Fuente: www.acento.com.do
Fecha: 13 de octubre de 2012
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El sector eléctrico es un barril sin fondo, que no tiene perspectiva de ser reformado, en especial porque el gobierno mantiene la política de seguir cubriendo con subsidios los grandes hoyos de las empresas distribuidoras, conocidas como EDES.
El economista Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), sostiene que “en el sector eléctrico se mantiene el status quo y se proyectan subsidios por más de US$1,000 millones para 2013, luego de destinar unos US$1,150 millones para este año y US$860 millones en 2011”.
Dice que desde el inicio de la actual gestión de gobierno de Danilo Medina se anunció que las empresas distribuidoras de electricidad se mantendrían en el ámbito político. “No se han presentado políticas públicas que eliminen esas distorsiones, reduzcan el costo de la energía eléctrica y se minimice el impacto fiscal por los subsidios injustificados”.
El CREES es una entidad de análisis y propuestas económicas y está integrado y patrocinado por empresarios dominicanos. Su Consejo Directivo lo preside el empresario Marino Ginebra y lo integran Rafael Del Toro, Vicepresidente, Andrés Bobadilla, Secretario, Campos De Moya, Tesorero, Práxedes Castillo, Vice-Secretario, Rafael Blanco Canto, Vice-Tesorero, Luis Molina Achécar, Miembro y Eduardo Martínez-Lima, Miembro.
Vea a continuación el texto del trabajo de Ernesto Selman sobre el sector eléctrico y la reforma tributaria:
¿Y las reformas estructurales?
Las autoridades han sometido la propuesta de incremento de impuestos aisladamente, sin planteamientos específicos para reordenar sectores de la economía que imponen un alto costo para vivir y hacer negocios en la República Dominicana. El caso del sector eléctrico es el más crítico y evidente de que no existen planes concretos de reformar un sector que impone elevados costos a los agentes económicos, penaliza la competitividad e implica mayor gasto público por subsidios injustificados. En el sector eléctrico se mantiene el status quo y se proyectan subsidios por más de US$1,000 millones para 2013, luego de destinar unos US$1,150 millones para este año y US$860 millones en 2011. Desde el inicio de la actual gestión, se anunció que las empresas distribuidoras de electricidad se mantendrían en el ámbito político. No se han presentado políticas públicas que eliminen esas distorsiones, reduzcan el costo de la energía eléctrica y se minimice el impacto fiscal por los subsidios injustificados.
En el sector transporte e hidrocarburo, las autoridades mantienen las exenciones a 34 millones de galones de gasoil que reciben los sindicatos de transporte, quienes mantienen privilegios monopolistas en el mercado. No hay planteamientos concretos para introducir competencia en el sector transporte para reducir el costo del transporte interno de carga. No se plantean medidas específicas para reducir los costos laborales para promover el empleo formal e incremento de ingresos de los trabajadores. Tampoco se han anunciado reformas estructurales en los sectores salud y educación, lo que mantendría sistemas altamente ineficientes que implica menor productividad de los trabajadores y mayor costo económico para la República Dominicana, en general.
No se ha propuesto ninguna reforma económica estructural que promueva la inversión, la producción, la generación de empleos productivos ni el aumento de eficiencia económica. La propuesta de incremento de impuesto se ha hecho aislada de un planteamiento de visión de desarrollo integral de la economía dominicana.
¿Es posible 4% del PIB con una crisis fiscal?
A raíz de la aprobación de la ley General de Educación (66-97) en el artículo 197 se lee: “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor que los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del Producto Interno Bruto (PBI).”
Como es sabido, existen múltiples leyes y/o disposiciones de leyes que simplemente no se cumplen y no se hacen cumplir en la República Dominicana. Como muchas otras leyes que tienen requerimientos de gastos sobre el PIB u otros indicadores específicos, la ley de educación no se ha cumplido desde que se promulgó. Lo que está claro es que la sociedad ha demostrado su vocación para que se aplique el aspecto de la Ley 66-97 que indica el nivel de gasto en educación por parte del Estado.
Se argumentaría que el gobierno estaría representando los deseos de la sociedad al destinar 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pre-universitaria, aunque la ley no especifica hacia dónde debe ser dirigida. Pero, sin estrategias claras para mejorar la educación, descentralizando e integrando padres y actores privados con y sin fines de lucro en el financiamiento y provisión de servicios, los dominicanos estaremos condenados a bajos niveles de educación. Comparado con otros países, la República Dominicana ocupa el lugar 140 de 142 países con respecto a la educación primaria, según el Índice de Competitividad Global 2011-2012 del World Economic Forum.
