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Como se observa en la gráfica, el gasto del Poder Judicial se ha incrementado significativamente, tanto en términos nominales como en reales. Este incremento inicia luego de 1996 cuando, por medio de una serie de reformas, se dotó al Poder Judicial de autonomía presupuestaria y de mayor autonomía administrativa. En concreto, entre el 2000 y el 2015, el gasto del Poder Judicial se incrementó en 638.5% en términos nominales, mientras que en términos reales se duplicó en un 99.9%. Según la Ley 194-04 (2004), al Poder Judicial debe asignársele, al menos, el 2.665% de los ingresos internos, incluyéndose los ingresos adicionales y los recargos que se aprueben para el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en la ley, nunca se le ha asignado dicho porcentaje. En promedio, desde el 2004 a 2016, al Poder Judicial sólo ha recibido el 58.7% del presupuesto de gastos que le corresponde por ley. En nuestro artículo publicado Sobre el presupuesto y el desempeño del Poder Judicial dominicano indagamos en la asignación presupuestaria y mostramos indicadores de desempeño de dicho Poder, comparándolo con países de América Latina.
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