Autor: Miguel Collado Di Franco
Los seres humanos cooperamos unos con otros de manera constante por medio de intercambios voluntarios que suceden en los mercados. Por medio de las acciones que desarrollan los individuos en una sociedad se produce un alto grado de coordinación que hace posible que las personas puedan aportar sus habilidades individuales y a cambio poder adquirir aquellas cosas que necesitan para satisfacer sus necesidades y poder desarrollar su potencial como seres humanos. Estas acciones o interacciones se producen gracias a la existencia de los mercados y estos, a su vez, pueden operar como resultado de las instituciones que existen en la sociedad, sea por diseño o, muy probablemente, como consecuencia de un orden espontáneo del cual han emergido aquellas que han demostrado ser más eficientes a lo largo de la historia.
¿Qué son las instituciones? Son estructuras sociales que sirven de instrumento para facilitar el accionar de los individuos en sociedad, y que también actúan como restricciones al mismo comportamiento humano. Las instituciones conforman el sistema político, legal y económico que impera en un país determinado. De forma más sencilla, puede decirse que dan forma a las reglas de juego mediante las que opera una sociedad. Ejemplos de instituciones son la constitución, la leyes, el dinero. Las instituciones también consisten en construcciones informales como las tradiciones, las creencias y los códigos morales. En este artículo nos concentramos en la relevancia que tienen las instituciones formales para el crecimiento económico.
Impacto de las instituciones en la economía
Las instituciones facilitan la interacción de los individuos por diversas razones, siendo dos de las más importantes permitir el funcionamiento de los incentivos y reducir los costos de transacción en la economía. Por incentivos, nos referimos a las señales que reciben las personas de parte del mercado en forma de recompensas[1]. El esfuerzo de los emprendedores de proveer mejores bienes y servicios es premiado, por ejemplo, en la medida en que obtienen ingresos que pueden traducir en ganancias. Las reglas del juego del sistema de libre empresa establecen (como resultado de las instituciones que le dan forma) que quienes son recompensados son aquellos emprendedores que pueden satisfacer a los consumidores con productos y servicios que estos valoran, usando los factores de producción de manera eficiente. Es decir, los emprendedores, movidos por el incentivo de los beneficios, emplean factores de producción (capital, trabajo y tierra) para combinar insumos que separados no tendrían el valor que les otorga el consumidor. Esta es la manera como operan los incentivos y cómo las economías crecen gracias a nuevas inversiones para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Las instituciones también contribuyen a reducir los costos de realizar transacciones dentro de una economía. Por medio del establecimiento de contratos cuyo cumplimiento lo garantiza el sistema judicial imperante, las partes tienen mayor certeza de que podrán obtener lo pactado sin perjuicio, ni beneficios para una de ellas más allá de lo acordado. En este caso en particular, la reducción de la incertidumbre que provee un buen sistema legal, contribuye a reducir los costos de hacer negocios.
Es de esta forma como las instituciones que conforman las reglas del juego bajo las que operan los ciudadanos, les ahorran recursos a estos ya que representan conocimiento que se ha acumulado durante muchos años. Es decir, aglutinan conocimiento que, en muchos casos, como la institución del contrato o la moneda, tienen siglos de existencia. Si cada vez que alguien quisiera establecer, por ejemplo, un relación contractual tuviera que diseñar sus propios mecanismos legales para garantizar su cumplimiento, los costos de realizar transacciones serían más altos.
Las instituciones, en consecuencia, son importantes en la creación de un clima estable y favorable para las inversiones, imprescindibles en una economía que necesita capital para poder crecer, crear empleos y elevar los niveles de salarios de lo trabajadores. Todo lo cual se traduce en bienestar, mayor empleo y menores niveles de pobreza. Precisamente, elementos que necesita República Dominicana de manera imperiosa.
En adición a mejorar la cantidad y calidad de las inversiones de capital, un buen clima institucional contribuye al proceso de innovación en la economía. La creación y el emprendimiento son inherente a los seres humanos en cuanto lo que necesitan es un ambiente que propicie la actividad innovadora. Es decir, unas reglas de juego claras y estables que faciliten el proceso creativo para formar nuevas empresas, y crear bienes y servicios que satisfagan las necesidades de las personas y contribuyan a su desarrollo humano.
El rol del estado
El estado juega un papel preponderante en el mantenimiento del orden institucional; es decir, en el funcionamiento de las instituciones de manera eficiente. Y prácticamente todas las decisiones que toman los gobiernos influyen en las instituciones con múltiples efectos, muchos de los cuales se traducen en la economía por cuanto inciden sobre el sistema de incentivos, los costos de transacción, la garantía de los derechos de propiedad y el clima general de realizar actividades económicas, como invertir, producir, consumir y ahorrar.
