Decretos de austeridad del gasto público en la República Dominicana 2012-2025
A raíz de la publicación del decreto 105-25, emitido el pasado 28 de febrero de 2025, entendemos que es pertinente analizar la efectividad, en términos del gasto público del gobierno, que decretos de este tipo han tenido en el pasado reciente. En particular, esa resolución ejecutiva plantea restricciones en la adquisición de vehículos, la prohibición de la compra de boletos aéreos y la prohibición de gastos en actividades no esenciales como celebraciones y agasajos.
No obstante, debe remarcarse que no es la primera vez que se adoptan medidas de este tipo. En los últimos 13 años se han emitido siete decretos distintos con condiciones similares, pero con la misma finalidad de reducir el gasto dentro de las finanzas públicas.
A pesar de estos esfuerzos, si analizamos la evolución del gasto público durante este periodo, se observa que el gasto pasó de US$11,374 millones en 2012 a US$24,283 millones en 2024, representando un aumento de 113.5%, o 2.13 veces, en 13 años, evidenciando que estas medidas de austeridad de las finanzas públicas no representan un control relevante sobre la expansión cada vez mayor del gasto. Es relevante destacar que las medidas adoptadas no han estado dirigidas a los rubros que realmente impactan, por su importancia, a la estructura del gasto público de República Dominicana. En otras palabras, no han sido medidas, en términos de resultados, dirigidas a lograr una reducción o contención del crecimiento del gasto para evitar el crecimiento de los déficits y del endeudamiento.
En consecuencia, resulta de importancia tomar medidas que permitan reducir el gasto en las partidas que impactan, por su relevancia, las finanzas públicas. El crecimiento del gasto amerita un esfuerzo mayor que la actual ley de responsabilidad fiscal. Entre las políticas que podrían adoptarse se encuentra la revisión de la estructura del organigrama estatal, la reducción del gasto de los ministerios en nómina y otros gastos que impactan el presupuesto general del Estado, la transformación de las distribuidoras de electricidad en entidades rentables, y cualesquiera otras medidas destinadas a ahorrar recursos de los contribuyentes y a concentrar esfuerzos de las autoridades en la eficiencia administrativa.
Vistas Totales 1,976 , Vistas Hoy 10