Autor: Editorial El Dinero
Fecha: 10 de octubre, 2016
Extraído de eldinero.com.do
El Gobierno dominicano, al parecer, tiene el famoso “güiri-güiri”, o sea, el “corre-corre” que ataca a cualquier mortal cuando siente la necesidad de responder a necesidades fisiológicas. No se trata decidir si ir o no ir; el hecho es que debes ir.
La administración del Estado tiene por delante la obligación de cumplir con lo que promete y, además, agregar los imprevistos y las peticiones que hace la ciudadanía. Toda petición implica mayor gasto. Y aquí se incluye a todos sin importar clase social y económica.
¿Qué pide la gente, el pueblo, los empresarios, las organizaciones sociales y toda la sociedad civil, incluyendo los partidos de oposición? Puentes, carreteras, escuelas, hospitales, aumento de salario, estabilidad de precios, seguridad ciudadana, inversión en tecnología y desarrollo, energía eléctrica permanente, iluminación de las vías públicas, calles asfaltadas, recogida de basura y todo lo que se adhiere en una sociedad con necesidades que se multiplican con el pasar del tiempo.
Ahora bien, ¿cómo cumplir con todas estas demandas sin recursos? ¿Cómo financiar el gasto público o las obras que demanda la gente? ¿Quiénes deben aportar los recursos para responder eficientemente a estas reivindicaciones? El único mecanismo de que dispone el Estado para captar recursos son los impuestos. Son desagradables, pero sin ellos sería imposible poner a funcionar el Estado.
La ciudadanía, y muy especialmente los empresarios, hacen muy bien en rechazar una reforma fiscal sin antes resolver otras cuestiones de orden institucional y de gestión en el Estado.
El Gobierno sabe y reconoce que no se trata de decirle no a la transformación del sistema impositivo porque sí, o porque es natural rechazar los impuestos, sino que ello responde a la creación de conciencia respecto a la necesaria calidad en el gasto. Los dominicanos están en el justo derecho de pedirles cuenta a quienes administran los tributos.
Transparencia, eso también pide la gente. El economista Ernesto Selman es lo suficientemente explícito en un artículo donde afirma que la Dirección General de Presupuesto (Digepres) no registra la totalidad del gasto público y esto implica que se están violando principios contables básicos.
De esta forma, dice, en las estadísticas que publica Digepres aparecen los presupuestos ejecutados, supuestamente como se aprobaron originalmente, pero la realidad sólo sale a flote en las estadísticas fiscales que publica el Banco Central en los informes de la economía dominicana.
Mientras “el hacha va y viene”, el Senado recibió un proyecto de presupuesto por RD$711,399.4 millones, de los que el 85% está atado a leyes. Este año se ejecuta uno de RD$663,000 millones. Para 2017 el gasto público aumentará en RD$58,000 millones.
Sólo para intereses de la deuda se han apartado RD$17,000 millones, lo que quiere decir que de RD$97,767 millones pasa a RD$114,865 millones. Los sectores Educación y Salud, combinados, significan RD$162,000 millones.
La administración del Estado, que ha visto prácticamente imposible impulsar una reforma fiscal bajo las condiciones actuales, y que los empresarios han mostrado su disposición de contribuir con el buen funcionamiento del Gobierno, incluso llamando al castigo de quienes incurran en el delito de la evasión, no ha tenido otra opción que fortalecer los mecanismos recaudatorios.
Y como no hay reforma, por ahora, el Presupuesto de 2017 contempla ingresos por diversas vías, entre las que está el cobro de 10% sobre la ganancia de zonas francas, el anticipo a las industrias (Ley 392-07) y 50% por adelantado del ITBIS a las materias primas. También está disponible la mitad del 2% del CDT que pagan los usuarios de telecomunicaciones a través del Indotel.
Lo que sí se sabe es que las finanzas públicas no andan bien.
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