Como responsable de la administración de las reglas del juego, el estado debe garantizar que las mismas sean neutras; es decir, iguales para todos. En la administración y en el diseño de las instituciones es necesario que se asegure que las decisiones no perjudiquen a nadie, pero que tampoco beneficien a ningún ciudadano o grupo de ciudadanos en particular. En consecuencia, la principal función que puede desempeñar el estado es crear un ambiente que no elija de ante manos ganadores ni perdedores, sino que establezca las condiciones para que los ciudadanos puedan intentar alcanzar sus metas particulares.
Así como los incentivos importan mucho y de igual forma las instituciones que permiten que estos puedan operar, las políticas públicas son primordiales dentro de una economía. El diseño e implementación de políticas públicas determina diariamente el desempeño de la economía, por cuanto estas promueven el clima institucional que hemos descrito o lo afecta introduciendo distorsiones a su funcionamiento.
Producto de las modificaciones al sistema institucional, por medio de políticas públicas, se producen consecuencias negativas visibles y no tan visibles en la economía. Por ejemplo, las modificaciones a las leyes tributarias tienen como consecuencia alteraciones en el sistema de incentivos descrito anteriormente. Por medio de tasas de impuestos más altas o mediante imposición de nuevos impuestos sobre actividades específicas, se introducen desincentivos en la economía. En este sentido, podemos citar el caso de gravar los dividendos y los ingresos que generan los ahorros. Cuando se gravan los dividendos se introduce una distorsión mayor al mecanismo natural que existe para premiar a quienes satisfacen las necesidades de los ciudadanos en vista de que se impone una doble tributación sobre las ganancias de los emprendedores. En el segundo caso, se introduce un castigo sobre aquellos ciudadanos que destinan parte de sus ingresos a ahorros que pudieran ser usados por emprendedores para invertir en nuevos procesos productivos o en bienes de capital que generan mayor empleo e incrementan la productividad de los trabajadores, y propiciar que tengan mayores salarios.
Igual que el caso de las leyes tributarias, cuando se crean leyes para actividades específicas de la economía, suelen introducirse distorsiones que resultan en alteraciones en el sistema natural de incentivos. Muchas inversiones se tornan rentables desde el punto de vista contable únicamente por la existencia de un privilegio fiscal que les beneficia, pero no necesariamente porque los consumidores valoran los productos o servicios que produce la empresa. Por cuanto estas leyes pueden estar promoviendo la movilización de capitales y el uso de insumos que no necesariamente contribuyen al proceso de coordinación que produce el mercado, se estaría promoviendo una disminución del bienestar de los ciudadanos.
Conclusión
Las instituciones, cuando operan de manera eficiente propiciando la coordinación de las acciones de las personas, favorecen la labor de los emprendedores, benefician a los ciudadanos en general y contribuyen al crecimiento económico. Sin embargo, cuando las instituciones no contribuyen a preservar los derechos de propiedad a reducir los costos de transacción y a permitir el funcionamiento del sistema de incentivos del mercado, tienen un efecto de desaceleración del crecimiento económico o estancamiento del mismo.
Existe un índice que mide la calidad de las instituciones a nivel internacional, el Índice de Calidad Institucional. El propósito de este índice es evaluar el desempeño relativo de los diferentes países por medio de un indicador que mide la calidad de las instituciones que regulan la política y el mercado. Las instituciones que garantizan el derecho a la vida, la libertad de opinión, la libertad de movimiento, el derecho de propiedad y la libertad contractual son aquellas que tienen más relevancia e impacto sobre la vida en sociedad, y son las que el índice evalúa. En su edición de 2012, República Dominicana aparece en la posición número 109 entre 191 países evaluados. En términos relativos somos inferiores al promedio. Y en comparación al puntaje que obtuvimos en la primera versión de este índice, tenemos un peor desempeño.
Lo anterior implica que las políticas públicas que se diseñen en República Dominicana deben tener en cuenta su efecto sobre las instituciones a los fines de permitir un clima de desarrollo sostenible con resultados concretos sobre la disminución de la pobreza por medio de la elevación de los ingresos promedios de los dominicanos. El país tiene una agenda de reformas estructurales pendiente desde la década de los noventa que debe ser retomada y, junto a ella, deben poner en práctica medidas institucionales que propicien la estabilidad y mayor eficiencia en las reglas del juego para los ciudadanos.
[1] En nuestro país, las exenciones fiscales son llamadas “incentivos” de manera errónea. Las exenciones son privilegios concedidos por el estado a grupos y/o empresas particulares.
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