servicios provistos al margen de la competencia por omisiones del Estado.  Esto impone un alto costo financiero a los agentes económicos que se traduce en elevado costo de oportunidad para la economía en general.

Todos estos servicios afectan a todos los procesos productivos porque son transversales a todos los sectores económicos.  Esta situación impone costos adicionales a las actividades económicas, lo que desincentiva las inversiones de capital en la economía dominicana.

4.      Incertidumbre sobre consistencia de políticas públicas

La República Dominicana se caracteriza por cambios constantes en las políticas públicas.  Muchas veces sólo el cambio de un Ministro implica cambios no sólo en la dirección de las políticas en algún sector específico, sino también cambios de personal de todo un ministerio.  Esto se hace más evidente con cambios de partidos políticos en la dirección del Estado.  La falta de institucionalidad y de la aplicación de políticas que garanticen servidores públicos profesionales implican una alta discrecionalidad en el diseño y manejo de las políticas públicas.  La cultura clientelista con un alto grado de populismo complican el panorama. Todo esto se convierte en un caldo de cultivo para inconsistencias, corrupción y cambio de dirección en las políticas públicas.  Por ejemplo, altos déficit fiscales por alto gasto público[7] y poco compromiso de la política fiscal para enfrentar el déficit y deuda cuasi-fiscales afectan la percepción de inversionistas. Todos estos factores introducen incertidumbre en las proyecciones financieras al evaluar proyectos de inversión, pero además imponen un alto costo a las empresas operando en la República Dominicana.  En consecuencia, se desincentivan las inversiones de capital y se limita la generación de empleos y riquezas en la economía dominicana.

5.      Sistema tributario complejo con altas tasas impositivas

Durante los últimos 10 años se han aplicado diferentes cambios al código tributario que han implicado introducción de nuevos impuestos e incrementos tasas impositivas, principalmente por un alto gasto público.  Además, se han promulgado leyes con exenciones fiscales que introducen incentivos artificiales a ciertos sectores de la economía. Si bien es cierto que estas exenciones se introdujeron para aminorar los costos operacionales de las empresas pero que implican mala asignación de recursos y complejidad al sistema tributario.  Las modificaciones al sistema tributario han incrementado han resultado, entonces, en más impuestos con tasas más altas para ciertos sectores junto con una cantidad de exenciones.

Lo que ha provocado el sistema impositivo actual es que la base tributaria sea cada vez menor.  Por un lado, exenciones fiscales aprobados por ley excluyen regiones y actividades económicas del sistema tributario.  Por otro lado, el exceso de regulaciones combinado con diversidad de impuestos con altas tasas penalizan la formación de capital en la economía dominicana.

Recomendaciones de políticas públicas

Para crear un ambiente propicio para las inversiones la República Dominicana debe implantar una serie de reformas estructurales para crear un ambiente propicio para el ahorro, la inversión y la producción.  Lo importante sería reducir los costos e incertidumbre que asumen inversionistas locales y extranjeros, actuales y potenciales, para generar riquezas a través del establecimiento de procesos productivos que generen bienes y servicios que demanden consumidores, no importa su ubicación.

En este sentido, enumeramos algunas acciones para crear un mejor ambiente para la inversión:

1.     Cumplir y hacer cumplir las leyes a todos por igual;

2.     Hacer los procesos judiciales más expeditos y asequibles a todos los ciudadanos;

3.     Reformar los cuerpos de investigación y policiales para mayor garantía de la vida, la libertad y la propiedad individuales;

4.     Eliminar trabas burocráticas y la corrupción administrativa;

5.     Profesionalizar el servicio público;

6.     Promover la competencia, eliminando privilegios de políticos, sindicatos y empresarios;

7.     Reformar los sectores energético (electricidad e hidrocarburos), educativo y de salud para introducir mayor competencia y/o mayor participación del sector privado; y,

8.     Implantar una reforma fiscal integral que simplifique el sistema impositivo y reduzca y mejore la calidad del gasto público.

CREES está trabajando en un proyecto de Reforma Fiscal Integral que podría coadyuvar a la atracción de inversiones a la economía dominicana.   Los objetivos principales del proyecto de Reforma Fiscal Integral son:

1.     Introducir un sistema impositivo moderno que estimule las actividades económicas formales para crear más riquezas;

2.     Introducir austeridad en el aparato gubernamental, priorizando y racionalizando el gasto público;

3.     Reducir la evasión fiscal y la informalidad en la economía dominicana; y,

4.     Hacer la política fiscal sostenible, corrigiendo los déficit fiscal y cuasi-fiscal, que distorsionan la asignación de recursos escasos en la economía.

Los siguientes principios guían el trabajo de CREES en este proyecto:

1.     Sencillez.  El sistema impositivo debe ser fácilmente entendible por todos y su cumplimiento de bajo costo.

2.     Estabilidad.  Leyes impositivas estables y confiables reduce las incertidumbres sobre el futuro, que implica mejor planificación de agentes privados.

3.     Neutralidad.  El sistema impositivo no debe recaer sobre un sector económico sobre otro, ni sobre una clase de individuos sobre otros. En todo caos, la política social debe ejecutarse a través del gasto público y no por el sistema impositivo.

4.     Transparencia.   El costo de las actividades que desarrolla el Estado y de los impuestos que se pagan debe ser visible para todos.

5.     Crecimiento económico.  El sistema impositivo debe ser conducente al ahorro, el consumo, el emprendimiento, la inversión, la producción y la creación de más y mejores puestos de trabajos productivos formales.

6.     Austeridad. Las recaudaciones deberán financiar un gasto público moderado, sin gastos superfluos y en actividades que realmente se justifiquen.

 

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