Autor: Ernesto Selman
Introducción
El sistema público de educación básica y media en la República Dominicana es muy deficiente. Esta es una realidad que se comparte con otros países de la región y que se viene arrastrando desde hace muchos años. Por esta razón, actualmente se discute un Pacto por la Educación, que se plasmó en la Ley Orgánica No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hacia futuro, el nivel de formación y educación de los ciudadanos será cada vez más importante en los procesos productivos por el uso inminente de nuevas tecnologías y cambios en el entorno internacional. Las deficiencias de la educación pública dominicana afecta el nivel de ingresos de las personas porque la baja formación limita las habilidades para realizar trabajos determinados.
Los seres humanos son imprescindibles en los procesos productivos porque dirigen y coordinan otros factores de la producción, complementándose entre sí[1]. En este sentido, mejor formación y educación mejoran las capacidades intelectuales de las personas para poder agregar más valor en los procesos de producción; es decir, permiten incrementar la productividad de los individuos. Por consiguiente, mejor formación y educación tienen la virtud de promover mayores ingresos. La República Dominicana, como otros países de la región, deben abocarse a reformas estructurales en sus sistemas educativos para mejorar la productividad de las personas, elevando la calidad de vida en el proceso.
Realidad de la educación pública
El nivel de escolaridad promedio en la República Dominicana no supera el octavo grado de primaria, la tasa neta de cobertura llega a poco más del 50% en la educación secundaria y, en general, la educación que se imparte es deplorable. Las deficiencias que muestra el sistema de educación pública hace que muchos dominicanos estén dispuestos a pagar un alto costo por una buena educación para sus hijos en colegios privados. Literalmente, los dominicanos huyen de la educación pública toda vez que sus ingresos permiten inscribir a sus hijos en colegios privados. En la medida que los ciudadanos deben proveerse de servicios de educación pre-universitaria en el mercado privado, están asumiendo costos adicionales porque ya éstos habrían pagado impuestos para recibir esos servicios; esto afecta el desarrollo económico porque se destinan más recursos escasos de lo necesario. Es importante resaltar que los servicios de educación pública no son gratis, sino que se financian con impuestos que recauda el Estado de los agentes productivos; no existe algo gratis en la vida.
La educación pública no representa competencia para los colegios privados, que ofrecen mayor calidad. Las deficiencias en la educación pública primaria y secundaria se arrastran al mercado laboral, pasando por la educación superior, cuando se cursa. El problema está en que la educación pública no forma jóvenes capacitados para los retos del futuro, incluyendo exigencias de mercados más integrados internacionalmente y revoluciones tecnológicas de ciclos más cortos.
El sistema de educación pública es altamente centralizado y no brinda una alternativa viable a muchos dominicanos que pagan un alto costo por los servicios de educación privados. La solución al alto costo de la educación privada está en que el Estado asegure que la educación pública pueda competir en cuanto a calidad de la enseñanza y la eficiencia con los colegios privados. Esto no se logra a través de la provisión directa, centralizada y politizada de los servicios educativos, como ocurre en la actualidad. No importa los recursos que se otorgue al Ministerio de Educación, si se mantiene el sistema actual de educación pública, su calidad no mejorará para capacitar los profesionales del futuro.
El sistema centralizado del manejo de la educación pública ha desincentivado la participación de los padres en la educación de sus hijos. Además, las organizaciones de la sociedad civil se ven limitadas a involucrarse en la provisión de servicios de educación y los programas de apadrinamiento son limitados. A esta centralización en la toma de decisiones se suma la politización del manejo de la educación pública por la influencia de los partidos políticos en el sindicato de profesores, y viceversa. Esto hace que las decisiones de políticas públicas se mantenga en un ámbito alejado de los dolientes: padres y estudiantes. Como demuestra Miguel Collado Di Franco, Economista Senior de CREES, en A propósito de la Reforma en Educación, mayor gasto en educación en los últimos años no ha implicado más y mejores servicios educativos en la República Dominicana; por esto, sostiene, se requieren cambios fundamentales en la educación pública.
