Transparencia Fiscal: Clave para una Buena Gestión de Gobierno

Autor: Miguel Collado Di Franco

 

“La falta de transparencia resulta en desconfianza.” Dalai Lama

 

La transparencia fiscal es relevante por una razón fundamental que debiera constituir el elemento esencial para su práctica rigurosa: el dinero que gasta el gobierno proviene de los ingresos de los ciudadanos. La organización social bajo la cual estamos estructurado como Estado, similar a la de la mayoría de los demás gobiernos democráticos, demanda, para su buen funcionamiento, que los ciudadanos tengan conocimiento del uso de los recursos que emplea el gobierno que eligieron. La buena gestión de cualquier gobierno está relacionada con la confianza que puedan tener los ciudadanos del uso que se da a los ingresos que el Estado recauda. Confianza dada por la capacidad de poder establecer que efectivamente hay rendición de cuentas sobre el dinero gastado y que el mismo se emplea de manera eficiente.

Desde un punto de vista de políticas públicas, ser transparente trae como resultado positivo una mejor implementación de medidas económicas, por cuanto los resultados son visibles tanto para los hacedores de las mismas, como para el público en general. El FMI, en un artículo en su sitio de Internet dedicado a la transparencia, resume la lógica de este concepto de la siguiente manera: “La transparencia fiscal supone un esfuerzo por informar al público sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno y sobre la estructura y las funciones gubernamentales que determinan las políticas y los resultados fiscales. Esta transparencia favorece un debate público más informado, así como una mayor rendición de cuentas y credibilidad en el gobierno.”

Un “debate público más informado”, como expresa el FMI, debe implicar mejores políticas públicas. En adición, facilita que el público pueda entender mejor cuáles son los resultados de las políticas llevadas a cabo en materia fiscal y así poder tomar mejores previsiones y planificar mejor la realización de sus actividades económicas. Los agentes económicos planifican y toman decisiones basadas en información y en la interpretación de las mismas. Para tener confianza en que sus decisiones están siendo realizadas de la manera más eficiente; es decir, dando el mejor uso a la información disponible, esta última debe ser transparente y oportuna.

 

Déficit fiscal de 2012 y la transparencia del mismo

En la actualidad, la información fiscal del gobierno dominicano presenta diferentes datos dependiendo de la fuente de la cual provenga y en el tiempo en que sea proporcionada. En adición, no está siendo del todo oportuna puesto que su divulgación para el público general cuenta con importantes atrasos. El episodio de alto déficit en el resultado presupuestario de 2012 puso en evidencia, entre otras cosas, el pobre desempeño en su ejecución y la falta de transparencia presupuestaria, lo cual es consistente con los resultados recientes del Índice de Presupuesto Abierto preparado por el International Budget Partnership.

Al momento de publicar este trabajo, el sitio web oficial Portal del Ciudadano Dominicano (http://www.portaldelciudadano.gov.do) que proporciona información sobre los ingresos y gastos del gobierno, y que busca “optimizar el actual índice de transparencia presupuestaria de la República Dominicana” no había publicado el resultado fiscal del gobierno para 2012. Tampoco disponía de información para los primeros tres meses del año. El sitio web de la Dirección General de Presupuesto (http://www.digepres.gob.do) tampoco tenía esta información actualizada. En ambos sitios, el dato más reciente sobre los ingresos y los gastos del gobierno era el correspondiente a noviembre de 2012.

Luego de diciembre de 2012, la única fuente oficial que ha publicado resultados sobre los gastos e ingresos para el año 2012 completo es el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en su Informe de la Economía Dominicana, Enero-Diciembre 2012. En ese documento aparecen las operaciones del gobierno central (ingresos y gastos), y el balance general que resulta de las mismas es deficitario por RD$153,803.2 millones. Este monto es similar al que había presentado el gobierno como su proyección de déficit para 2012 en el marco de las discusiones en el Consejo Económico y Social (CES) en torno a la introducción de la modificación de impuestos que luego sería aprobada como Ley 253-12. En ese momento, octubre de 2012, se presentó un déficit proyectado de RD$155,946.0 millones.

El Ministerio de Hacienda sólo ha proporcionado el dato de resultado presupuestario que presentó en los documentos que acompañan el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2013, aprobada en diciembre de 2012. En la misma aparece como resultado un déficit estimado a la fecha de RD$124,585.5 millones.