La educación pública en la República Dominicana es altamente ineficiente y la escolaridad promedio no llega al 6to grado de primaria. Con servicio público de educación altamente ineficiente, que no representa competencia a los colegios privados, los ciudadanos están dispuestos a pagar altas sumas de dinero huyendo de la educación pública. Si bien la sociedad exige un incremento del gasto público a la educación pre-universitaria, las propuestas siempre van acompañadas de reformas integrales al sistema de educación pública para que se formen jóvenes con capacidades y competencias requeridas en procesos productivos bajo competencia internacional.
Si destinar más de RD$30,000 millones adicionales a la educación implica que se pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, entonces es responsabilidad de los representantes electos explicar la realidad de los hechos y poner las opciones claramente sobre la mesa de lo que significa una decisión como esa bajo una crisis fiscal. Una de las principales responsabilidades de los representantes electos en una democracia liberal es comunicar la verdad asumiendo liderazgo genuino y exponiendo las opciones abiertamente, analizando los costos y beneficios de las opciones en cada momento.
En caso de no aplicar reformas estructurales en la provisión de los servicios de educación, se estaría asumiendo un importante riesgo de destinar más recursos a un sistema que no provee las herramientas necesarias a nuestros niños y jóvenes para asumir tareas con altos niveles de especialización; esto los destina a baja productividad y bajos niveles de ingresos. No podemos esperar resultados diferentes tirando más plata, pero haciendo lo mismo. La población debe tomar la decisión si realmente quiere que se reoriente el gasto público hacia la educación, asumiendo un riesgo real por la situación económica y la crisis fiscal actual.
Por diferentes vías, la sociedad ha expresado claramente apoyo al incremento del gasto público en educación al 4% del PIB. Sin embargo, la sociedad ha exigido reformas estructurales en el sector de educación. También, ha sido evidente las demandas de la sociedad para reducir un aparato estatal altamente costoso por las razones antes expuestas que no se justifican bajo una crisis fiscal. En todo caso, los mismos promotores de incrementar el gasto en educación han identificado de dónde podrían obtenerse ahorros presupuestarios para destinarlos a la educación. Desde nuestra perspectiva, es prioritario exponer la situación real de la política fiscal y debatir abiertamente los costos y beneficios que asumimos con las diferentes opciones que se nos presentan como sociedad.
Se mantiene una política fiscal insostenible
Al no enfrentar el excesivo gasto público que representa el origen de la crisis fiscal actual, las autoridades mantienen una política fiscal insostenible. Esto es así porque con la propuesta tributaria mermarán los ingresos fiscales en el mediano plazo; se desincentivan las actividades económicas formales por mantener importantes distorsiones en el sistema tributario, incrementar el costo de vivir y hacer negocios en la República Dominicana y por no aplicar reformas estructurales que promuevan la eficiencia en sectores claves de la economía. Además, la política fiscal será insostenible porque el aumento de prácticamente todos los impuestos y la introducción de nuevas figuras impositivas promueven la evasión fiscal y la informalidad en la economía.
En los documentos anexos a la propuesta del gobierno se hace evidente que para 2013 habrá un déficit fiscal de RD$84,300 millones de pesos. Este resultado proviene de:
-Ingresos estimados: RD$384,724 millones
(RD$329,680 millones más RD$55,044 millones)
-Gasto público estimado: RD$469,024 millones
-Resultado (déficit): RD$84,300 millones
Sin embargo, declaraciones de funcionarios públicos indican que el ingreso sería mayor en casi RD$5,000 millones adicionales. Esto implicaría un déficit de unos RD$80,000 millones. Quiere decir que para el año 2013 la República Dominicana mantendría un déficit fiscal en un rango entre RD$80,000 y RD$85,000 millones. De esta forma, la política fiscal se mantendría en una senda de insostenibilidad y los dominicanos asumiríamos un alto costo por ello. La sociedad dominicana debe disponer de informaciones veraces y presentadas claramente por las autoridades.
En todo caso, la propuesta tributaria no enfrenta los problemas de fundamento de la economía dominicana. Peor aún, introduciría costos adicionales e incrementaría las distorsiones en el sistema económico, reduciendo la calidad de vida de los dominicanos en el presente y en el futuro. Entendemos que las autoridades deben recapacitar y revisar su propuesta para introducir un sistema impositivo sencillo con menores tasas de impuestos que promuevan las actividades económicas. También, deben reducir el excesivo gasto público reestructurando el aparato estatal y mejorando la calidad de los servicios públicos en la República Dominicana.
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