Propuestas de políticas públicas
Una de las vías más seguras para incrementar los ingresos por productividad es a través de la formación y educación de las personas. Consistente con otras propuestas de reformas fundamentales en la sociedad dominicana para un mejor futuro, nos permitimos ofrecer algunos aportes al debate sobre le Pacto por la Educación. En este sentido, hacemos una serie de propuestas a implementarse en un período de cinco años. Con el objetivo de que el sistema de educación pública pueda mejorar para introducir competencia en el mercado privado en cuanto a calidad y efectividad de la educación, se propone:
1. Involucrar a los padres para que asuman mayor responsabilidad de la educación de sus hijos. Debe incentivarse la creación de las asociaciones de padres en las diferentes comunidades donde existan escuelas públicas. Los más dolientes son los padres y éstos no se pueden sustituir por profesores y directores de escuelas. No podemos asumir que personas ajenas a sus hijos están en mejores condiciones para la instrucción de los niños y jóvenes. Esto supone que los padres serían incapaces de asumir mayores responsabilidades por baja formación. No importa la instrucción o nivel educativo, los padres siempre tendrán el mayor interés de una buena educación para sus hijos, teniendo, en consecuencia, mayor capacidad de discernir de buenos y malos directores y maestros. Es imprescindible integrar a los padres a la toma de decisiones en las escuelas auspiciando asociación de padres a nivel de las escuelas y/o áreas determinadas.
2. Involucrar a ONGs e iglesias en la gestión de la provisión de servicios de educación. Conceder en administración a iglesias o instituciones sin fines de lucro con experiencia en trabajo social (educación y salud, por ejemplo) implicaría involucramiento de organizaciones no-gubernamentales con interés en que se provean servicios de calidad al menor costo. Además, esto sería una forma de desconcentrar la estructura centralizada del Ministerio de Educación y las tomas de decisiones por grupos de interés ligados a procesos y/o intereses políticos. Las ONG e iglesias podrían aceptar administrar la escuelas como parte del trabajo social que realizan por el bien de los más necesitados.
3. Ampliar los programas de apadrinamiento de escuelas. Todavía existe un gran potencial para involucrar instituciones privadas con y sin fines de lucro en el financiamiento de las infraestructuras y operaciones de las escuelas donde asisten los más necesitados de la sociedad. Hay muchas personas y empresas que estarían dispuestas a apadrinar escuelas, siempre y cuando entiendan que el retorno de su apoyo sería positivo y se traduciría en más y mejor servicio de educación para niños y jóvenes. Este tipo de programas funciona de manera óptima si existe algún tipo de auto-gestión de las escuelas.
4. Despolitizar la gestión y provisión de servicios educativos en las escuelas. Las escuelas públicas deben funcionar como entidades autónomas en términos administrativos, con un Consejo Directivo o Patronato por cada escuela compuesto por: un representante de la asociación de padres, un representante del profesorado, un representante del Ministerio de Educación, un representante de la ONG involucrada en la gestión y un representante de la(s) persona(s)/empresa(s) que apadrina(n) la escuela en cuestión. Es importante la participación de los profesores en la toma de decisiones junto a padres y otros actores involucrados.
5. Patronato o Consejo Directivo para gestionar y administrar cada escuela. Los patronatos o consejos directivos deben tener la responsabilidad última de definir las políticas de cada escuela, seleccionar directores y profesores, decidir cuáles profesores necesitan formación/entrenamiento por materia y los directores que necesiten cursos gerenciales, entre otras medidas. Obviamente, esto debe ir acompañado de unos requerimientos mínimos en cuanto al currículo y monitoreo de la calidad de los servicios por parte del Ministerio de Educación, como veremos a continuación. Estos patronatos o consejos directivos servirían de mecanismo para toma de decisiones colegiadas entre las partes involucradas. Todos tendrían representación equitativa en las votaciones de los consejos y el representante del Ministerio de Educación tendría que acogerse a la mayoría.
6. Requerimientos de desempeño y de un currículo mínimo a nivel nacional. El Ministerio de Educación debe establecer un currículo mínimo a nivel nacional para que los niños y jóvenes tengan una formación que sirva de plataforma para desarrollar otras habilidades dirigidas a los procesos productivos. Obviamente, las materias de ciencias naturales, matemáticas, gramática y ciencias sociales no podrían faltar en este currículo, pero se mantendría sólo como requerimientos mínimos para que se puedan impartir otros cursos, según las necesidades de cada región, para entrenar a los jóvenes a nivel técnico. Además, el Ministerio de Educación debe asegurarse que la calidad de la educación que se imparte en las escuelas debe cumplir un mínimo de desempeño. Esto lo haría a través de mecanismos de supervisión y monitoreo (más abajo).