Este déficit difiere en RD$29,217.7 millones del monto publicado por el BCRD en su Informe de la Economía Dominicana, citado anteriormente. Sin embargo, es similar al déficit que resulta de las operaciones fiscales en base caja publicadas por el mismo BCRD en su portal web, que es de RD$123,585.7 millones. Lo anterior lleva a pensar si el registro del gasto que está efectuando el gobierno a través del Ministerio de Hacienda es en base caja y no en base a lo devengado, como establece la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06. De ser así, el gobierno estaría registrando un gasto menor en vista de que sería en base a lo desembolsado para pagos de gastos y no al monto devengado de los mismos. Los documentos que acompañan el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2013 incluyen, dentro de las Fuentes de Financiamiento para 2012, un “Saldo de Caja Tesorería” (sic), por un monto de RD$27,497.6 millones que, en ese momento, condujo a la misma conclusión sobre la base de clasificación del gasto[1].  Debido a que los RD$124,585.5 millones que aparecen en el presupuesto como déficit más los RD$27,497.6 millones representan un monto similar al déficit mostrado en octubre pasado ante el CES, se podría inferir que el resultado del presupuesto para 2012 fue elaborado en base a caja, y que el monto que aparece como fuente de financiamiento fue comprometido, pero no desembolsado. Si los RD$27,497.6 fueron devengados, aunque su desembolso no hubiera sido ejecutado en 2012, debieron ser presentados como parte del déficit de ese año. La transparencia lo requería, independientemente de que para poder apropiar el gasto que generó ese déficit hubiera sido necesario introducir un segundo presupuesto complementario en 2012.  

El 8 de marzo pasado, el Directorio Ejecutivo del FMI publicó una nota relacionada con la conclusión de la Consulta del Artículo IV con la República Dominicana correspondiente a 2012. Dicho comunicado está acompañado de estimaciones sobre el resultado fiscal del gobierno dominicano para 2012. Según el FMI, el monto del déficit consolidado del sector público fue de 8.5% del PIB. Dado que el déficit cuasi-fiscal del sector público financiero fue de 1.2% de acuerdo al FMI, este organismo estima que el déficit del gobierno central para 2012 fue de 7.3% del PIB, lo que equivale a unos RD$168,138.0 millones.

El gráfico a continuación resume los diferentes montos del déficit de 2012 dependiendo de los organismos, gubernamentales o multilaterales, que han realizado alguna publicación del mismo desde octubre de 2012 hasta marzo de 2013.

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                          Fuentes: BCRD, FMI, Ministerio de Hacienda.

 

Más información fiscal y con mayor frecuencia, no con menos periodicidad

El pasado lunes 1 de abril de 2013, el Ministerio de Hacienda colgó una nota en su portal web informando que, en lo adelante, ese ministerio y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) darán a conocer la ejecución del presupuesto en el mes siguiente al cierre de cada trimestre. Esta medida, aparentemente, descontinúa la costumbre de suministrar información sobre los ingresos y gastos con periodicidad mensual. Decimos esto en vista de que hasta al 3 de abril de 2013 no han sido publicado los ingresos y los gastos del gobierno correspondientes a los meses posteriores a noviembre de 2012. Es decir, mientras la tendencia internacional es a tener mejor información fiscal y mayor transparencia (sobre todo a partir de la crisis financiera internacional), la práctica local está conllevando a disponer de informes más aplazados.

Un “debate público más informado”, como bien expresa el FMI, amerita información más frecuente. Por lo menos mensual. Cuando un gobierno experimenta un déficit tan alto, en valores absolutos y como porcentaje del PIB, como el experimentado en 2012, y se implementan medidas tributarias como las adoptadas a partir de la Ley 253-12, se justifica aún más que el público tenga mejor y más rápido acceso a la información fiscal. Los ingresos generados a partir de esa ley provienen de las actividades económicas realizadas por los agentes económicos que operan en la economía dominicana. Como ciudadanos y como contribuyentes merecen una mejor y más expedita rendición de cuentas por parte del gobierno dominicano sobre el monto de los ingresos totales recaudados y cómo están siendo gastados los mismos.

 

Conclusión

Preocupa que a principios de abril de 2013 todavía existan dudas en torno al resultado del déficit fiscal de 2012. También motiva a preocupación que se retrase la publicación de información fiscal. De igual manera, crea desconfianza que la información disponible pudiera estar siendo presentada en base a caja y no a lo devengado como indica la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público en su artículo 26, que establece: “Los montos de gastos consignados en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos se determinarán siguiendo el criterio del devengado. Se considera efectivamente ejecutado el presupuesto de gastos al momento de devengarse el gasto.”

Es necesario que en República Dominicana sean adoptadas mejores prácticas de transparencia fiscal. Diferentes países han promulgado legislaciones de responsabilidad fiscal para ayudar a estos fines. En ese sentido, es prudente que sea adoptada una Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, como lo han hecho diferentes países. Una ley concisa, que defina de manera clara y precisa criterios para evaluar la responsabilidad fiscal, y aporte elementos de transparencia necesarios para tener informaciones más confiables y oportunas deberá ayudar una mejor gestión de gobierno. De igual forma, contribuirá a contar con un público mejor informado para demandar mejores políticas públicas.

 

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