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En la tabla se muestran al menos 28 compromisos específicos que deben asignarse a diversas instituciones estatales, en base a un ejercicio realizado en 2012 por CREES. En República Dominicana existen diferentes compromisos contenidos en legislaciones que asignan partidas específicas del presupuesto de ingresos y gastos públicos a instituciones determinadas. Es decir, distintas leyes incluyen provisiones de gasto público específico o pre-fijado, como porcentaje de alguna partida o en montos absolutos, para distintos estamentos del Estado. Estas políticas de asignaciones predeterminadas son, en importante medida, un reflejo de la expansión de las funciones del Estado sin la debida planificación. Es necesaria una revisión de las leyes que crean compromisos en el gasto público, puesto que aumentan la presión sobre las finanzas públicas y restan flexibilidad a la ejecución presupuestaria según los requerimientos en momentos diferentes. En adicción, como es de esperarse, la gran mayoría de estas asignaciones no se cumplen y se introducen dispensas en cada presupuesto del Estado, lo que le resta institucionalidad a la formulación de los presupuestos y lesiona el sistema jurídico local.
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