7. Independencia en toma decisiones Patronato o Consejo Directivo. Los patronatos o consejos directivos tendrían la facultad de tomar las decisiones internas en las escuelas en cuanto a contratación de directores y profesores, remuneración y condiciones de trabajo, libertad de programas de estudio (siempre que cumplan requerimientos mínimos del Ministerio, más abajo) que pueda incluir formación técnica-vocacional y desarrollo de habilidades que requieran las diferentes regiones del país. Poder decidir la contratación y remuneración implica que las escuelas estarían compitiendo para atraer los mejores profesores por mejores remuneraciones; esto implica que los profesores tendrán incentivos de mejorar su desempeño. La libertad de programas de estudio permitiría a los patronatos o consejos de directores impartir cursos dirigidos a las actividades económicas que se desarrollan en sus regiones; por ejemplo, en zonas agrícolas o turísticas los patronatos podrían incluir cursos de formación técnica para cada actividad.
8. Financiamiento provendría del Estado. En una primera etapa, se mantendría el financiamiento a la oferta de los servicios educativos por parte del Estado; es decir, se transferirían fondos a las escuelas. Esos dineros se deberán manejar en base a las decisiones de los patronatos o consejos directivos de cada escuela donde se apliquen las reformas propuestas. En todo caso, el financiamiento deberá estar relacionado a la cantidad de alumnos por escuela. En una etapa posterior, el financiamiento del Estado podría dirigirse a la demanda en lugar de la oferta. En ese caso, las escuelas tendrían que competir para atraer los estudiantes y padres, quienes recibirían los fondos directamente del Estado por un bono educacional y decidirían en qué escuela inscribirse.
9. Entrenamiento a profesores y directores de escuelas. Para los entrenamientos que requieran docentes y directores de escuelas (que definirían los patronatos o consejos directivos) el Ministerio de Educación efectuaría acuerdos con universidades locales, quienes impartirían esos entrenamientos. Esto se podría lograr a través de procesos de licitación abiertas entre universidades locales, con reglas de juego claras y transparentes. Esto implicaría competencia entre las universidades para desarrollar planes óptimos para entrenar y capacitar a docentes y directores de escuelas.
10. Mecanismos de supervisión y monitoreo. El Ministerio de Educación debe crear un mecanismo de control de calidad de la educación con un estándar mínimo por los cuales todas las escuelas deben regirse. Este es un requerimiento necesario para monitorear desempeño por escuela, tener indicadores comparativos en cuanto a la efectividad de cada patronato o consejo directivo y para garantizar la calidad de la educación a nivel nacional. Estos mecanismos de supervisión y monitoreo deberían ser sub-contratados por el Ministerio de Educación a través de licitaciones públicas abiertas con reglas de juego claras y transparentes. Luego de definir un mecanismo idóneo, se podría contratar una empresa por cada región escolar para aplicar los diferentes mecanismos de monitoreo de la calidad de la educación. De esta forma se contaría con indicadores comparativos del desempeño de cada empresa que evalúa o monitorea la calidad de los servicios educativos.
Para aplicar este tipo de reformas estructurales habría que realizar estudios previos y determinar las escuelas que podrían adoptar esta modalidad en un primer programa piloto. En lo inmediato, la reforma podría iniciarse involucrando 100 planteles escolares actuales en las principales zonas urbanas del país. Además, se podrían integrar todas las escuelas nuevas que están en construcción a raíz del programa del gobierno de turno. En principio, ciertas escuelas existentes podrían presentar dificultades para adoptar este tipo de modalidad porque están en lugares remotos o porque requieran fortalecer su capacidad institucional; en esos casos, el Estado se mantendría suministrando los servicios de educación directamente hasta que sea posible su transformación. Sin embargo, esto no debe ser obstáculo para que las autoridades inicien un programa de reformas estructurales en el sistema educativo que cambien la realidad actual y las perspectivas de unos dos millones de estudiantes en el sistema de educación pública de la República Dominicana.
[1] En la ciencia económica se habla de tres factores de la producción: mano de obra, capital y tierra. En este sentido, nos referiríamos a: capacidades físicas e intelectuales que tienen los seres humanos para realizar una tarea determinada (mano de obra); maquinarias, equipos y edificaciones (capital); y, los factores de la naturaleza disponibles para los seres humanos y bienes intermedios que surgen de la naturaleza (tierra).
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